La Casa Rosada envía el denominado “Súper RIGI” con rebajas impositivas, blindaje jurídico por tres décadas y libre ingreso de insumos sin aranceles. Especialistas alertan que la norma consagra un Estado al servicio de Silicon Valley mientras se hunden la industria nacional y las economías regionales.
En las últimas horas, el Poder Ejecutivo nacional ingresó ante el Congreso un proyecto de ley que instaura el denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, bautizado en los pasillos oficialistas como “Súper RIGI”. La iniciativa propone un andamiaje de excepcionalidades destinado a corporaciones transnacionales vinculadas de manera predominante al multimillonario negocio de la inteligencia artificial. Entre los beneficios que se esbozan sobresalen reducciones tributarias de alto calado, una flexibilización extrema en materia aduanera, una desregulación cambiaria casi total, la imposibilidad legal de concretar medidas de fuerza gremiales, el ingreso irrestricto de toda la ingeniería y los componentes necesarios para operar desde sus centros de origen, y un compromiso estatal que garantiza por treinta años la inmutabilidad de lo pactado. Este último punto aspira a condicionar a las administraciones futuras y abre la puerta a litigios internacionales contra el país en tribunales como el CIADI.
La redacción del articulado parece confeccionada a la medida de los gigantes instalados en Silicon Valley, particularmente luego de que magnates admirados por el presidente Javier Milei, como Peter Thiel —fundador de empresas como PayPal y Palantir—, se haya radicado de manera temporal en territorio argentino. A ello se suman los encuentros reservados que el mandatario mantuvo con Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y X. Mientras tanto, el entramado de pequeñas y medianas empresas y la industria nacional atraviesan una situación de hundimiento progresivo.
“Esta es la ley de los datacenters. Un proyecto pensado para otorgar a las grandes tecnológicas lo que aquí nadie posee: energía y mano de obra subsidiadas”, sostuvo el abogado especialista Pablo Cerdán. El letrado agregó una advertencia: “Si el Estado osa molestarlas, nos demandan ante el CIADI. Estas firmas facturan más que el producto bruto interno argentino. Y terminarán pagando menos tributos que una pyme del conurbano”.
A diferencia del RIGI original aprobado en la Ley Bases, el nuevo marco normativo se orienta hacia actividades calificadas como de “vanguardia tecnológica”: inteligencia artificial, biotecnología avanzada, fabricación de semiconductores, producción de baterías de litio, vehículos eléctricos y paneles solares. Para acceder al régimen, los inversores deberán acreditar un piso de desembolso de mil millones de dólares por emprendimiento, con la obligación legal de ejecutar al menos el veinte por ciento del monto durante los primeros dos años desde la fecha de sanción. Además, las compañías interesadas tienen la obligación de constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una figura jurídica cuyo objeto comercial y activos deberán afectarse de manera exclusiva a la actividad promovida. El plazo para solicitar la adhesión se fijó en cinco años, con una prórroga adicional de un año.
El RIGI primitivo exigía un piso del veinte por ciento de contratación de proveedores locales. El Súper RIGI elimina por completo esa condición. De esta forma, las trasnacionales podrán importar toda su cadena de valor armada desde el exterior, lo que reduce drásticamente las chances de generar empleo en el territorio nacional.
Como salvaguarda frente a eventuales cambios de orientación política, la norma concede estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social por un lapso de treinta años. Se trata de un blindaje jurídico que entrega la soberanía legal argentina en manos de compañías extranjeras: el articulado incluye cláusulas de protección contra actos expropiatorios o confiscatorios y garantiza de manera explícita el acceso al arbitraje internacional mediante tribunales como el CIADI, la CCI o la CPA ante cualquier disputa con el Estado Nacional si se incumple este contrato de características leoninas.
El diputado Esteban Paulón denunció: “El gobierno de Milei envía un proyecto para transparentar el lobby junto a otro que es lobby directo de Peter Thiel, el Súper RIGI. Además, la prometida transparencia llega tarde, luego de la aprobación de leyes redactadas por los lobbies minero, del gas, de las industrias farmacéuticas y de los grandes empresarios”.
