El oficialismo ejecutó una nueva poda presupuestaria que afecta de manera directa a organismos clave como el Conicet y a la infraestructura universitaria, en un momento en que miles de personas se preparan para salir a las calles en defensa del derecho a estudiar. La UNRN llevó el conflicto ante Naciones Unidas mientras los especialistas advierten sobre un plan sistemático de desmantelamiento.
En vísperas de una nueva jornada de protesta que promete congregar a multitudes en todo el territorio nacional, el gobierno decidió tensar aún más la cuerda y profundizar las tijeras sobre el sistema de educación superior y el entramado científico del país. Cuando los rectores, académicos, investigadores y estudiantes ultimaban los preparativos para la cuarta movilización universitaria programada para este martes, el Poder Ejecutivo comunicó una serie de ajustes que golpean de lleno al Conicet —con una reducción de tres mil millones de pesos— y recortan cinco mil millones destinados originalmente a la mejora de infraestructura en distintas casas de altos estudios nacionales. La administración libertaria, fiel a su estilo confrontativo, eligió un momento quirúrgico para difundir la medida: justo cuando millones de ciudadanos ultimaban detalles para reclamar en las calles el derecho a formarse y desarrollarse en el país. La excusa esgrimida desde el palacio gubernamental resultó monocorde y previsible: sostener a cualquier costo el anhelado déficit cero. Ante este panorama de asfixia financiera, la Universidad Nacional de Río Negro decidió elevar el tono del conflicto a la esfera internacional y formalizó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de alertar sobre el acelerado deterioro del sistema universitario argentino y solicitar una intervención externa que frene lo que consideran un atropello sistemático.
El físico Jorge Aliaga, quien se desempeña como secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, describió con lujo de detalles la naturaleza de los recortes. En declaraciones periodísticas, el académico explicó que la medida surge como una consecuencia directa de la merma en la recaudación estatal y que la meta gubernamental es clara: impedir que los organismos públicos ejecuten gastos para evitar cualquier indicio de desequilibrio fiscal. Advirtió, sin vueltas, que esta decisión repercutirá con mayor crudeza en el normal desenvolvimiento del sistema educativo y científico nacional. El especialista señaló que la modificación presupuestaria publicada en el Boletín Oficial incrementa partidas para la ANSES y para el servicio de la deuda externa, pero en la abrumadora mayoría de las carteras —especialmente en salud, educación, ciencia, obra pública y vialidad— los ajustes resultan de una magnitud alarmante.
Los convocantes de la cuarta marcha universitaria anticiparon que la protesta de este martes, que exigirá el cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, podría incluso superar en número de asistentes a las manifestaciones anteriores. Fiel a su impronta de confrontación permanente, el oficialismo —que busca recomponer su deteriorada imagen pública tras los repetidos escándalos de corrupción que salpicaron a varios de sus funcionarios— decidió redoblar la apuesta y castigar con renovado ímpetu a la educación y la ciencia, dos áreas que ya acumulaban magras en este ciclo de gobierno. La gestión de Javier Milei, junto a su portavoz y sus principales figuras, pareció subirle deliberadamente el volumen al conflicto social como una exhibición de fuerza antes de la masiva respuesta ciudadana que se avecina.
El bioinformático Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, interpretó los movimientos oficiales como una provocación deliberada y un ataque direccionado con intencionalidad política. El científico sostuvo que no alberga dudas acerca de la existencia de un plan de destrucción del sistema científico y universitario, una hoja de ruta que busca generar un agotamiento progresivo y un desangramiento institucional. Quiroga advirtió que esa estrategia está dando resultados parciales porque se multiplican las renuncias por goteo: a diario, un investigador abandona el Conicet o un profesor universitario deja vacía su aula, emigrando hacia otros horizontes que ofrezcan mayores garantías y estímulos.
Por su parte, Roberto Salvarezza —quien preside la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y fue ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación durante una gestión anterior— lanzó una advertencia contundente. Afirmó que la administración libertaria continúa ahondando el estrangulamiento del sector científico tecnológico y que el recorte acumulado lleva a una reducción de la función ciencia y técnica que ronda el cincuenta por ciento en términos reales si se compara con el presupuesto ejecutado en 2023. El científico agregó un dato aún más desolador: la proyección para 2026 ubica el gasto en ciencia por debajo del 0,15 por ciento del Producto Bruto Interno, una cifra que perfora todos los mínimos históricos registrados en el país desde que se llevan estadísticas confiables.
En el ámbito educativo, la famosa motosierra volvió a aplicarse sin que sus ejecutores midieran las consecuencias de largo plazo. Aliaga detalló que la Secretaría de Educación sufrió un recorte de setenta y ocho mil millones de pesos, mientras que las partidas destinadas a obra pública dentro de las universidades nacionales también fueron mutiladas: de los nueve mil millones que figuraban en el presupuesto original, solo quedarán disponibles cuatro mil millones. Este último ajuste, explicó el académico, guarda relación directa con un crédito internacional otorgado años atrás por la Corporación Andina de Fomento, entidad que se había comprometido a respaldar al gobierno argentino en el financiamiento de infraestructura universitaria en diversas provincias. Según lo previsto por las nuevas disposiciones oficiales, el Ejecutivo nacional no solicitará nuevos desembolsos a dicha entidad crediticia, congelando de hecho los proyectos en marcha.
Las instituciones damnificadas por la suspensión de las transferencias para inversiones en infraestructura conforman una lista extensa y representativa de todas las regiones del país: la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional José Clemente Paz y la Universidad de Rafaela. Todas ellas verán paralizadas obras que en muchos casos ya se encontraban en ejecución.
