La presentación judicial, impulsada por el gremio de profesionales del organismo, advierte que los fondos destinados por ley al mantenimiento de rutas fueron utilizados para especular con títulos públicos. El abandono de la red vial federal multiplica el riesgo de siniestros y profundiza un perjuicio patrimonial que, según los especialistas, demandará entre cuatro y diez veces más dinero para reconstruir lo que no se preservó.
En una presentación que conmueve los cimientos de la administración pública nacional, una denuncia penal radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 revela una intrincada operatoria de desvío de caudales en el seno de Vialidad Nacional. El escrito, al que accedió este diario, no sólo describe una maniobra de malversación de recursos públicos sino que dirige sus imputaciones directamente hacia los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la cúpula directiva del ente descentralizado.
La acción judicial fue impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, y en sus fundamentos se alerta sobre la comisión de delitos de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes a cargo de los funcionarios y el desvío de una cifra sideral: 400.000 millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Este tributo, de acuerdo con lo prescripto por la Ley 23.966, tiene una única finalidad legal ineludible: el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal. Sin embargo, la investigación sostiene que ese caudal fue redirigido hacia operaciones de especulación con títulos de la deuda pública, en lugar de destinarse a las rutas.
El texto judicial, obtenido por Página/12, describe un panorama desolador: la red troncal nacional se encuentra en estado de abandono como consecuencia directa de la ausencia de programas de inversión a corto y mediano plazo en infraestructura vial. El núcleo de la acusación reside en la retención indebida de partidas que poseen una asignación legal específica. Conforme a lo normado por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del impuesto a los combustibles líquidos debe transferirse de manera automática a un fideicomiso creado para la infraestructura del transporte terrestre en todo el territorio argentino: el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal.
No obstante, la denuncia detalla que desde el Palacio de Hacienda se retuvieron cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales recientes. Lejos de ingresar al circuito de obras y conservación, esas partidas habrían sido desviadas hacia la adquisición de instrumentos de financiamiento, como letras y bonos emitidos de manera sistemática para sostener las cuentas del Tesoro nacional. Como resultado directo de esta maniobra, el organismo vial arrastra una deuda interna equivalente al 90 por ciento de su presupuesto anual aprobado, lo que afecta “el funcionamiento operativo, técnico y patrimonial de la entidad”, según consigna el escrito elevado por el sindicato. Los profesionales del área advierten, además, que “esta parálisis administrativa induce una quiebra técnica”.
Los especialistas en ingeniería civil vial explicaron ante la justicia que cada unidad monetaria que se deja de invertir en tareas urgentes de conservación preventiva –como el mantenimiento de banquinas, el sellado de grietas o el bacheo asfáltico– demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir íntegramente la calzada una vez que el pavimento colapse. La presentación judicial subraya que ese diferencial representa un perjuicio patrimonial neto contra los bienes públicos. En un pasaje lapidario, la denuncia señala: “El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial) y financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional, desconociendo la aplicación de los mismos, pero con indicios graves y concordantes de que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación”.
El estado de las rutas no es una mera cuestión económica. Los caminos sin conservación preventiva multiplican el riesgo de siniestros viales severos, y la falta de mantenimiento altera la circulación segura de los millones de usuarios que transitan a diario, poniendo en claro peligro la vida de las personas. Pozos persistentes, deformaciones por el paso del transporte pesado y la ausencia total de demarcación horizontal convierten a los principales corredores productivos del país en zonas de peligro potencial. A este abandono de la calzada asfáltica se suma la paralización total de obras estratégicas. Múltiples acuerdos, incluidos aquellos que contaban con financiamiento internacional, sufren interrupciones prolongadas debido al incumplimiento en los pagos a las empresas contratistas. La pérdida de créditos externos por falta de ejecución agrava, además, el aislamiento de las provincias.
