Bajo la consigna de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, estudiantes, docentes y no docentes se movilizarán este martes en una jornada de lucha que promete ser histórica, mientras la Casa Rosada insiste en su política de asfixia presupuestaria y la Corte Suprema se erige como árbitro final de un conflicto que ya lleva más de doscientos días sin resolución.
En cada rincón del territorio nacional, desde la Quiaca hasta Ushuaia, los conglomerados educativos se preparan para inundar las arterias urbanas con una marea de reclamos que, lejos de diluirse con el paso del tiempo, se han ido intensificando hasta convertirse en un estruendo casi insoportable para un oficialismo que parece decidido a no escuchar. La convocatoria, que tendrá su corazón palpitante en la emblemática Plaza de Mayo a partir de las diecisiete horas, reunirá a gremialistas, autoridades universitarias, académicos y jóvenes que, unidos por una misma preocupación, alzarán sus voces contra lo que califican como el plan sistemático de desmantelamiento de la casa de estudios más preciada de la nación.
Las cifras resultan escalofriantes y constituyen el combustible que alimenta esta rebelión pacífica. Casi sesenta instituciones de nivel superior distribuidas a lo largo y ancho del país atraviesan lo que sus protagonistas definen como las horas más sombrías desde el retorno democrático. Dos millones de almas conforman esa comunidad académica que hoy se siente acorralada por una administración que, lejos de comprender el valor estratégico de la formación pública, parece empeñada en demostrar que el ajuste fiscal no conoce límites ni contempla excepciones. El panorama se vuelve aún más desolador cuando se analiza la situación de los propios educadores: se calcula que ocho de cada diez catedráticos perciben haberes por debajo del umbral que separa la pobreza de la mera supervivencia, y ya son diez mil los profesionales que han abandonado las aulas, hartos de una situación que concilia mal con la dignidad que merece su noble oficio.
La madeja judicial ha agregado un nudo adicional a este conflicto que parece no tener fin. La estratagema del Poder Judicial, al transferir a la Corte Suprema la decisión definitiva acerca de la aplicabilidad de la norma que garantiza el financiamiento del sistema universitario, amenaza con prolongar aún más la agonía de una ley que lleva más de doscientos días esperando su cumplimiento efectivo. Se trata de una maniobra dilatoria que el oficialismo ha sabido explotar con maestría, utilizando todas las herramientas legales a su alcance para postergar una realidad que, de aplicarse la normativa tal como fue sancionada por el Congreso en dos oportunidades sucesivas, implicaría un giro copernicano en la política educativa actual.
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Clara Chevallier, no oculta su indignación al referirse a las tácticas gubernamentales. La dirigente sindical sostiene que el Ejecutivo, sintiéndose acorralado por sus propias contradicciones, ha recurrido a intentos desesperados por bloquear judicialmente una ley que nació del debate democrático y recibió la sanción parlamentaria en dos ocasiones distintas. Chevallier enfatiza que el movimiento sindical jamás ha perdido de vista que el escenario principal de la contienda no son los tribunales, sino la acción colectiva en las calles, y por eso confía en que la jornada del martes será multitudinaria, sirviendo no solo para proteger a la universidad pública sino también para canalizar todas esas frustraciones que los argentinos viven en la intimidad de sus hogares, esas tristezas que encuentran en la gestión de Javier Milei una explicación cotidiana. La dirigente lanza un pronóstico cargado de esperanza militante: espera que el doce de mayo sea recordado como el principio del ocaso para este gobierno.
Desde la costa atlántica, Abril Miranda, secretaria general de la Federación Universitaria de Mar del Plata y referente indiscutida del movimiento estudiantil, aporta su diagnóstico sobre la crisis. La joven líder reconoce que existe una transferencia directa del ajuste económico hacia las arcas de las universidades estatales, lo que genera enormes dificultades para garantizar el funcionamiento más elemental de esas instituciones. Relata con crudeza la realidad que viven los estudiantes, sumergidos en una situación de pluriempleo que los obliga, al igual que a sus profesores, a sostener dos o más trabajos para poder subsistir mientras intentan completar su formación. Cada jornada, advierte, son más los jóvenes que desertan de las aulas, vencidos por la imposibilidad de costear el transporte, los materiales bibliográficos y otros gastos indispensables para el aprendizaje. Miranda sostiene que la universidad pública se mantiene hoy en pie gracias a la voluntad inquebrantable de su comunidad, y defiende la necesidad de resguardar la ley como el único modo de garantizar la educación superior para millones de personas que ven en ella el camino hacia la movilidad social ascendente y la construcción de un porvenir digno.
En medio de este escenario turbulento, emergen dos convicciones que funcionan como faros en la niebla. La primera, que a este gobierno le resulta indiferente el principio republicano de división de poderes y que no dudará en emplear cualquier herramienta, legal o política, con tal de eludir las obligaciones que le corresponden respecto al sistema universitario. La segunda, que esa misma tozudez y torpeza oficialista está generando un desgaste significativo en la imagen gubernamental. Vale recordar que durante la actual gestión libertaria, las movilizaciones universitarias de carácter federal se han erigido como las protestas más concurridas y han configurado el más amplio espectáculo de resistencia ciudadana y transversalidad ideológica, logrando amalgamar en un mismo anhelo a estudiantes, trabajadores y al conjunto de la sociedad civil.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, llama a que la manifestación del doce de mayo sea contundente como nunca antes. Visualiza a un país entero recordándole al primer mandatario por qué resulta ineludible cumplir con la ley, por qué la educación constituye un pilar fundamental de la nación, por qué es menester defender aquello que históricamente le ha hecho bien a la Argentina. En sintonía, Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, revela que junto a su par de la Universidad Nacional de Río Negro han realizado una conferencia de prensa conjunta para convocar a la movilización. Sostiene que sobran argumentos para seguir protegiendo a la universidad, al entramado científico y al desarrollo tecnológico nacional. Denuncia que el gobierno incumple la ley de financiamiento y que, al hacerlo, transmite un mensaje nefasto a la ciudadanía. Espera una respuesta masiva, al menos tan grande como la de la primera gran marcha, y extiende un llamado a toda la Patagonia para que vuelva a levantarse y ocupar las calles, consciente del rol trascendental que las universidades cumplen en esa región.
