El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, combina su rol oficial con una extensa trayectoria como productor rural en el sur bonaerense, mientras el Gobierno nacional profundiza su alianza con los grandes empresarios en medio de una crisis fiscal que golpea a los sectores más vulnerables
En el intrincado tablero de la administración libertaria, las fronteras entre la función pública y los intereses privados se difuminan con una permeabilidad asombrosa. El responsable de la cartera agropecuaria, Sergio Iraeta, despliega su labor cotidiana desde una posición singular: mientras conduce las políticas del campo desde el Estado, sus dominios particulares se extienden en la zona de Patagones, donde cultiva maíz, trigo y cría ganado. Toda su producción personal se ha visto favorecida por una significativa reducción de los derechos de exportación instrumentada por el mismo gobierno del cual forma parte.
Este funcionario mantiene además un vínculo estrechísimo con el ministro de Economía, Luis Caputo, una relación que trasciende lo meramente político y se ancla en la esfera privada. El hijo de Iraeta se desempeña como socio de «Toto» Caputo en INVERNEA, un fondo de inversión agropecuaria que durante años ha congregado a funcionarios de la actual gestión libertaria y del PRO. La administración de esa firma estuvo a cargo de Anker, la consultora que perteneció a Caputo y al actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Como si el entramado no fuera lo suficientemente denso, esa sociedad funcionó en distintas oficinas del microcentro porteño que fueron cedidas por altos directivos de la Sociedad Rural Argentina.
La reacción de Iraeta durante un reciente encuentro de productores maiceros resultó, cuando menos, elocuente. El secretario manifestó su malestar porque los asistentes no celebraron con aplausos la quita de retenciones impulsada por su cartera. En ese gesto de genuino desagrado, el funcionario evidenció una incomodidad poco común: sintió como una traición circunstancial de clase, olvidando por un instante su investidura oficial para mostrarse como un empresario más herido en su orgullo gremial. Esa reacción pareció ignorar las reglas no escritas de los círculos de poder, donde quienes manejan los hilos nunca agradecen las concesiones recibidas, sino que exigen permanentemente mayores beneficios.
El enojo de Iraeta, condensado en aquella frase de «les dimos todo y todavía se quejan», guarda notables similitudes con los planteos que Caputo y el ministro desregulador Federico Sturzenegger han dirigido a los empresarios que, pese a acumular ventajas millonarias, se resisten a invertir. Estas situaciones exponen al Gobierno una verdad incómoda: el poder económico no se conforma con ese «algo» que el secretario mencionó en el video que se volvió viral en las redes. La elite empresarial aspira a obtenerlo todo, sin importarle si esa ambición desmedida compromete las posibilidades de supervivencia electoral del presidente Milei.
En el paquete de demandas del sector concentrado no solo figuran los estímulos fiscales ya concedidos. También impulsan con fuerza la idea de blindar a los gigantes corporativos del debate global y local sobre la imposición a las grandes fortunas. Ese debate recobró intensidad cuando el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, se negó a aceptar una carga tributaria mayor, una postura que recibió el respaldo explícito del Presidente y su ministro de Economía. El propio Fondo Monetario Internacional acompañó fácticamente esa posición al apoyar la reducción de retenciones, aunque con una sutil exigencia paralela: incrementar la presión fiscal sobre monotributistas y trabajadores alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
Mientras esta danza de intereses se desarrolla en las altas esferas, el resto de la población observa con creciente desazón cómo el Gobierno se enreda en una puja con las corporaciones por ver quién acumula mayores beneficios. Un revelador estudio del International Tax Observatory expone la magnitud de la distorsión: en la Argentina, el 50 por ciento de los hogares más empobrecidos destina el 30 por ciento de sus ingresos al pago de impuestos comunes, una cifra que supera en diez puntos porcentuales a la que abona la cúpula del uno por ciento más acaudalado del país.
El espejismo del crecimiento compartido
La discusión sobre una tributación equitativa representa la asignatura pendiente del debate acerca de cómo distribuir la renta generada por los proyectos que ingresan divisas. En el fondo, es el debate sobre el modelo de desarrollo deseado: cómo lograr que el crecimiento económico alcance también al 80 por ciento de la población que hoy atraviesa serias dificultades. La realidad actual es lapidaria: las exenciones impositivas que disfrutan los multimillonarios se financian con una presión fiscal creciente sobre los sectores más vulnerables, la clase media y los trabajadores ya castigados por el ajuste.
