El dilema de un modelo agroexportador que bate récords: mayor concentración de la renta, desplazamiento de los pequeños productores y una población que ve cada vez más lejanos los alimentos básicos.
En medio de un contexto de festejos oficiales por los volúmenes de ventas externas más elevados de la historia reciente, millones de argentinos enfrentan una realidad cotidiana signada por la pérdida progresiva de su capacidad de compra. Mientras los puertos del país trabajan a pleno embarcando granos y carnes hacia los mercados internacionales, en los barrios populares y los hogares de clase media los platos se vacían y los productos elementales para una nutrición digna se convierten en artículos cada vez más inalcanzables.
Esta contradicción profunda entre el éxito exportador y el deterioro del acceso a los alimentos fue desmenuzada en una reciente investigación del estudioso Fernando Rizza, perteneciente al Centro de Estudios Agrarios y analista habitual del portal Nodal. En su trabajo, el especialista subraya que lo que para las corporaciones agroindustriales representa una cosecha dorada, para amplios sectores de la población se traduce en restricciones alimentarias severas.
Según detalla Rizza en su informe, durante los primeros cuatro meses de 2026 el complejo que abarca cereales y oleaginosas consolidó una campaña que quedará registrada en los anales del sector. La mejora de las condiciones climáticas, luego de una prolongada sequía que había diezmado la producción anterior, permitió un fuerte despegue en los rindes de maíz, trigo, cebada y girasol. Este fenómeno natural, sumado a políticas que favorecen decididamente la desregulación del mercado cambiario y la quita de retenciones, catapultó los embarques hacia destinos como China, el sudeste asiático y Europa.
Sin embargo, el investigador advierte que detrás de esos números récord se esconde un proceso de concentración económica cada vez más excluyente. Los principales beneficiarios de esta bonanza son un puñado de grandes pools de siembra, fondos de inversión y comercializadoras internacionales, mientras que los pequeños y medianos productores agropecuarios quedan al margen del reparto de las ganancias. La imposibilidad de competir con los costos de los gigantes del agro, la falta de acceso al crédito en condiciones favorables y la presión de los arrendamientos en dólares empujan a miles de familias del campo a abandonar su actividad histórica.
La contracara más cruel de este modelo se observa en la evolución del consumo interno. Rizza destaca que, paradójicamente, mientras más granos y carnes se destinan al exterior, la ingesta per cápita de alimentos esenciales en la Argentina se desplomó a pisos no vistos en los últimos cincuenta años. La carne vacuna, emblema de la dieta nacional, registró los niveles de consumo más bajos de su historia; el pollo y el cerdo, que solían funcionar como sustitutos más accesibles, también experimentaron una retracción marcada. Lo mismo ocurre con los derivados del trigo, la leche y las verduras: el bolsillo de los ciudadanos no alcanza para seguir el ritmo de los precios internacionales.
El especialista enfatiza que no se trata de una casualidad ni de un desajuste transitorio, sino de un fenómeno estructural vinculado a la orientación de las políticas públicas. La prioridad asignada a acumular divisas mediante el estímulo a las exportaciones, la ausencia de mecanismos de regulación que garanticen una oferta interna suficiente a precios razonables y la debilidad de los ingresos populares —golpeados por una inflación que no cede y por tarifazos en los servicios básicos— configuran un escenario donde el éxito de unos pocos se construye sobre el sacrificio de las mayorías.
Rizza concluye su análisis con una advertencia: mantener esta dinámica no solo profundiza la desigualdad, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la nación. La Argentina, históricamente reconocida como uno de los graneros del mundo, exhibe hoy la vergüenza de tener mesas vacías en medio de cosechas memorables. El interrogante que atraviesa el tejido social es si el país podrá algún día reconciliar su potencial productivo con el derecho de su pueblo a una alimentación plena y accesible, o si la lógica exportadora continuará imponiendo su ley de hierro: más divisas para las multinacionales, menos comida para los hogares argentinos.