Más allá de los achiques presupuestarios en vialidad —que rondan los cien mil millones de pesos— y en salud —con una poda de sesenta y tres mil millones—, los analistas destacaron la crueldad de los ajustes aplicados sobre los diversos organismos que integran el sistema científico y técnico nacional. El Conicet deberá operar con tres mil millones de pesos menos, lo que equivale aproximadamente a un diez por ciento de las partidas destinadas a su funcionamiento cotidiano. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, por su parte, sufrió una reducción total de ochocientos cincuenta millones de pesos. Las consecuencias de esta poda se sentirán en rubros muy diversos: habrá menos recursos para adquirir equipos de computación, para sostener becas de investigación orientadas a la formación de recursos humanos y también para llevar adelante tareas de divulgación y comunicación científica, actividades esenciales para acercar el conocimiento a la sociedad.
Un informe reciente elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación junto a la Federación de Docentes de las Universidades arrojó una estadística escalofriante: los salarios de los trabajadores universitarios experimentaron una caída real del 33,7 por ciento en los últimos veintinueve meses y acumularon su decimoséptimo mes consecutivo de pérdida de poder adquisitivo. Para que esos ingresos recuperen el nivel que ostentaban en noviembre de 2023 —es decir, antes de la asunción de la actual administración— y logren recomponer lo perdido en este lapso, sería necesario un incremento del cincuenta por ciento. Una cifra que nadie en el oficialismo contempla siquiera discutir.
El investigador Quiroga reflexionó con amargura acerca de las prioridades gubernamentales: señaló que la comunidad universitaria y científica no puede salvarse por sí sola y que se requieren acciones colectivas urgentes. Denunció la hipocresía de un discurso oficial que pregona la falta de recursos para los universitarios mientras al mismo tiempo encuentra dinero para reducir impuestos a los automóviles de lujo. Recordó que el gobierno se resiste sistemáticamente a aplicar la Ley de financiamiento universitario y que ha llevado su obstinación hasta las últimas instancias judiciales. Gracias a un recurso presentado por el propio Poder Ejecutivo, ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá definir si la norma —que garantiza salarios dignos y la cobertura de gastos operativos adecuados para mantener las casas de estudio abiertas— entra o no en vigencia. Un fallo que podría demorarse meses mientras las universidades continúan desangrándose.
La asfixia ejecutada por el oficialismo no se detiene en los recortes ya enumerados para universidades y Conicet. También hay ensañamiento con aquellos sectores que el propio gobierno, en sus discursos públicos, suele calificar como estratégicos para el desarrollo nacional. Aliaga reveló que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales vio paralizados fondos por más de cuatro mil millones de pesos destinados a la fabricación del lanzador propio Tronador, así como para avanzar en proyectos satelitales clave como el Saocom II o la serie de satélites SARE. Se trata de misiones de alta complejidad tecnológica cuyo desarrollo quedará severamente afectado. Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía Atómica sufrió un ajuste de veinte mil millones de pesos.
Estas dos decisiones del gobierno libertario encierran una contradicción mayúscula que no escapa a los observadores más atentos. Mientras por un lado se celebran los logros de la ciencia argentina —como la reciente participación nacional en la misión Artemis II, que llevó astronautas de la NASA a volar en las cercanías de la Luna—, por el otro se desfinancia a la Conae, el organismo que hace posible esas proezas tecnológicas. Algo similar ocurre con la CNEA, considerada la institución madre de la energía nuclear en Argentina, una fuente que el propio Milei ponderó en numerosas ocasiones como la energía del futuro, indispensable para el desarrollo revolucionario de la inteligencia artificial en el país. Las promesas grandilocuentes chocan con la realidad de los números y los recortes.
Los ajustes se extienden como mancha de aceite: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria perderá cinco mil millones de pesos; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, dos mil millones; el Instituto Malbrán, algo más de mil millones; el Instituto Antártico Argentino, cuarenta y seis millones; y el Servicio Geológico Minero Argentino, doscientos sesenta y ocho millones. Salvarezza, con la autoridad que le confiere haber estado al frente de la cartera científica nacional, realizó una síntesis lapidaria: en el Conicet se recortan tres mil doscientos millones, de los cuales dos mil millones corresponden a becas, el programa que garantiza el futuro de la ciencia argentina; se asignan cinco mil millones menos para la Conae mientras los funcionarios se llenan la boca hablando de logros satelitales; se restan diecinueve mil millones a la CNEA en momentos donde desde el poder se hablaba de planes nucleares ambiciosos y reactores modulares. El exministro concluyó que se podrían seguir enumerando las acciones de un grupo de incompetentes que pregona un falso interés por la ciencia cuando en realidad persiguen metódicamente su destrucción.
El rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, formalizó una presentación ante la relatora especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed. En el extenso escrito, el académico denunció una situación de extrema gravedad institucional, social y humanitaria y sostuvo con firmeza que el ajuste aplicado sobre las universidades vulnera de manera flagrante el derecho a la educación superior en Argentina, un derecho que se encuentra protegido por tratados y convenciones internacionales de las que el país es signatario.
Este martes, el pueblo argentino está llamado a acompañar la cuarta marcha universitaria y a demostrarle al elenco gubernamental que el descontento social no hace más que crecer y expandirse. Si durante la campaña electoral Milei solía definirse a sí mismo como el topo que había venido a destruir al Estado desde adentro, hoy muchos comienzan a preguntarse si no será el propio gobierno el que alberga en sus filas a su propio topo destructor. Esa figura, ese agente infiltrado que sabotea sistemáticamente el futuro del país, tal vez tenga nombre y apellido. Tal vez se llame universidad pública, esa institución centenaria que forma profesionales, genera conocimiento y moviliza a millones de argentinos en defensa de un derecho que consideran innegociable.
