Con exenciones impositivas, estabilidad fiscal por tres décadas y un dólar sin ataduras, el Gobierno prometió un aluvión de dólares. Sin embargo, un informe revela que el país quedó relegado en la región, mientras el costo para las arcas públicas se dispara por encima de los 1.800 millones de dólares anuales.
En la antesala de la aprobación de la Ley Bases, el oficialismo había vendido el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como la bisagra que separaría a la Argentina de su crónico déficit de capitales. El menú ofrecido resultaba tentador para cualquier corporación global: alivios tributarios, ausencia de restricciones cambiarias, la eliminación de las retenciones a las exportaciones y una garantía de previsibilidad fiscal por treinta años. Todo aquello, según los discursos oficiales, constituía la fórmula magistral para convertir al país sudamericano en un polo magnético de los flujos financieros internacionales. Pero los guarismos disponibles dibujan una realidad diametralmente opuesta.
Un pormenorizado análisis elaborado por la entidad Misión Productiva, con base en estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), establece que la Argentina apenas logró captar 3.100 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) durante el año 2025. La comparación con los países vecinos resulta lapidaria: Brasil sedujo unos 77.000 millones de dólares; México superó los 40.000 millones; y Chile rebasó holgadamente los 13.000 millones. Incluso Costa Rica, cuya economía es significativamente más modesta, consiguió atraer un volumen de capitales superior al registrado en el territorio argentino.
Esta estadística impacta de lleno en uno de los sostenes retóricos más sólidos del oficialismo económico. Desde la sanción de la Ley Bases, las autoridades nacionales reiteraron que el RIGI desencadenaría un ciclo inédito de desembolsos privados, sobre todo en rubros estratégicos vinculados con la energía, la minería y el litio. Sin embargo, las cifras disponibles demuestran que la desregulación normativa y las prerrogativas tributarias resultaron insuficientes para modificar la trama profunda de la conducta inversora.
El régimen consagra un abanico de privilegios para los emprendimientos de gran escala. Las compañías adheridas obtienen un blindaje fiscal por tres décadas, una merma en el Impuesto a las Ganancias, la supresión de las retenciones a las exportaciones, facilidades aduaneras, disponibilidad irrestricta de divisas y una devolución acelerada del IVA correspondiente a los desembolsos realizados. El blanco de estas estímulos se concentra prioritariamente en los sectores extractivos y energéticos: petróleo, gas natural licuado, minería y litio encabezan la lista de destinatarios.
No obstante, ese andamiaje de ventajas conlleva un costo fiscal que se incrementa con el paso de los meses. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calcula que los proyectos ya autorizados bajo la órbita del RIGI provocarán una merma en la recaudación estatal superior a los 1.800 millones de dólares por año una vez que alcancen su pleno ritmo productivo. El componente más gravoso de esa renuncia fiscal está representado por las retenciones a la exportación que el fisco dejará de percibir, con un impacto anual estimado en 851 millones de dólares. A esa suma se agrega la reducción del tributo a las ganancias para las empresas acogidas al beneficio, lo que insume otros 545 millones de dólares cada año.
El mismo informe enfatiza otro punto particularmente espinoso: una parte considerable de las inversiones favorecidas ya estaban anunciadas o en curso antes de que el RIGI viera la luz. Al menos siete de los doce proyectos aprobados contaban con definiciones estratégicas previas a la promulgación de la Ley Bases. Entre ellos sobresale el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), impulsado por YPF junto a otras petroleras, que en solitario representa una cesión fiscal anual cercana a los 869 millones de dólares. También figura en esa nómina el proyecto de gas natural licuado de Southern Energy, con beneficios tributarios proyectados en torno a los 420 millones de dólares por ejercicio.
De acuerdo con el análisis del CEPA, más que estimular inversiones genuinamente novedosas, el RIGI se limita a engrosar las prerrogativas fiscales de proyectos que probablemente se habrían materializado de todas maneras. La propia YPF, según señala el documento, ostenta una participación directa o indirecta en iniciativas que concentran prácticamente el setenta por ciento de los desembolsos autorizados bajo este esquema.
Desde Misión Productiva, sus especialistas alertan además que el atractivo de un país para el capital extranjero no depende únicamente de la generosidad de sus incentivos tributarios. El trabajo subraya que la pronunciada contracción del consumo, la parálisis de la obra pública, la escasez de crédito productivo, la apreciación del tipo de cambio real y la persistente incertidumbre macroeconómica conspiran contra la radicación de capitales de largo plazo. El deterioro del entramado de pequeñas y medianas empresas, junto con la caída de los sectores intensivos en mano de obra, son factores adicionales que erosionan la capacidad de expansión productiva del país.
“El dato resulta especialmente significativo porque ocurre en un contexto donde el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos a grandes inversiones mediante el RIGI. Sin embargo, los números muestran que esas inversiones vinculadas principalmente a recursos naturales y energía no alcanzan para generar un proceso amplio de atracción de capitales”, enfatiza el documento difundido por Misión Productiva.
La diputada nacional por Unión por la Patria y directora del CEPA, Julia Strada, formuló un cuestionamiento de mayor alcance al advertir sobre la hipoteca que este tipo de mecanismos impone a las finanzas públicas del futuro. “Es preocupante la reducción de impuestos de Milei a sectores pudientes y a grandes empresas. Se compromete espacio fiscal de gobiernos futuros. El RIGI y la estabilidad de la reducción de Bienes Personales hasta el año 2038 son graves en términos tributarios”, sentenció la legisladora. De este modo, el sueño oficial de una catarata de inversiones choca, al menos por ahora, con la cruda evidencia de los números y el fantasma de una cesación de recursos que ya comienza a sentirse en las cuentas estatales.
