La administración de Axel Kicillof detectó irregularidades en los acuerdos de adhesión de la firma fundada por Marcos Galperín, que podrían derivar en multas que alcanzarían los 1.815 millones de pesos ante la negativa de rectificación
En una movida que sacude el universo del comercio electrónico nacional, el gobierno bonaerense ha puesto bajo la lupa los contratos que Mercado Libre ofrece a sus usuarios, destapando una serie de prácticas que colisionan de lleno con lo establecido por la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor. La intimación cursada a la compañía creada por Marcos Galperín establece un plazo de cinco días hábiles para que la plataforma realice las modificaciones pertinentes, bajo apercibimiento de aplicar una sanción económica cuyo tope máximo asciende a la sorprendente cifra de 1.815 millones de pesos.
El extenso trabajo de fiscalización impulsado por el ministerio de Producción bonaerense, que conduce Augusto Costa, permitió identificar un entramado de disposiciones contractuales que vulneran frontalmente el artículo 37 de la normativa de defensa al consumidor. Dicho artículo establece que serán consideradas como “no convenidas” aquellas estipulaciones que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños, así como las que importen una renuncia o restricción de los derechos del usuario o, en sentido inverso, amplíen de manera desmedida las prerrogativas de la parte proveedora del servicio. La ley es particularmente enfática al señalar que cualquier cláusula que imponga al consumidor la inversión de la carga probatoria en su perjuicio deberá ser tenida por inexistente.
El abanico de incumplimientos detectados abarca tanto a Mercado Libre como a su brazo financiero, Mercado Pago, y revela una preocupante variedad de artilugios jurídicos que erosionan las garantías elementales de quienes utilizan la plataforma. Entre las irregularidades más llamativas se encuentra la habilitación para que la empresa perciba aranceles sin especificar montos ni condiciones previas, lo que desconoce el derecho fundamental del consumidor a conocer el precio exacto del servicio antes de formalizar cualquier contratación. A esto se suma la facultad que la compañía se atribuye para modificar de manera unilateral los términos y condiciones, dando por aceptadas tales variaciones con el solo hecho de que el usuario continúe utilizando la plataforma, sin exigir jamás un consentimiento expreso e informado.
Quizás una de las disposiciones más preocupantes sea aquella que convierte al usuario en el único responsable ante supuestos de fraude o accesos no autorizados, como los episodios de hackeo, eximiendo de este modo a la empresa de su obligación ineludible de garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio que presta. Esta cláusula, advierten los especialistas, transfiere al consumidor una carga que por ley corresponde enteramente al proveedor. No menos grave resulta la potestad que Mercado Libre se reserva para extraer fondos de la cuenta de un usuario a fin de cancelar deudas correspondientes a otros contratos, una práctica expresamente vedada en las relaciones de consumo.
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dependiente del ministro Costa, explicó que esta intimación no constituye una condena firme sino un acto administrativo del cual la empresa puede defenderse y presentar los descargos que considere pertinentes. El funcionario reveló que la decisión de intensificar la revisión de estos contratos de adhesión respondió a una mirada estratégica impulsada por el propio Costa ante el advenimiento de la gestión de Javier Milei en la Casa Rosada. “Desde el cambio de gobierno, el ministro nos planteó que se venía una etapa de mayor vulneración de derechos porque el contexto de que una empresa puede hacer cualquier cosa sería favorecido”, subrayó Aguilar en diálogo con este medio.
Bajo esa premisa, el equipo de abogados a su cargo fortaleció la tarea cotidiana de escrutinio sobre aquellos acuerdos que los ciudadanos suelen aceptar sin lectura alguna, como los de Mercado Libre, pero también los de Netflix, Flybondi, HBO y Omint. En la mayoría de esos casos, las empresas optaron por una actitud reparadora y corrigieron las irregularidades señaladas sin necesidad de que el gobierno provincial avanzara hacia instancias sancionatorias. “Nosotros no tenemos una actitud anti empresa, todo lo contrario, pero si las pymes cumplen con todas las normas, por qué no deberían hacerlo las grandes”, remarcó Aguilar, quien precisó que el monto máximo de 1.815 millones de pesos surge de la eventual acumulación de todas las multas que podrían aplicarse.
Un dato que añade espesor a la situación es que Mercado Libre encabeza el listado de firmas con mayor cantidad de denuncias individuales presentadas ante Defensa al Consumidor en territorio bonaerense. Solo durante los primeros cuatro meses de 2026, la compañía acumuló 2.396 reclamos, en los cuales los consumidores aluden mayoritariamente a situaciones de fraude o estafa con pérdida de dinero o productos, prácticas abusivas, inconvenientes en los mecanismos de Compra Protegida y obstáculos para ejercer el derecho de arrepentimiento. Este volumen de denuncias no es menor, ya que el gobierno provincial cuenta con la facultad de sancionar directamente a aquellas empresas que exhiban patrones de conducta violatorios de derechos, tal como ocurrió el año pasado con Flybondi, que debió abonar más de 300 millones de pesos por la suspensión sistemática de vuelos.
Las autoridades bonaerenses se apresuran a diferenciar esta acción del plano político, señalando que no obedece a ninguna distancia ideológica con Galperín, un empresario que respalda abiertamente el modelo libertario y no escatima en esfuerzos para defender las banderas que levanta Milei. Como ejemplo de ecuanimidad citan el caso de Netflix, que tras recibir una intimación similar respondió desde sus oficinas, se reunió con funcionarios provinciales, corrigió lo exigido y no debió pagar un solo peso. Incluso, en el mismo momento en que se conocía la intimación a Mercado Libre, Kicillof y Costa encabezaban la apertura de la Expo FITBA 2026 en La Plata, un evento que exhibe los principales desarrollos científicos impulsados por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, donde se anunció una inversión de 3.500 millones de pesos.
En las últimas horas, el fundador de Mercado Libre se sumó a una publicación del Presidente en contra de la posibilidad de establecer un gravamen al universo de personas más ricas, postura que Galperín atribuye a una supuesta voluntad de los “zurdos”. “La batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado”, sostuvo en su cuenta de X el empresario, quien tiene fijado su domicilio fiscal en Uruguay para no tributar en Argentina, mientras que su compañía enfrenta ahora el desafío de demostrar si optará por la vía de la corrección voluntaria o arriesgará una sanción económica sin precedentes.
