El magistrado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, rechazó la presentación oficial tras advertir que el procurador del Tesoro carecía de matrícula profesional y, además, incurría en una incompatibilidad legal manifiesta. El revés obliga al Poder Ejecutivo a reestructurar su representación en una causa que la CGT impulsa con impulso creciente.
En el intrincado mapa del derecho procesal, donde cada pliego y cada firma cuentan con el peso de una norma, el Gobierno nacional sufrió un traspié mayúsculo que expuso las fragilidades de su propia estrategia judicial. Lo que debía ser un intento firme por sostener la reforma laboral en los estrados terminó convertido en una lección práctica sobre los riesgos de omitir los requisitos más básicos del litigio. El juez Raúl Horacio Ojeda, al frente del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, no solo desestimó el planteo oficial: antepuso un espejo a los representantes del Estado y les señaló, sin rodeos, un error de manual que ni siquiera permitió que el expediente alcanzara el fondo del asunto.
La resolución judicial llegó en un momento particularmente sensible. En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) avanzaba con su embate contra la normativa laboral impulsada por el Gobierno, mientras el Ejecutivo intentaba saltar instancias y llevar la controversia directamente ante la Corte Suprema mediante la figura del per saltum. Pero el expediente de primera instancia siguió su cauce natural y, antes de cualquier discusión de fondo, topó con un obstáculo insalvable: la legitimidad misma de quien pretendía representar al Estado.
Ojeda, con la pulcritud que exige la técnica jurídica, decidió no adentrarse en los argumentos sobre la reforma. Su freno fue anterior, más primitivo en la escala procesal. No se trataba de interpretar una ley controvertida ni de ponderar derechos en pugna. Era, en esencia, verificar si quien se presentaba ante el tribunal estaba habilitado para hacerlo. Y allí, en ese peldaño inicial, la defensa oficial se derrumbó.
El núcleo del fallo resulta casi desconcertante por su elementalidad: el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, intentó ejercer como abogado del Estado sin contar con la matrícula profesional habilitante. Esa irregularidad ya había sido advertida en una audiencia previa, pero el magistrado la convirtió ahora en el eje central de su decisión. Lejos de contentarse con esa observación, Ojeda profundizó el análisis y recordó lo que dispone la ley 23.187: ciertos funcionarios, por el solo hecho de ocupar sus cargos, enfrentan incompatibilidades expresas para actuar como letrados en causas como esta. El propio procurador del Tesoro se encuentra entre ellos. De este modo, incluso si Amerio hubiera estado matriculado —que no lo estaba—, igualmente le habría estado vedada la representación.
El juez no se detuvo allí. A partir de esa doble objeción —falta de matrícula e incompatibilidad normativa—, desplegó un conjunto de decisiones de efectos concretos y fulminantes. Excluyó a Amerio de toda representación del Estado en la causa, extendió la incompatibilidad a los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, ordenó a la apoderada estatal que cesara de presentar escritos bajo el patrocinio de aquellos funcionarios y dispuso, además, que se notificara la situación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La frase que resume el espíritu del fallo —“no tiene matrícula”— resuena como un latigazo seco. No es un detalle administrativo menor: es el pilar que sostiene el rechazo a la presentación gubernamental y la constatación de un yerro primario en la estrategia judicial del Ejecutivo.
Mientras el papel sellado del juzgado recorría los pasillos del poder, desde la Casa Rosada salieron rápidamente a defender a Amerio y a cuestionar la decisión. Su círculo más cercano sostuvo que el planteo del magistrado era incorrecto e invocó un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1997 como supuesto respaldo para la intervención del procurador. Sin embargo, la contundencia del fallo no admitió matices en el corto plazo: el Gobierno ya no cuenta con esa representación en una causa que la CGT considera estratégica y deberá, a las apuradas, rearmar su defensa desde sus cimientos.
En medio de una estrategia oficial que busca comprimir los plazos judiciales y escalar el conflicto hacia las altas esferas del máximo tribunal, la discusión sobre el fondo de la reforma laboral quedó momentáneamente en suspenso. No por la complejidad de los argumentos en pugna, sino por un requisito elemental que el juez Raúl Horacio Ojeda se negó a pasar por alto. El revés, más que una derrota en el mérito, es una herida en la forma: un recordatorio incómodo de que, en el derecho, hasta el más poderoso de los litigantes está obligado a respetar las reglas más simples del juego.
