Un extenso informe del organismo multilateral sugiere modificar Ganancias, Monotributo e IVA, al tiempo que alienta una reducción de retenciones al agro. La propuesta, que generaría ingresos equivalentes al 3,3% del PBI, tensa la relación entre Nación y gobernadores en medio de la caída de transferencias y la parálisis de obras públicas.
Las directrices que emanan del Fondo Monetario Internacional trascienden la tradicional reducción del gasto público o el cumplimiento de metas de superávit fiscal. El documento en circulación revela una orientación de mayor calado sobre la arquitectura tributaria argentina, cuyos efectos recaerían de manera directa sobre los trabajadores en relación de dependencia, los pequeños contribuyentes y las arcas provinciales, al mismo tiempo que se esboza un alivio impositivo para los sectores exportadores y las grandes corporaciones. La reciente disminución de los derechos de exportación, ejecutada antes de la aprobación del próximo desembolso del organismo, constituye una prueba fehaciente de esa dirección.
Según el informe, una reforma integral de la estructura fiscal podría generar recursos adicionales equivalentes al 3,3 por ciento del Producto Bruto Interno, y aproximadamente la mitad de esa suma estaría destinada a las provincias. Ese dato cobrada particular relevancia en una coyuntura donde diversos mandatarios provinciales han denunciado un pronunciado desplome de las remesas nacionales y la detención de numerosas obras de infraestructura. Vale recordar que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había advertido meses atrás que la ejecución de fondos nacionales para proyectos de infraestructura en su distrito apenas alcanzaba el 3 por ciento, víctima del freno generalizado de partidas y programas oficiales.
El planteo del FMI se inscribe así en una doble tensión: por un lado, la imperiosa necesidad del Ejecutivo nacional de sostener el superávit fiscal y garantizar los compromisos de la deuda pública; por el otro, el visible deterioro de las cuentas provinciales y las consecuencias sociales derivadas del ajuste. En ese escenario, el organismo propone ensanchar la capacidad recaudatoria del Estado sin modificar la lógica medular del programa económico vigente.
Uno de los ejes principales del documento es el impuesto a las Ganancias. El Fondo señala que lo recaudado actualmente por ese tributo apenas representa el 1,8 por ciento del PBI, una cifra inferior tanto al promedio regional como al de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El informe cuestiona abiertamente los cambios implementados durante 2023, cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, elevó el mínimo no imponible y excluyó del gravamen a la mayoría de los trabajadores formales. El organismo destaca que “el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023” y subraya que actualmente menos del 1 por ciento de los asalariados registrados tributa Ganancias. Frente a esa realidad, la recomendación es clara: al menos el 20 por ciento de los trabajadores debería volver a quedar alcanzado por el impuesto, lo que en la práctica supone una ampliación sustancial del universo de contribuyentes. El documento sugiere “reducir el umbral de ingresos”, armonizar las deducciones y simplificar las escalas de alícuotas, con lo que se estima que la recaudación podría crecer en 0,4 puntos del PBI. Ese debate resucita en un contexto de salarios deteriorados, lo que reabre una disputa política y sindical que había marcado buena parte de los años recientes.
En paralelo, el FMI concentra su mirada en el Monotributo. Si bien reconoce que ese régimen simplificado permitió formalizar actividades y extender la cobertura previsional y sanitaria a millones de pequeños contribuyentes, también advierte que “el sistema genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria”. Bajo esa lógica, el organismo propone avanzar hacia una convergencia entre el régimen simplificado y el general, reduciendo las diferencias en alícuotas y aportes sociales. Durante años, el Monotributo se convirtió en una herramienta de supervivencia económica ante el avance de la informalidad y la precarización laboral, ya que para amplios sectores el salto al régimen general implica enfrentar cargas impositivas y previsionales insostenibles en un mercado interno debilitado y con caída del consumo. Sin embargo, el FMI interpreta esas diferencias como un problema de eficiencia recaudatoria y estima que una reforma del régimen podría aportar entre 0,4 y 1 punto adicional del PBI, al tiempo que recomienda profundizar los mecanismos digitales de control y administración fiscal.
Otro capítulo central del informe es el Impuesto al Valor Agregado. El organismo calcula que los beneficios, exenciones y tratamientos especiales asociados a ese tributo representan alrededor del 1,2 por ciento del PBI. Por eso, sugiere avanzar hacia una unificación de alícuotas, acompañada por compensaciones focalizadas destinadas a los hogares en situación de vulnerabilidad.
Detrás de las retenciones, el FMI sostiene que una reducción de un punto porcentual en los derechos de exportación a la soja podría incrementar la producción y las exportaciones en torno al 0,5 por ciento. Incluso afirma que la eliminación total de esos gravámenes generaría un aumento cercano al 10 por ciento en las ventas externas del complejo oleaginoso y cerealero, con ingresos adicionales estimados en unos 5.000 millones de dólares anuales. Esa propuesta retoma uno de los reclamos históricos de las entidades agropecuarias y los sectores exportadores, aunque implica resignar una de las principales herramientas de captación de renta extraordinaria y administración del mercado interno. En un país atravesado por recurrentes crisis externas y restricciones de divisas, la discusión sobre las retenciones excede lo tributario y toca de lleno el modelo de acumulación y distribución del ingreso.
Finalmente, el Fondo insiste en que cualquier reforma fiscal deberá coordinarse entre Nación y provincias, un punto que aparece en momentos de fuerte conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores por la caída de los recursos coparticipables, el freno a las obras públicas y la reducción de las transferencias discrecionales. El propio informe reconoce que buena parte de la recaudación adicional iría a parar a las provincias, pero la discusión vuelve a quedar atravesada por la lógica del ajuste nacional. Mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal mediante recortes del gasto y la paralización de la inversión pública, los distritos provinciales enfrentan crecientes demandas sociales con menos recursos a su disposición.