Imán para los datacenters, ruina para la industria doméstica
La limitación de las capacidades de regulación y planificación de los futuros gobiernos democráticos constituye uno de los puntos que más atraen a estas corporaciones. No lograron ese nivel de concesiones en otros países, y la administración libertaria lo ofrece sin exigir demasiado a cambio.
En el plano fiscal, el Súper RIGI presenta mejoras notables respecto de la legislación previa. La alícuota del Impuesto a las Ganancias se reduce a un quince por ciento fijo, complementado con un esquema de amortización acelerada para bienes muebles e infraestructura, y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. En cuanto a los dividendos, la tasa general se establece en el siete por ciento, pero desciende al tres y medio una vez transcurridos cuatro años de permanencia en el régimen. Desde la óptica aduanera, se dispone la exención total de derechos de importación para los bienes de capital necesarios para la inversión, así como la eliminación de los derechos de exportación para los productos resultantes del proyecto. Con el fin de mitigar la carga del Impuesto al Valor Agregado, se instrumentarán Certificados de Crédito Fiscal transferibles, los cuales servirán para cancelar el impuesto facturado por los proveedores del VPU.
Los incentivos que el gobierno promueve para estas inversiones representan el extremo opuesto de las decisiones económicas con las que se castiga a las pymes, a la industria nacional y a sus trabajadores, destinados prácticamente al abandono. Mientras se brindan herramientas excepcionales a los “amigos” del Ejecutivo con acceso al despacho presidencial —como algunos miembros de Silicon Valley—, se reta a los industriales y a los laburantes a salvarse por sus propios medios.
Las exenciones aduaneras absolutas facilitan el ingreso a costo cero de los miles de servidores, sistemas de refrigeración y componentes de hardware avanzados indispensables para esas plantas. Fabricados en otras latitudes, no generan empleo local ni tampoco recursos para el fisco. Otro premio para la instalación de estos centros de datos masivos es la exención de la obligación de liquidar divisas por financiamientos externos y la libre disponibilidad progresiva de dólares provenientes de la exportación de servicios.
Con las exenciones y rebajas de Ganancias y cargas patronales, esas megacorporaciones terminarán aportando proporcionalmente menos impuestos que una pequeña o mediana empresa. De este modo, la producción nacional terminaría subsidiando indirectamente la radicación de firmas extranjeras que demandan enormes recursos energéticos pero generan una densidad de empleo directo muy baja en comparación con su facturación.
Golpe a la Argentina federal
Dentro del entramado económico, las economías provinciales también resultan perjudicadas. Los gobiernos locales se verían obligados a ceder recursos y soberanía. La pérdida de autonomía fiscal que se les exige a las provincias y municipios para que las empresas accedan a los beneficios nacionales es cuanto menos abusiva. Las jurisdicciones deberán adherirse formalmente y comprometerse a una fuerte moderación impositiva. Como contracara, se desfinancian las economías regionales.
El texto prohíbe explícitamente la creación de nuevos gravámenes locales a partir del 31 de diciembre de 2025. Del mismo modo, fija un tope del 0,5 por ciento para la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, elimina el Impuesto de Sellos para todos los contratos del VPU y prohíbe el cobro de regalías o cánones administrativos vigentes o futuros. Finalmente, las provincias que se sumen deberán renunciar al principio de pago previo como requisito para que los inversores tramiten recursos o demandas judiciales en el ámbito administrativo local.
Un RIGI para tapar otro RIGI
Los grupos económicos que ya hayan solicitado su ingreso al RIGI original de la Ley Bases, o que posean planes con superposiciones de activos, ubicaciones o cadenas de valor compartidas en más de un cincuenta por ciento, quedan excluidos de este beneficio. Esta delimitación busca impedir la duplicación de incentivos en proyectos preexistentes. Dado que el primer RIGI no cumplió con las expectativas de la gestión, la esperanza del gobierno está signada por la nueva iniciativa, en tanto presenta tales elementos de seducción que el presidente considera irresistibles para sus admirados multimillonarios vinculados a las nuevas tecnologías.