Los indicadores concretos trazan una trayectoria preocupante. A lo largo de la gestión libertaria, el ánimo empresarial transitó desde el entusiasmo inicial hacia una etapa de paciencia, para luego instalarse en la duda y finalmente desembocar en un estado de desconfianza que impulsa la búsqueda de alternativas de cara al 2027. Cualquiera sea el destino político de Milei, el plan del poder económico parece claro: no retirarse sin haber obtenido beneficios sustanciales. Y los logros ya son significativos. Consiguieron el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el denominado Súper RIGI, una reforma laboral a medida, un blanqueo de capitales generoso y ahora se lanzan en busca de nuevas conquistas.
Según se pudo reconstruir, existe un acuerdo político sellado entre el Gobierno, el PRO y las grandes empresas para concretar la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal. Esta iniciativa forma parte del plan sistemático de demolición normativa que Milei garantizó a los CEO, un proceso que, de consumarse, podría derivar en una concentración del poder privado sin precedentes en la historia argentina.
En las últimas jornadas se produjo un encuentro significativo entre un alto directivo de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) y la diputada del PRO Diana Fernández Molero. Sorpresivamente, junto a otro legislador amarillo, Alejandro Bongiovani, se manifestaron a favor de derogar una ley que la propia industria alimenticia había resistido inicialmente. Paralelamente, transmitieron al empresario de COPAL que el propio Milei dispone de un proyecto para eliminar la norma. En esas conversaciones quedó al desnudo una situación reveladora: los diputados macristas carecen de argumentos técnicos sólidos más allá de su alineamiento con los intereses corporativos para justificar la eliminación de los octógonos que informan sobre las propiedades nutricionales de los productos alimenticios. En esencia, representan en el Parlamento los intereses privados para atacar una norma de salud pública que, pese a sus imperfecciones, resulta necesaria.
La excusa alternativa esgrimida sería que la Argentina se pliegue a un acuerdo más amplio en el marco del Mercosur. Ese es el Caballo de Troya del asunto: el bloque regional lleva tres años debatiendo el tema, y los propios legisladores que impulsan la derogación admiten que una eventual aprobación del etiquetado a nivel Mercosur demandaría no menos de cinco años adicionales, lo que en la práctica significa que nunca ocurriría.
El entramado de intereses detrás de esta ofensiva contra la ley incluye a sectores con mucho poder de lobby guiando las voluntades parlamentarias. El mayor impulso proviene de los diputados del PRO al servicio de las firmas de bebidas azucaradas como Coca Cola y Pepsico, las más perjudicadas en términos visuales por los octógonos, aunque cabe precisar que la caída en sus ventas se debe fundamentalmente a la crisis económica impulsada por Milei y no a la normativa de etiquetado. En un segundo nivel aparecen las empresas de golosinas como Arcor y Mondelez. Los menos entusiasmados son los productores de alimentos farináceos, aceiteros y viñateros, rubros que no tienen octógonos pero que, aun así, aspiran a la eliminación completa de la ley.
El corazón financiero y el bolsillo popular
Mientras tanto, las reuniones de Caputo con los empresarios adquieren ribetes de escenas extrañas, casi desconectadas de la realidad tangible. El ministro, que comienza a percibir con claridad que el ajuste perpetrado compromete las chances electorales del oficialismo de cara al 2027, interpela a los CEO sobre las razones de su resistencia a invertir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la consultora Ferreres han confirmado que no se registran desembolsos significativos, ni de capitales nacionales ni extranjeros. La respuesta de los empresarios es invariable: exigen nuevas rebajas impositivas. Y el ministro asiente, dejándose arrastrar por una lógica que no es la suya, aceptando jugar en la cancha de las corporaciones y bajo las condiciones que ellas imponen.
La escena más reveladora de esta dinámica ocurrió hace quince días, durante un encuentro que Caputo mantuvo con empresarios de diversos rubros. Luego de afirmar en público que la prensa difunde una crisis inexistente y que induce a la población a declarar que le va mal cuando no sería así, el ministro refrendó su teoría en el ámbito privado. Sostuvo ante los empresarios que Milei y él realizan un seguimiento «pormenorizado» de la performance periodística que demostraría que los medios críticos al Gobierno pierden audiencia. Incluso mencionó un ejemplo concreto que involucra a este diario: «El problema es que nos critica Página I12, y que no hay diferencias entre ellos, Clarín y La Nación». Los CEO lo observaron atónitos, sorprendidos por el nivel de paranoia exhibido en medio de una demanda económica desplomada. Caputo, imperturbable, continuó entusiasmado: «Vemos que los que nos critican caen en las métricas».
Más allá del evidente extravío del Gobierno en el diagnóstico de la crisis microeconómica, los pedidos de eliminación de impuestos al sector privado avanzan a una velocidad vertiginosa. La cuenta de X de Marcos Galperín resulta un termómetro perfecto para comprender la magnitud del problema: el empresario se queja de la democracia, se burla de la población que sufre la crisis y de los jubilados que no logran llegar a fin de mes, mientras sostiene que cobrarle más impuestos a él no solucionaría nada. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, expresó exactamente la misma idea semanas atrás.
