Docentes, estudiantes y no docentes coparon la plaza frente al Palacio de Justicia en una jornada de protesta sin precedentes, respaldada por un paro nacional. El reclamo central fue claro: que el Ejecutivo libere las partidas presupuestarias para evitar el colapso definitivo de las casas de altos estudios.
La plaza se volvió a vestir de banderas, consignas y una marea humana que desbordó cada rincón frente al Palacio de Tribunales. No fue una simple concentración. Fue el punto de ebullición de una semana de paro en todo el territorio argentino, donde la comunidad universitaria, unida como pocas veces antes, exigió un mandato claro al máximo tribunal: la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. En el centro de la tormenta política, los manifestantes apuntaron directamente al gobierno de Javier Milei, a quien responsabilizan por la paralización de los fondos necesarios para sostener casas de altos estudios que, según advirtieron, transitan una crisis de supervivencia jamás vista.
Entre la multitud, donde se mezclaban jóvenes con mochilas, trabajadores no docentes con remeras sindicales y profesores de larga trayectoria, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Luis Tonelli, tomó la palabra con una contundencia que heló el aire. El docente sostuvo sin titubeos que el ejercicio del poder debe sujetarse siempre a las reglas democráticas, y lanzó una frase que resonó como un eco en las hileras de asistentes: “La división de poderes está diseñada precisamente para evitar que los presidentes se vuelvan tiranos”. Ante cuatro filas de personas sentadas en pupitres blancos —dispuestos casi como un aula al aire libre— y una inmensa legión de pie, Tonelli evocó sus cuarenta años de docencia en la UBA, desde aquel lejano 1984. “Cuarenta años de alegría —remarcó— que hoy está amenazada directamente en la subsistencia de la universidad pública”.
El catedrático de Política Argentina pidió entonces al auditorio que imaginara un país despojado de profesionales formados en el sistema estatal. Y aunque reconoció la calidad de ciertas instituciones privadas, subrayó que ninguna de ellas posee “nuestro caudal de egresados”. En un gesto de reconocimiento, Tonelli agradeció a los docentes de la Universidad de San Andrés —muchos de ellos, graduados de la UBA— por haber reivindicado públicamente la relevancia de las universidades nacionales, justo después de que Javier Milei visitara esa casa de estudios.
En medio del gentío, una remera verde de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires identificaba a Maite, una joven que resumió con crudeza el desgaste cotidiano. “Con los salarios congelados desde el inicio de la gestión libertaria, cada jornada es peor que la anterior”, señaló. Sus padres, trabajadores de la UBA desde hace cuatro décadas, le confesaron que jamás habían atravesado una situación semejante. “Es muy triste no poder llegar a fin de mes, no poder estudiar, no poder hacer nada”, agregó con la voz entrecortada.
Luego llegó el turno del abogado y catedrático de la Facultad de Derecho, Cristian Cao, quien introdujo una perspectiva de escala global. Sostuvo que el mundo se mueve a una velocidad tal que, sin universidades públicas dedicadas a la investigación, el país queda fuera de carrera, imposibilitado para ser competitivo y para responder a las exigencias del siglo. “Para eso, hace falta la Ley de Financiamiento que ya aprobó el Congreso de la Nación”, enfatizó. Y añadió una reflexión punzante: “El sistema democrático nos enseña que los propios órganos del gobierno tienen la finalidad de hacer cumplir la ley. Ya no resolvemos los problemas como en la Antigüedad o el Medioevo. La razón argumentativa viene a reemplazar la fuerza y el autoritarismo”.
Cao también echó mano a la Constitución Nacional, citando el artículo 75, que consagra dos pilares fundamentales para la educación universitaria. El primero es la autonomía, entendida como la capacidad de las universidades para autogobernarse sin depender del Poder Ejecutivo ni del Legislativo. Eso, explicó, garantiza “pluralidad de voces, la posibilidad de que todos opinemos, debatamos e intercambiemos ideas, y que el mejor argumento prevalezca sobre aquel que no está científicamente demostrado”. El segundo fundamento es la gratuidad, que asegura el acceso irrestricto a la educación superior sin condicionamientos económicos. “Al fin y al cabo, esto es lo que ha edificado esta gran nación, y estoy convencido de que es lo que seguirá construyendo la República Argentina”, afirmó Cao, visiblemente optimista y agradecido por la invitación de la Federación Universitaria de Buenos Aires y los gremios docentes y nodocentes.
En diálogo con este medio, el jurista aclaró que no se había acercado a Plaza Lavalle únicamente en su rol de profesor, sino también para respaldar “el reclamo por la legalidad de una ley justa, que establece la asignación presupuestaria a las universidades nacionales porque corresponde, porque lo dice la Constitución”.
El sociólogo y secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, puso el acento en la dimensión de futuro. Sostuvo que esta movilización —una más en una serie que vienen organizando desde hace más de dos años— es “por la formación de lo que viene, por la Argentina que necesita educación”. Y fue terminante: “No es un reclamo por mi salario o por el de una compañera. Es una necesidad real de financiamiento. Los hospitales están en crisis. Los estudiantes con apremios económicos reciben becas de apenas 35.000 pesos. Hoy estamos aquí para cuidar el presente de la universidad, pero sobre todo el porvenir”.
Entre la última fila de pupitres, dos estudiantes de psicología, Lucas y Camila, observaban la escena. Lucas se trasladó desde su silla de ruedas hasta el banco blanco y señaló que “el financiamiento hospitalario y el vinculado a la discapacidad, entre otros derechos, tampoco se están cumpliendo, y la situación es alarmante”. Camila, a su lado, explicó que habían acudido para participar de la jornada de visibilización y “ver si en algún momento el Gobierno decide cumplir la ley que ya fue aprobada en todas las instancias posibles”.
El cierre de la jornada fue una catarsis colectiva. La plaza entera se sacudió con una ovación cerrada, seguida por el canto que se ha convertido en himno de resistencia: el himno a la “universidad de los trabajadores”. Las consignas, los carteles y las banderas se fundieron en un solo grito, mientras la Corte Suprema, desde sus paredes de piedra, quedó como testigo mudo de una advertencia que esta vez no vino de los despachos oficiales, sino de la calle, de las aulas, de la memoria y la urgencia de un sistema educativo que lucha por no desaparecer.
