Se espera que Manuel Adorni presente en los próximos días su declaración jurada para anticiparse a una citación del magistrado Ariel Lijo, quien podría convocarlo a indagatoria durante la primera quincena de junio. El funcionario arrastra múltiples causas vinculadas a enriquecimiento, viajes de lujo y pagos sin justificación documental.
El escenario judicial que envuelve al principal colaborador del presidente Javier Milei se torna cada vez más complejo. Manuel Adorni se vería compelido a presentar en el corto plazo su declaración jurada, movido por la necesidad de descomprimir los rumores que ya circulan con insistencia en los pasillos de Comodoro Py. Allí se da por descontado que el juez Ariel Lijo podría citar al jefe de Gabinete a su primera indagatoria en algún momento de las dos primeras semanas de junio. Esta posibilidad adquiere relevancia si se considera que el propio mandatario había asegurado hace diecinueve jornadas que el funcionario entregaría la documentación patrimonial, algo que, tal como anticipaban las versiones previas, nunca ocurrió. La demora respondía, según fuentes judiciales, a la intención del acusado de aguardar la evolución de las pesquisas para conocer con precisión los cargos que la justicia le atribuiría.
El primer llamado a indagatoria no versará sobre la causa de enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal Gerardo Pollicita —actualmente de licencia hasta el viernes venidero—, sino que se concentrará en los expedientes relativos a sus desplazamientos a Punta del Este y los vínculos comerciales con Marcelo Grandío, productor de la televisión pública. En el ámbito tribunalicio de Retiro existe una convicción extendida: Adorni recurrirá a un agregado documental vinculado a la sucesión de su padre, fallecido en 2006, para intentar justificar los millonarios movimientos de dinero en efectivo que están bajo la mira de los investigadores. Lo que los operadores judiciales anticipan con sorna es que el funcionario argumentará la recepción de una ingente suma de billetes verdes proveniente de esa herencia, una coartada que, por su propia naturaleza, resulta prácticamente imposible de verificar o refutar. A esta estrategia se sumaría, como complemento, la declaración de ingresos de su cónyuge, Bettina Angeletti, quien recientemente se inscribió como monotributista y cuya actividad profesional también es objeto de escrutinio.
Los dos frentes de la investigación
El análisis de la situación procesal del jefe de Gabinete revela la existencia de dos aristas diferenciadas pero igualmente comprometedoras. La más delicada es la que guarda relación con el presunto enriquecimiento sin justificación, con un énfasis particular en el manejo de billetes físicos. Las sumas que los pesquisas han logrado reconstruir son elocuentes: 245.000 dólares destinados a refacciones en la localidad de Indió Cuá, abonados en efectivo; 30.000 verdes correspondientes a un crédito cancelado por la adquisición de un departamento en Parque Chacabuco, también en efectivo; otros 30.000 dólares con los que saldó la diferencia de valor en una propiedad del barrio de Caballito, nuevamente en billetes; y entre 10 y 15.000 dólares que financiaron un viaje al Caribe, otra vez sin rastro bancario. A este panorama se incorporaron en el último fin de semana datos aún más reveladores: gastos mensuales con tarjeta de crédito que alcanzan los 7 millones de pesos, cuando el sueldo del funcionario apenas llega a 3.500.000. La ecuación es contundente: Adorni no solo debe acreditar el origen de los recursos, sino también justificar por qué manejó montos tan significativos en efectivo, eludiendo cualquier control financiero.
En la causa que tramita Pollicita, se ha ordenado una evaluación económica pormenorizada tras la cual se solicitarán las correspondientes explicaciones al imputado. De no resultar satisfactorias, el fiscal requerirá la indagatoria. Los cálculos realizados en la sede de Retiro indican que Adorni habría movilizado cerca de un millón de dólares, aunque los investigadores advierten un razonamiento elemental: quien destina esa cifra a departamentos y mejoras inmobiliarias probablemente atesora el triple de ese monto en reservas no declaradas. El diagnóstico unánime entre los operadores judiciales es desolador para el funcionario: no dispone de mecanismo alguno para explicar la explosión de su patrimonio, reflejado en propiedades, dispendios y excursiones de alto standing.
La segunda vertiente investigativa se centra en las presuntas dádivas, con el viaje a Punta del Este como eje central. En esa ocasión, el pago —nuevamente en efectivo— habría sido efectuado por su amigo Marcelo Grandío. Este expediente se encuentra directamente en manos del juez Lijo, quien ya ha reunido buena parte de los elementos probatorios necesarios. La semana precedente trascendió además un viaje de Adorni al exclusivo hotel Llao Llao en Bariloche, con una factura que superó los 9 millones de pesos. La reserva fue gestionada por un empleado del grupo IRSA, plenamente identificado por el magistrado, y el desembolso se concretó tres meses más tarde mediante un depósito en efectivo realizado en una sucursal del Banco Galicia. Dada la naturaleza de la figura delictiva investigada —las dádivas—, es factible que Pollicita remita este caso a la órbita de Lijo.
El rumor que se ha instalado con fuerza en los corredores judiciales indica que el magistrado convocará a Adorni a declaración indagatoria a más tardar en la primera quincena de junio. Lijo ya posee casi todos los elementos que configuran la sospecha de dádivas, una figura emparentada con el cohecho: consiste en recibir beneficios indebidos en razón del cargo, sin necesidad de demostrar luego que el funcionario haya retribuido de alguna manera a quien realizó el «obsequio».
La herencia como recurso estratégico
Acorralado por su delicada situación política y judicial, se anticipa que Adorni presentará finalmente su declaración jurada, demorada de manera insólita hasta el momento. Las apuestas entre los especialistas indican que el funcionario sostendrá su defensa en un aditamento a la herencia paterna de Jorge Eduardo, quien falleció en 2006. El hermano del jefe de Gabinete, Francisco, ya ensayó esa maniobra con anterioridad y presentó un complemento a su propia declaración asegurando haber recibido 21 millones de pesos en efectivo, equivalentes a unos 15.000 dólares. Una cifra claramente insuficiente para los montos que Manuel debe justificar.
El otro recurso posible sería acreditar ingresos extraordinarios de su esposa, Bettina Angeletti, quien se desempeña como coach contratada exclusivamente por empresas estatales vinculadas a la órbita de su marido. La mujer enfrenta una dificultad adicional, ya que el fiscal Pollicita aguarda información sobre la forma de pago de un viaje a España que realizó junto a compañeras de estudios. En Comodoro Py sospechan que «algo irregular ocurrió con ese desembolso» y no se descarta que ella haya sufragado los gastos de gran parte del grupo que la acompañó en aquella travesía.
Más allá de las estrategias defensivas que pueda ensayar, resulta cada vez más evidente que Manuel Adorni enfrenta serias dificultades para explicar el origen de tantos fondos, especialmente considerando que la mayoría de las operaciones se concretaron con dinero físico. Si existiera una explicación convincente, hace tiempo que el funcionario habría presentado su declaración jurada y habría conjurado los escándalos aclarando con transparencia la procedencia de los recursos.
Una eventual citación a indagatoria tendría efectos devastadores en la estructura gubernamental y obligaría, de hecho, a Javier Milei a separar a su jefe de Gabinete del cargo. El problema central para el mandatario es de orden político: tanto él como su hermana, ya salpicados por las causas vinculadas a Libra y Andis, quedarían en una posición de total desalineamiento, puesto que desde que comenzaron las denuncias no han cesado de defender a quien consideran su principal escudero en la administración pública.
