El rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, sentó posición de cara a la jornada de protesta de este martes, cuando docentes, estudiantes, familiares, sindicatos y organizaciones sociales protagonizarán la cuarta marcha federal en demanda de que el gobierno de Javier Milei acate la Ley de Financiamiento para las casas de altos estudios estatales. Habrá concentraciones en todo el territorio argentino, mientras que en el microcentro porteño se desarrollará un acto emblemático en la histórica Plaza de Mayo.
La noción de crisis resulta insuficiente para retratar la situación a la que la administración libertaria ha llevado a las instituciones públicas de educación superior. Bajo el pretexto de reducir el rojo fiscal, el mandatario ha venido recortando sistemáticamente los recursos destinados al conjunto de las universidades nacionales: las partidas experimentaron una merma del 45,6 por ciento. “Eso significa que en cada aspecto de la vida académica y científica nos desenvolvemos con la mitad de nuestra potencialidad”, expresó Bartolacci. Un día antes de la convocatoria, el oficialismo comunicó recortes aún más profundos.
El rector detalló que la cuestión más acuciante consiste en recomponer los haberes del personal académico y administrativo, cuya pérdida del poder adquisitivo supera el 50 por ciento. A modo ilustrativo, señaló que cerca del 70 por ciento de los trabajadores de la educación superior perciben una remuneración mensual inferior a los 650.000 pesos. En contraste, la Canasta Básica Total para una familia tipo asciende a 1.430.000 pesos, según las mediciones del Indec. Este escenario ha provocado una fuga de profesores, y quienes optan por permanecer terminan forzados a acumular múltiples empleos.
El cuadro desolador trasciende al colectivo docente: las becas estudiantiles Progresar permanecen congeladas en 35 mil pesos, los hospitales escuela advierten que se hallan al borde del colapso funcional, y la mayoría de las actividades de investigación se encuentran detenidas por la carencia de partidas operativas.
Ante los reclamos, el gobierno intensificó su postura. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respondió al reciente requerimiento de fondos para los nosocomios dependientes de universidades acusando a las autoridades de la UBA de promover una “extorsión política”. Tal como ha ocurrido con otros sectores castigados por el ajuste, el poder ejecutivo intenta instalar la idea de que el conflicto responde a una falta de transparencia en la administración del gasto.
Tejiendo descontentos
“La puja es abiertamente política, y por eso la movilización del 12 de mayo cobra una relevancia superlativa. Saldremos a las calles a resguardar la universidad, pero también la democracia en un clima atravesado por múltiples malestares sociales”, afirmó a este diario Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios.
“Nos cabe una responsabilidad mayúscula: intentar construir una manifestación que esté a la altura de las urgencias de nuestro pueblo. Será una ocasión propicia para articular muchos de los enojos, y por eso las plazas del país desbordarán”, anticipó.
La jornada de protesta fue convocada por los tres sectores que integran la comunidad universitaria: el Consejo Interuniversitario Nacional (que agrupa a los rectores), las federaciones gremiales docentes y no docentes, y las federaciones estudiantiles. A ellos se sumarán otras centrales obreras como la CGT y las dos CTA, trabajadores de organismos científicos como el Conicet, las agrupaciones de derechos humanos, la militancia peronista y las fuerzas de izquierda.
En el escenario de la plaza
El acto central está previsto para las 17 horas en Plaza de Mayo, aunque las concentraciones arrancarán desde las 14, y en el caso de los estudiantes secundarios incluso antes. En la plaza Houssay se encontrará el punto de reunión de gremios como AGDUBA y ADUBA. En la Facultad de Derecho de la UBA habrá una convocatoria en sus escalinatas desde el mediodía. La Facultad de Ciencias Sociales reunirá a sus adherentes en la sede de Santiago del Estero 1029, mientras que frente al Congreso de la Nación se agruparán diversas columnas de sindicatos y organizaciones sociales. La CGT citó en Diagonal Sur y Bolívar. A partir de las 15, las columnas comenzarán el desplazamiento hacia el escenario principal de la protesta.
Allí, según lo programado, se desarrollará un acto con oradores y se dará lectura a un documento elaborado en forma conjunta por los convocantes.
La Ley de Financiamiento
Lo que en diciembre de 2023 comenzó como una medida de austeridad técnica —la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior— se ha convertido en la mayor disputa política y social que enfrenta la gestión de Milei. El conflicto estalló durante el primer trimestre de 2024. Con una inflación desbocada, el Ejecutivo decidió mantener las partidas de 2023, lo que en los hechos implicó un recorte gigantesco. Las imágenes de facultades de la UBA a oscuras para ahorrar energía dieron la vuelta al mundo y desembocaron en la histórica Marcha Federal del 23 de abril de 2024, que forzó al gobierno a girar fondos mínimos para los gastos de operación. Sin embargo, nunca recompuso los salarios.
Meses más tarde, la comunidad universitaria logró que el Congreso sancionara una ley para actualizar las partidas por inflación, pero Milei la vetó esgrimiendo la defensa del “déficit cero”. Al año siguiente, en 2025, el Parlamento redobló la apuesta y aprobó la Ley 27.795, que destinaba recursos específicos a las universidades. El mandatario la vetó nuevamente, pero el Congreso consiguió los votos necesarios para insistir y dejar firme la norma pese a la oposición del Poder Ejecutivo.
Esa victoria legislativa no significó el fin del conflicto. El gobierno se negó a aplicar la ley, y la comunidad universitaria debió recurrir a la Justicia. En diciembre de 2025, un fallo judicial ordenó al Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pero la Casa Rosada apeló hasta llegar a la Corte Suprema, donde actualmente el asunto aguarda una resolución definitiva.
“Hicimos innumerables gestiones ante las autoridades y no logramos conmoverlas”, repasó Bartolacci. “Acudimos dos años al Congreso, que es el ámbito que corresponde en materia presupuestaria. Conseguimos que se aprobara una ley de financiamiento y que se mantuviera incluso después de los comicios del año pasado, con una nueva composición parlamentaria; tampoco eso conmovió al Ejecutivo. Fuimos, como era debido, a la justicia para exigir el cumplimiento de la norma y obtuvimos sentencias favorables, pero seguimos sin conmoverlos. Por eso resulta tan crucial que la sociedad en su conjunto se movilice, más allá del ámbito universitario, científico, político o social. Hay que llenar las plazas y las calles de la patria”.
