El gobernador bonaerense escenificó en Tornquist, con 4 grados de temperatura matinal, el impacto social y económico de la iniciativa del gobierno nacional que eliminaría los subsidios diferenciales. Más de un millón de usuarios de la provincia quedarían sin el beneficio, advirtió.
En una mañana helada de mayo, con el termómetro deteniéndose en los 4 grados centígrados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eligió la localidad de Tornquist como escenario para traducir en cifras concretas el impacto devastador que acarrearía la supresión del Régimen de Zonas Frías. Allí, con el aliento empañándose y el frío calando en los huesos, el mandatario expuso un panorama desolador: la medida que impulsa el Ejecutivo nacional bajo la conducción de Javier Milei podría, en ciertos casos, provocar un incremento tarifario capaz de duplicar el valor actual del gas en extensas regiones del territorio bonaerense.
Lejos de tratarse de una especulación técnica o un ejercicio abstracto de estadística, Kicillof apeló a una imagen vívida y cotidiana para graficar la crudeza de una decisión que, a su juicio, se encuentra completamente desvinculada de la realidad climática y social que atraviesa el país. “No se trata de un privilegio ni de una distorsión”, enfatizó el gobernador, al tiempo que defendió el esquema de subsidios como una herramienta esencial para reconocer y paliar las profundas desigualdades territoriales que caracterizan a la nación. Según desglosó en su alocución, la iniciativa oficialista dejaría sin tarifa diferencial a más de tres millones de hogares en todo el territorio argentino, y el embate directo sobre la provincia de Buenos Aires alcanzaría a más de un millón de usuarias y usuarios.
El mandatario provincial subrayó con insistencia que la existencia de la Zona Fría no responde a un capricho administrativo, sino a una necesidad imperiosa de equidad. En los últimos años, este régimen fue ampliado para incorporar regiones que, sin pertenecer a la Patagonia, soportan condiciones climáticas análogas durante los meses invernales, lugares donde encender la calefacción no constituye un lujo opcional sino una exigencia de supervivencia. “La tarifa está vinculada a las condiciones climáticas”, sentenció Kicillof, en un intento por reinstalar en el debate público la noción de que el precio que pagan los usuarios no es una mera abstracción económica, sino un reflejo de criterios de justicia distributiva frente a la dureza del entorno.
El gobernador fue aún más lejos al describir la situación como “sumamente compleja y preocupante”, y aprovechó su exposición para elevar un pedido explícito al Senado de la Nación: instó a la cámara alta a frenar una medida que, según la advertencia lanzada desde la provincia, podría desencadenar consecuencias inmediatas y devastadoras sobre el consumo doméstico, el poder adquisitivo de las familias y, en última instancia, sobre la calidad de vida de millones de hogares bonaerenses. El telón de fondo de esta confrontación política no es menor: se avecina un invierno que los analistas anticipan particularmente hostil, con aumentos generalizados en los servicios públicos y salarios que aún Forcejean rezagados detrás de la espiral inflacionaria. La pulseada por las tarifas, entonces, se perfila como una batalla central en la que el frío no da tregua y el bolsillo de los sectores más vulnerables ya no resiste más embates.
