A tres semanas de la promesa presidencial, el jefe de Gabinete aún no presentó su declaración jurada mientras la Justicia avanza en la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito. Bullrich y Villarruel alzan la voz, y hasta un aliado del mercado le exige celeridad para evitar daños políticos al Gobierno.
Aquello que el propio Javier Milei había calificado como “cuestión de días” comenzó a transformarse en una madeja judicial y política de difícil resolución. Fue el pasado 7 de mayo cuando el mandatario salió al cruce para defender a su entonces vocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asegurando que la presentación de su declaración jurada patrimonial resultaba inminente. Sin embargo, el transcurso de tres semanas no hizo más que profundizar las sospechas y la inquietud en los pasillos de la Casa Rosada.
El funcionario continúa sin brindar precisiones acerca del acelerado crecimiento de sus bienes, mientras el circuito judicial avanza sin pausa en una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Fuentes cercanas al expediente confiaron que el llamado a indagatoria se aproxima y que, en ese escenario, la falta de transparencia podría traducirse en un doloroso traspié para la administración libertaria.
En el círculo íntimo de Adorni aseguran que durante los primeros días de junio finalmente cumplirá con la promesa presidencial. Pero la demora ya generó fisuras. La ausencia de respuestas no solo incomoda a integrantes relevantes del oficialismo, sino que también desvela al sector empresario, tradicional sostén del rumbo económico que pregona el Ejecutivo.
Presión desde todos los frentes
El malestar adquirió temperatura pública este miércoles, cuando el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, exigió sin rodeos que el jefe de Gabinete presente su declaración “lo más rápido posible”. El histórico dirigente bursátil, que respalda abiertamente las políticas libertarias, fue contundente: “Al contador Adorni, que sabe de números, le aconsejaría que muestre sus cifras cuanto antes porque de esa manera le solucionaría problemas al Gobierno”. Gabbi subrayó que no podía calificar al funcionario como “bueno o malo”, pero remarcó la necesidad de exponer “correctamente” tanto su patrimonio personal como el de su esposa.
La sugerencia no pasó inadvertida. Gabbi no es una voz anodina en el universo de los negocios; su respaldo al rumbo económico oficial y su convicción de que la continuidad de la gestión mejoraría las expectativas del mercado le otorgan a su reclamo un peso específico difícil de ignorar.
Estrategia dilatoria y clima mundialista
Lejos de apurarse, Adorni se tomó todo el tiempo que consideró necesario. Según pudo reconstruir este diario, el jefe de Gabinete aguardó la confluencia de dos fenómenos: por un lado, que asomara el ambiente festivo del mundial de fútbol, con el objetivo de contar con una opinión pública más dispersa y menos atenta a los escándalos políticos; por el otro, las declaraciones de los testigos en los tribunales de Comodoro Py, para conocer con precisión qué gastos había podido reconstruir el fiscal Gerardo Pollicita.
Ya avanzado el calendario, el exvocero deja entrever ahora que en los próximos días presentará el documento ante la Oficina Anticorrupción. Pero al mismo tiempo remarca, con un tono que algunos interpretan como un desafío, que “no se va a dejar apurar” por nadie.
Esa postura tiene dos destinatarias concretas dentro del oficialismo: Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. La ministra de Seguridad fue la primera en exteriorizar su enojo. En privado, le reclamó al Presidente la cabeza del funcionario. La respuesta de Milei, según confiaron allegados, fue lapidaria: “No lo voy a ejecutar”. Acto seguido, Bullrich salió a la televisión para exigirle a Adorni que informe su patrimonio sin más dilaciones. “Ya tiene los papeles listos. Está por presentar los números”, respondió nuevamente el mandatario en medio de una gira por Estados Unidos.
“Estamos todos esperando la declaración jurada”, sumó la vicepresidenta durante una actividad en Rosario. Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que estas presiones generan ruido político, pero no modifican en absoluto la estrategia delineada. “Ya la tiene casi terminada”, agregan, e indican que en breve aclarará todos los movimientos de dinero. Bullrich, solo para incomodarlo, se anticipó y presentó la suya: registró un patrimonio de 257 millones de pesos, una cifra que contrasta de manera evidente con los exorbitantes montos en dólares que maneja Adorni.
El rompecabezas patrimonial que intenta reconstruir la Justicia
Detrás de la demora del funcionario se esconde una trama patrimonial que los investigadores intentan armar pieza por pieza. En el expediente judicial sobresale la vivienda del country Indio Cuá, adquirida a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, por un valor de 120 mil dólares. Para refaccionarla, según declaró el contratista Matías Tobar, el jefe de Gabinete desembolsó 245 mil dólares en obras que incluyeron pileta, jacuzzi, cascada y otros lujos. Mientras avanzaban los trabajos, además, alquiló otra propiedad en el mismo barrio privado y abonó 21 mil dólares por 18 meses. Todo bajo la misma modalidad y la misma sombra: pagos en efectivo y movimientos financieros difíciles de compatibilizar con su sueldo de funcionario público.
La pesquisa también alcanza al departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, un piso que fue escriturado por 340 mil dólares y adquirido mediante un esquema de financiamiento bajo sospecha. A eso se añaden viajes de lujo a Punta del Este, Nueva York y Aruba, consumos millonarios con tarjetas de crédito y operaciones por al menos 80 mil dólares en criptomonedas jamás declaradas. Entre inmuebles, refacciones, alquileres y excursiones al exterior, Adorni y su familia habrían movilizado más de 800 mil dólares desde su llegada al Gobierno. Se trata de sumas muy alejadas de los 3,5 millones de pesos que percibía al momento de realizar esos gastos y de la situación patrimonial de su cónyuge, Bettina Angeletti, quien se encontraba registrada en la categoría más baja del monotributo.
El fantasma de la indagatoria
Como oportunamente informó Página/12, en las próximas semanas el juez Ariel Lijo llamaría a indagatoria al funcionario. La convocatoria estaría vinculada con la causa que investiga los vuelos a Punta del Este, abonados por la productora de su amigo Marcelo Grandío. El eje central del expediente consiste en determinar si el pago de esos pasajes podría constituir una dádiva producto del vínculo comercial entre Grandío y la TV Pública. En los últimos días, además, se conocieron nuevos detalles del viaje familiar de Adorni al lujoso hotel Llao Llao, en Bariloche. La factura de esa escapada superó los 9 millones de pesos y la reserva fue realizada por un empleado del grupo IRSA. Esa operatoria también podría ser interpretada por la Justicia como una dádiva.
El tiempo se agota para el jefe de Gabinete. La paciencia del oficialismo y del mundo empresario tiene un límite, y el reloj judicial no se detiene. Adorni promete que en junio hablarán los números. Pero cada día que pasa sin respuestas consolida una única certeza: el silencio patrimonial ya se volvió un problema político de primera magnitud para un Gobierno que necesita mostrarse combativo contra la corrupción, no protagonizarla.
