La administración libertaria confía en plasmar su primera huella en la magistratura tras superar un espinoso episodio que enfrentó a Patricia Bullrich con los hermanos Milei. Mientras se descarta por el momento la polémica candidatura de María Verónica Michelli, la cámara alta se apresta a deliberar sobre un vasto lote de aspirantes a jueces, fiscales y defensores, en una jugada que busca dejar atrás las recientes tormentas políticas.
En las últimas horas, el ánimo en la Casa Rosada ha experimentado un giro hacia el optimismo contenido. La fuente de esta renovada esperanza presidencial reside en la posibilidad cierta de concretar, finalmente, la primera designación propia en el seno del sistema de justicia, un anhelo largamente acariciado por el mandatario desde su asunción. La instancia definitoria tendrá lugar este jueves en el recinto del Senado, donde se someterán a tratamiento un total de cincuenta expedientes que contienen las propuestas para ocupar vacantes en tribunales orales, ministerios públicos y defensarías oficiales. La estrategia gubernamental apunta a cicatrizar las heridas de una crisis reciente que estalló luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, saliera en respaldo de una aspirante a jueza a quien el propio Presidente ya había descartado de manera tajante.
El origen de la última convulsión interna en La Libertad Avanza se condensa en un nombre propio: María Verónica Michelli. Esta abogada, postulada para integrar el Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata, se convirtió en el epicentro de un terremoto político menor pero significativo. La decisión de los hermanos Karina y Javier Milei de anular su postulación se produjo tras conocer un vínculo familiar que resultó letal para su aspiración: Michelli es cuñada del reconocido periodista Hugo Alconada Mon, corresponsal del diario La Nación, hacia quien el primer mandatario no oculta una manifiesta antipatía. El episodio puso en evidencia las cuerdas sensibles del oficialismo, donde las lealtades y las rencillas personales parecen pesar tanto como los cálculos institucionales.
Afortunadamente para la calma oficial, el espinoso caso Michelli no será materia de debate en la sesión convocada para las próximas horas. Fuentes legislativas anticiparon que la situación podría retomarse recién durante la semana entrante. Cuando eso ocurra, la discusión promete ser álgida: se dirimirá si la candidata logra reunir la mayoría simple de voluntades que le permita superar el filtro de la Cámara Alta, y, en caso afirmativo, cuál será la reacción posterior del Ejecutivo. En el entorno gubernamental se cubren las espaldas advirtiendo que, incluso si el Senado le diera el visto bueno, el jefe del Estado conserva la potestad constitucional de no rubricar el decreto que formalizaría su nombramiento. El propio Javier Milei reforzó esta postura al retransmitir un mensaje del exmagistrado Carlos Manuel Rojas, quien justificó la decisión de marcha atrás con un argumento de neto corte legalista: “Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”.
La conformación definitiva de la lista que ingresará al recinto fue motivo de intensas deliberaciones hasta entradas las horas de la tarde del miércoles. El número redondo de cincuenta pliegos constituye un lote significativo, aunque no menor es el dato de que otras veinte candidaturas, que ya habían superado la instancia de la Comisión de Acuerdo, no llegarán al pleno en esta oportunidad, postergando así su definición. Entre los ausentes más notorios figura el nombre de Emilio Rosatti, vástago del presidente de la Corte Suprema, cuyo expediente para ocupar un tribunal oral en Santa Fe generó una ola de controversia incluso antes de que irrumpiera en escena Michelli. La postulación del joven Rosatti provocó chispas en lo más alto del Palacio de Tribunales: los colegas de su padre, los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presentaron una acordada para endurecer los mecanismos de selección de magistrados en un momento que no pareció casual, justo cuando avanzaba la nominación del hijo del titular del máximo tribunal.
