El máximo sindical apuró el pedido de nulidad tras señalar una maniobra judicial que incluyó a dos jueces incompetentes y una rápida recompensa oficial a uno de ellos. Víctor Pesino, quien firmó el fallo polémico, logró extender su permanencia en el cargo gracias a una movida del Ejecutivo, y en su defensa calificó las acusaciones como «meras conjeturas».
En un nuevo capítulo de la tensión entre el poder sindical y el oficialismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitó formalmente la anulación del fallo que reinstauró los efectos de la denominada Ley de Modernización Laboral, un instrumento que, a juicio de la central obrera, cercena conquistas históricas de los empleados y otorga ventajas desmedidas a los empleadores. El reclamo de la organización gremial no se limitó al contenido lesivo de la norma, sino que apuntó directamente a las presuntas irregularidades procesales que rodearon la decisión judicial.
Un aspecto central de la denuncia sindical gira en torno a lo que consideran una burda manipulación de las reglas de competencia judicial, una práctica conocida en el ámbito forense como forum shopping. Según la CGT, la estrategia del Gobierno incluyó la intervención de dos magistrados que carecían de la potestad para entender en la causa, vulnerando así las garantías elementales del debido proceso. Pero la acusación más grave apunta a una supuesta transacción encubierta: el juez Víctor Arturo Pesino, uno de los firmantes de la resolución que dejó sin efecto la cautelar que frenaba la reforma, habría recibido una compensación directa por parte del Ejecutivo casi de manera inmediata después de rubricar su voto.
La denuncia precisa que la Casa Rosada impulsó con celeridad un trámite para que Pesino pudiera permanecer en su cargo más allá del límite etario de setenta y cinco años, un beneficio que no es automático y que requiere una decisión política explícita. Para la CGT, esta secuencia de hechos no es una casualidad, sino la evidencia de un pacto espurio: el fallo favorable a los intereses oficialistas a cambio de la extensión de la carrera judicial del magistrado. El propio Pesino, al tomar conocimiento de las acusaciones vertidas en el expediente, salió al cruce de las imputaciones y rechazó cualquier tipo de vinculación espuria. En un escrito presentado ante la Cámara, el juez calificó la relación que trazaba la central obrera entre su sentencia y la posterior movida gubernamental como una «mera hipótesis infundada», insistiendo en que su decisión se sustentó exclusivamente en argumentos técnicos y jurídicos, al margen de toda presión o expectativa de retribución.
El origen de esta controversia se remonta a la semana anterior, cuando la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, integrada por los camaristas María Dora González y el mencionado Víctor Pesino, decidió suspender la medida cautelar que había sido dictada por el juez Raúl Ojeda. Aquella cautelar original había logrado paralizar ochenta y dos artículos de la cuestionada Ley de Modernización Laboral, ofreciendo así un respiro a las organizaciones sindicales que veían en esa normativa un claro retroceso en materia de indemnizaciones, período de prueba y regulación de las condiciones de trabajo. La rápida acción de Pesino y su colega para revertir esa protección cautelar fue interpretada por la CGT como una maniobra destinada a favorecer al Gobierno, permitiendo que los artículos más lesivos de la ley recuperaran su vigencia de manera fulminante.
Desde el sindicalismo se subraya la premura con la que actuó el magistrado para dictar su fallo, un apuro que contrastaría con la complejidad y la trascendencia de las cuestiones en juego. Apenas unas horas después de aquella resolución, el Ejecutivo habría movido los hilos necesarios para iniciar el trámite que terminaría garantizando la continuidad de Pesino en la judicatura. Este encadenamiento de sucesos es, para la CGT, la prueba del «juez amigo» que el Gobierno habría colocado estratégicamente para desactivar cualquier obstáculo judicial a sus planes de flexibilización laboral. La central obrera, en su presentación, exige que se declare la nulidad de todo lo actuado y que se restablezca la vigencia de la cautelar dictada por Ojeda, al tiempo que no descarta elevar las actuaciones a instancias superiores, incluidos tribunales internacionales de derechos humanos, si persiste lo que consideran un caso flagrante de desviación de poder y corrupción judicial encubierta. La batalla legal, por lo tanto, recién comienza, y anticipa un nuevo escenario de confrontación política y sindical en un clima social ya de por sí tensionado.