Galperín se erigió como el empresario nacional más exitoso a partir de una idea genial financiada con capital ajeno. Se nutrió de fondos de SADESA, la curtiembre familiar, y de los subsidios estatales que aún continúa percibiendo. Paralelamente, se mudó a Uruguay para aliviar su carga fiscal e incrementó exponencialmente su fortuna durante la pandemia, cuando el confinamiento disparó las ventas online y Mercado Libre saltó de una valuación de 4 mil millones de dólares a más de 8 mil millones. «La batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado», escribió en su cuenta de X, presentándose como un perseguido por el fantasma de la redistribución.
Los datos empíricos demuestran que lo que Galperín y tantos otros esquivan resulta letal para cualquier esquema económico que aspire a que el 80 por ciento más empobrecido pueda vivir dignamente. El International Tax Observatory actualizó sus cifras sobre quiénes pagan cuántos impuestos en la Argentina y la región. Su trabajo titulado «Progresividad Fiscal y Desigualdad: Tributación Mínima de Individuos de Alto Patrimonio en América Latina y el Caribe» precisa que América Latina se mantiene sistemáticamente entre las regiones más desiguales del planeta. El diez por ciento superior capta alrededor del 60 por ciento del ingreso nacional, una proporción comparable únicamente a la observada en Oriente Medio y Norte de África, y muy superior a la de Europa, América del Norte o Asia Oriental. La mitad inferior de la población recibe apenas un 7 por ciento del ingreso total, mientras que el uno por ciento superior concentra aproximadamente el 25 por ciento del ingreso, ubicándose por encima de los niveles observados en otras regiones.
¿Qué ocurre específicamente en la Argentina? El informe señala como primera observación el elevado nivel de tributación que enfrenta la mitad inferior de la distribución en proporción a sus ingresos. En promedio, el 50 por ciento más pobre paga alrededor del 30 por ciento de tasa efectiva, ubicándose Brasil, Argentina y Costa Rica en el extremo superior de esta medición. Estos niveles reflejan principalmente el peso de los impuestos al consumo, que recaen proporcionalmente más sobre los hogares de menores ingresos, y de las contribuciones a la seguridad social, que afectan sobre todo a los trabajadores de ingresos medios y bajos. Mientras todo esto ocurre, los sectores más acomodados abonan el 22 por ciento con ingresos infinitamente mayores que los de la población empobrecida.
El estudio aclara que el uno por ciento más rico está lejos de ser un grupo homogéneo: dentro de ese segmento conviven patrimonios que apenas superan el umbral del uno por ciento junto con fortunas que son centenares de veces mayores. Observar únicamente la tasa promedio de ese grupo oculta lo que realmente sucede en el vértice de la pirámide de riqueza.
Semáforo en rojo y camisetas de campeón
Mientras los ricos se resisten a contribuir más y Milei les reduce aún más sus obligaciones fiscales, la situación en la economía real se vuelve cada vez más delicada. En estos días, una comitiva de la Unión Industrial Argentina encabezada por su presidente Martín Rappallini recorrió la planta textil Intertrading. El nombre no resulta conocido para el gran público, pero esta empresa fabrica las camisetas de Boca Juniors, River Plate y la Selección Nacional. A pesar de su vínculo con el fútbol que generó la alegría del mundial, la compañía atraviesa serias dificultades en su actividad y se encuentra prácticamente sometida por la competencia de los textiles provenientes del sudeste asiático. Estas historias preocupantes se multiplican mientras Milei, Caputo y los aliados enviados por Mauricio Macri consolidan el poder de un puñado de privilegiados.
La propia Unión Industrial aportó un dato elocuente en su informe semanal al confirmar que la actividad volvió a contraerse en abril y que mayo no muestra mejorías. Elaboraron un semáforo sectorial comparando con el año 2022, considerado un ejercicio «normal» y sin ruido electoral. Los números son contundentes: los despachos de cemento registran una caída del 22,5 por ciento; la venta de materiales para la construcción se ubica un 30,3 por ciento por debajo; la producción de automóviles retrocede un 12 por ciento; la metalmecánica muestra una merma del 16 por ciento; el consumo eléctrico descendió un 4,6 por ciento; la producción de bebidas cayó un 15 por ciento respecto al 2022; y la liquidación de divisas del sector agropecuario se contrajo un 30,9 por ciento. Los datos, tozudos y elocuentes, hablan por sí mismos mientras el Gobierno se enreda en disputas bizantinas con los medios de comunicación y los empresarios siguen exigiendo más ventajas sin comprometerse a invertir.