En paralelo a esta interna palaciega, el Senado sí dará curso a otras postulaciones para el mismo tribunal platense. Entre ellas sobresalen las de María Julia Sosa y Carlos Fabián Cuesta, quienes competían junto a Michelli por un lugar en ese cuerpo judicial que, paradójicamente, aún no ha sido formalmente creado. Sosa, secretaria del juzgado federal número 10 de Comodoro Py, es reconocida como la mano derecha del magistrado Julián Ercolini. También se votarán los nombres de Claudio Ricardo Silvestri y Pablo Ezequiel Wilk para los tribunales orales de La Plata. Este último, secretario del juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, arrastra una historia controversial: esa dependencia judicial estuvo bajo la lupa por su rol protagónico en la detención del dirigente gremial Juan Pablo “Pata” Medina, en el marco de lo que se denunció como una suerte de “Gestapo” antisindical, una trama que habría involucrado a jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, funcionarios de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y empresarios.
El afán del Gobierno por poblar de nombres afines los estrados no se limita a los tribunales orales. También apunta a la Cámara Federal de La Plata, donde buscan designar a Laureano Durán y Emilio Santiago Faggi, ambos funcionarios actuales de esa misma cámara de apelaciones. Durán adquirió notoriedad pública en diciembre de 2014, cuando el Consejo de la Magistratura lo habilitó, en su calidad de secretario, para subrogar el Juzgado Federal número 1 de La Plata, un fuero con competencia electoral particularmente sensible. Es hijo de Alberto Durán, un extintocamarista ya fallecido. Otra pieza clave en el tablero es Ana Juan, propuesta como jueza federal de Hurlingham. Esta secretaria de la Cámara Federal de Comodoro Py está casada con Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que tiene a su cargo la investigación de la causa conocida como “$LIBRA”. Su pliego, que originalmente había sido enviado por el expresidente Alberto Fernández, fue retirado por Milei al comienzo de su gestión y ahora reaparece en el centro de la escena.
La nómina de aspirantes a ser examinados por el pleno incluye asimismo al fiscal Javier Arzubi Calvo, candidateado para ocupar un sitial como juez en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Este funcionario acumula años de labor en el juzgado federal de Ariel Lijo, otro nombre de peso en el ecosistema judicial porteño. La cámara alta también votará varias postulaciones destinadas a la Cámara Civil, así como el nombre de Juan Andrés Moldes, propuesto como fiscal de primera instancia en el fuero penal económico. Moldes es hijo del extinto fiscal Germán Moldes, quien en su momento fue considerado uno de los pesos pesados de Comodoro Py, lo que subraya un patrón recurrente: muchas de las candidaturas remiten a linajes judiciales o políticos ya establecidos.
Desde las filas del oficialismo se filtró que, además de estos cincuenta expedientes que tomarán estado parlamentario en la sesión, el Presidente se prepara para enviar al Senado otras cuarenta y cinco nominaciones en los próximos días, lo que evidencia un plan sistemático de ocupación de las vacantes judiciales. Este aluvión de postulaciones, sin embargo, ha destapado todo tipo de rencillas domésticas dentro del propio espacio gobernante. Fuentes consultadas describen un escenario de listas negras, vetos cruzados y operaciones subterráneas que enfrentan a los sectores más influyentes del libertarismo: por un lado, el núcleo duro conformado por Karina Milei y el asesor estrella Santiago Caputo; por el otro, la facción liderada por la ministra Patricia Bullrich. La pulseada por el control del futuro perfil de la justicia federal es, en el fondo, una lucha por el poder real dentro de la alianza gobernante.
Hasta el presente, el mandatario no ha podido anotarse ningún nombramiento efectivo y propio en el poder judicial, más allá de dos maniobras que generaron controversia: el intento fallido de designar jueces de la Corte Suprema sin el consentimiento del Senado, y las prórrogas otorgadas a magistrados que ya superaron los setenta y cinco años de edad, el límite que la Constitución nacional establece para el ejercicio de la judicatura. La sesión de este jueves, por lo tanto, se presenta como una prueba de fuego para determinar si el Gobierno logra finalmente imprimir su sello en un poder que hasta ahora se le ha mostrado esquivo, o si las internas y los traspiés personales seguirán frustrando sus aspiraciones. El resultado de esa votación no solo llenará o no vacantes; también enviará una señal clara acerca de la capacidad de los Milei para imponer disciplina en sus propias filas y en el Senado, una cámara donde la oposición y los propios aliados suelen moverse con agenda propia.