A contramano de los designios oficiales, la universidad pública no puede ni debe transformarse en un privilegio reservado para unos pocos, sino que debe perseverar como un derecho universal. Para que ello ocurra, el Estado está en la obligación de garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de esas instituciones. Y si el gobierno de turno no asume esa responsabilidad, la ciudadanía se encargará de recordárselo cuantas veces resulte necesario. Miranda, que también milita en la agrupación Estudiantes Evita, profundiza en esta idea al afirmar que lo que realmente está en discusión es si la universidad pública seguirá siendo un derecho para todos o si, por el contrario, se transmutará en un privilegio elitista. Aclara que las universidades no cerrarán sus puertas de manera permanente, pero advierte que el objetivo de esta administración es construir un modelo restrictivo en el cual el acceso a la educación superior deje de ser una responsabilidad estatal.
El intrincado caso de la ley de financiamiento, que establecía la recomposición salarial de los trabajadores, los gastos operativos, las becas estudiantiles y otras partidas esenciales, sumó esta semana un nuevo y enrevesado capítulo. Sancionada en dos ocasiones por el Congreso y vetada otras tantas por el presidente, la norma conservó su vigencia luego de que el propio parlamento rechazara el veto en una decisión sin precedentes históricos. Sin embargo, el gobierno mantiene una política de ajuste inflexible en materia de educación superior y decidió llevar la disputa al terreno judicial. El último episodio de este laberinto kafkiano ocurrió cuando la Sala Tercera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra el fallo que había confirmado una medida cautelar a favor del Consejo Interuniversitario Nacional. En términos llanos, los efectos de esa resolución frenaron la implementación de la ley y ahora serán los ministros de la Corte quienes deberán resolver el destino de las universidades argentinas: ya sea permitiendo su supervivencia mediante el acatamiento de la norma y todo lo que ella implica, ya sea condenándolas a un funcionamiento interrumpido de manera indefinida.
La estrategia oficial nunca varió: demorar el cumplimiento de la ley el mayor tiempo posible. Pero el contexto se le ha ido desplazando al oficialismo de manera adversa. Aquella consigna triunfalista de los inicios de gestión que proclamaba «No hay plata» ha ido perdiendo terreno frente a un malestar económico creciente y a escándalos de corrupción que demostraron, con evidencia incontrovertible, que sí había recursos, pero reservados exclusivamente para los funcionarios del propio elenco gubernamental. Paralelamente, la Subsecretaría de Políticas Universitarias ultima los detalles de su propio proyecto de ley de financiamiento, un texto que apenas reconoce un retroceso salarial del orden del doce por ciento durante el período 2023-2026 y que prevé saldarlo en cuotas para los trabajadores del sistema universitario nacional. Con la inflación galopante, esa propuesta resulta, cuando menos, ofensiva.
Para añadir más preocupación al contexto, reaparece y se generaliza un fenómeno que se creía desterrado: las amenazas de bomba y de muerte contra diferentes casas de altos estudios. Algunas instituciones, como las universidades nacionales de Quilmes, Luján y del Comahue, debieron suspender sus actividades de manera temporal a raíz de provocaciones que ponían en serio peligro a toda su comunidad educativa.
Los últimos días han sido particularmente tensos para las universidades nacionales, como si la proximidad de la marcha del doce de mayo fuera avivando las fricciones entre las autoridades gubernamentales y las académicas. Mientras la Universidad de Buenos Aires denunció que el Ejecutivo no transfirió los recursos destinados a insumos, mantenimiento y equipamiento de sus hospitales escuela, la cartera de Capital Humano afirmó estar al día con las transferencias y acusó a la UBA de pretender quedarse con la totalidad de los fondos que corresponden al conjunto de los hospitales universitarios del país. Los números son tozudos: el presupuesto global para estas dependencias sanitarias asciende a ciento catorce mil millones de pesos para el ejercicio 2026, pero en lo que va del año solo se ha ejecutado un diez por ciento de esa cifra, es decir, poco más de diez mil millones. En consecuencia, la realidad de setecientos mil pacientes que transitan anualmente por esos establecimientos queda suspendida en un limbo angustiante.
El episodio de los hospitales constituye una muestra sensible de lo que ocurre a nivel general. El más reciente informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación junto a la Federación de Docentes de las Universidades señala que los salarios de los trabajadores del sector han experimentado una caída real del treinta y tres coma siete por ciento en los últimos veintinueve meses, acumulando diecisiete descensos consecutivos. Para regresar al nivel adquisitivo que ostentaban en noviembre de 2023 y recuperar todo lo perdido en ese lapso, los haberes deberían incrementarse en un cincuenta por ciento.
Frente a este panorama desolador y con los antecedentes acumulados, la brecha entre lo que se necesita y lo que el gobierno está dispuesto a conceder parece insalvable. Lo parece, es cierto. Pero como enseñó alguna vez un maestro muy citado en estos días de lucha, el pesimismo que aporta la inteligencia debe ir siempre acompañado del optimismo que nace de la voluntad. Y no existe en este país un espacio donde confluyan con mayor fuerza la inteligencia y la voluntad que en la universidad pública argentina. Por eso, este martes, todas las plazas del país se preparan para estallar.
