El Gobierno nacional dispuso una actualización tarifaria que regirá desde mayo hasta septiembre, con el objetivo de recomponer el atraso acumulado en el sistema ferroviario y reducir asimetrías con otras jurisdicciones del país.
En el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada semanas atrás —a raíz de una seguidilla de fallas operativas y una prolongada falta de inversiones en vías, señalamiento y material rodante—, el Ejecutivo nacional presentó una nueva estructura de costos para los servicios de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida busca corregir el rezago arancelario vigente desde septiembre de 2024 y atenuar las diferencias de precios frente a otras regiones, donde los boletos registran valores significativamente superiores.
El cronograma de ajustes para la red ferroviaria contempla cinco tramos consecutivos de subas: un primer incremento del 18 por ciento en mayo, seguido por alzas del 15 por ciento en junio, 13 por ciento en julio, 12 por ciento en agosto y un último aumento del 10 por ciento en septiembre. De esta manera, el boleto mínimo para los recorridos metropolitanos —que abarcan las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza— pasará de 280 a 330 pesos para la primera sección de viaje, siempre que el usuario disponga de la tarjeta SUBE debidamente registrada. Los beneficiarios de la Tarifa Social abonarán 148,50 pesos en ese mismo tramo.
Una distinción clave que introduce la normativa es el encarecimiento deliberado para quienes no hayan registrado su plástico. En esos casos, el pasaje costará el doble de la tarifa correspondiente a cada segmento. La medida más drástica alcanza al pago en efectivo: el boleto se fijó en 1.100 pesos, una cifra sensiblemente más elevada que el resto de las opciones, dentro de una estrategia oficial para forzar la nominalización de los usuarios y consolidar la base de datos del sistema SUBE.
Paralelamente, las líneas nacionales de colectivos que cruzan el límite entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia también experimentarán modificaciones periódicas. Para estos servicios, los valores se actualizarán el 26 de mayo, el 15 de junio, el 15 de julio y el 15 de agosto. En el primer escalón, los pasajes más cortos —de hasta tres kilómetros— pasarán a costar 714 pesos con SUBE registrada, mientras que el mismo trayecto para tarjetas no nominadas trepará a 1.428 pesos. A medida que aumenta la distancia recorrida, los montos se incrementan progresivamente, alcanzando un tope de 1.085,49 pesos para los tramos superiores a 27 kilómetros.
El impacto acumulado de los cinco meses será considerable. En trenes, la primera sección (de cero a doce kilómetros) pasará de 330 a 530 pesos entre mayo y septiembre, lo que representa un encarecimiento cercano al 61 por ciento. Para la segunda sección (doce a veinticuatro kilómetros), el boleto escalará de 429 a 689 pesos, mientras que la tercera franja —más de veinticuatro kilómetros— saltará de 528 a 848 pesos.
En el segmento de colectivos, la evolución también será notoria en períodos breves. Un viaje de entre seis y doce kilómetros, por ejemplo, valdrá 894,17 pesos en mayo y llegará a 1.002,80 pesos en julio. Los tramos más extensos (más de 27 kilómetros) se moverán desde 1.085,49 hasta 1.337,06 pesos en apenas dos meses, antes de completarse el resto de las actualizaciones previstas para agosto y septiembre.
Autoridades del sector justificaron la medida como un paso necesario para evitar el colapso financiero de las operadoras y garantizar la continuidad del servicio en un contexto de fuerte deterioro de la infraestructura. Sin embargo, organizaciones de defensa de los usuarios anticiparon que presentarán reclamos administrativos y judiciales, al considerar que la recomposición tarifaria impacta de lleno en el bolsillo de los sectores de menores ingresos, especialmente aquellos que residen en la periferia y dependen del transporte público para acceder a sus puestos de trabajo.
Desde el Ejecutivo, en tanto, insisten en que el esquema de subas escalonadas busca evitar un golpe único y repentino, y recuerdan que los titulares de Tarifa Social mantendrán un beneficio sustancial respecto del usuario pleno. La registración de la SUBE, añaden, es un requisito bajo el que se sostiene todo el andamiaje de subsidios: sin ese trámite, advierten, el Estado no puede distinguir entre residentes habituales y visitantes ocasionales, ni focalizar correctamente los recursos públicos.
Las nuevas grillas entrarán en vigencia a partir del 26 de mayo para los colectivos y en las primeras jornadas de ese mismo mes para los trenes, con revisiones programadas cada treinta días hasta completar el ciclo en septiembre. Mientras tanto, la discusión de fondo —la urgente necesidad de inversión en vías, coches y señalamiento— sigue abierta y sin plazos definidos, a pesar de la declaración de emergencia que motivó estos mismos aumentos.