En el centro de la tormenta aparece también la figura del ministro Federico Sturzenegger. La presentación sostiene, sin ambages, que el funcionario “ha falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad” para sostener el desmembramiento institucional que se viene ejecutando desde el año 2024. El objetivo manifiesto sería diezmar a la repartición de personal técnico altamente capacitado, transformando en inútil a un organismo con casi un siglo de vida, con el fin de justificar un plan de achicamiento desmedido en servicio de intereses privados.
El entramado de la denuncia alcanza también a la gestión del capital humano técnico. Mediante informes que el texto califica como “ideológicamente falsos”, las autoridades habrían distorsionado las métricas operativas reales del organismo. Por ejemplo, se habría incorporado al inventario institucional herramientas menores con el propósito de abultar artificialmente el índice de maquinaria asignada por cada empleado. Esta alteración de los datos formales buscaba justificar una supuesta ineficiencia productiva y, de ese modo, convalidar el posterior achicamiento de la planta técnica permanente. El gremio que encabeza Jorge Maturano explica que el vaciamiento del personal idóneo compromete los controles sobre las empresas concesionarias. Ingenieros de carrera y personal especializado en la supervisión física de contratos viales denuncian la instauración de regímenes disciplinarios que eluden la normativa administrativa.
El sindicato da cuenta de traslados compulsivos, intimaciones a acogerse a la jubilación forzosa y cesantías directas dictadas sin garantizar el derecho a la defensa previa ni la realización de sumarios regulares. Esta situación de hostigamiento procura acallar las objeciones de los inspectores de campo frente a la entrega planificada de los corredores públicos a operadores privados bajo condiciones contractuales consideradas desfavorables para el patrimonio del Estado. “Para evitar que los técnicos y profesionales de carrera denuncien la malversación y el abandono de rutas, la Gerencia de Recursos Humanos, a cargo de Diego Riveira, ha instaurado un régimen de terror laboral”, afirma el texto.
El impacto de esta desinversión vial lesiona severamente el federalismo del transporte interno. La legislación determina que un 60 por ciento de los recursos coparticipables viales debe transferirse de manera directa a las direcciones de vialidad de todas las provincias. Los coeficientes aplicados por el Consejo Vial Federal consideran factores técnicos esenciales, como la longitud de la red secundaria, la densidad demográfica de cada región, el nivel de inversión con recursos propios y el volumen registrado de combustibles gravados. Al interrumpirse estos flujos financieros, los estados provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de la Nación. La falta de insumos básicos impide incluso la salida de maquinaria para despejar calzadas afectadas, y el retraso en el mantenimiento convierte a las rutas secundarias en caminos intransitables.
La presentación penal califica las conductas denunciadas bajo figuras delictivas graves: malversación de caudales, fraude a la administración pública y falsedad ideológica. La acusación sostiene que se configuró una maniobra de desbaratamiento de derechos, figura penal que castiga la distracción dolosa de bienes destinados a fines públicos. La justicia federal deberá ahora dilucidar la responsabilidad penal que cabe a los funcionarios firmantes de estas decisiones.
“Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance. Además, si es posible, nos vamos a presentar para sumar información”, aseguró a este diario Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). “Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública”, agregó. En el Congreso de la Nación, la Conaduv ya presentó un proyecto para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles, una suerte de bicameral con participación de los usuarios viales directos e indirectos.
Dejar las rutas troncales a la buena de Dios diluye la competitividad general de la economía, compromete la comunicación terrestre de todo el territorio y, lo más grave, pone en peligro la vida de quienes las transitan. El solo costo de reconstruir el sistema vial –quitando de la ecuación las tragedias en accidentes, sean estos fatales o no– superará con creces el supuesto ahorro fiscal esgrimido por la gestión de Javier Milei. Mientras tanto, los pozos siguen creciendo, las banquinas se desmoronan y los profesionales que podrían alertar son silenciados bajo un régimen que, según la denuncia, ya no es sólo de ajuste, sino de terror laboral.
