El vocero presidencial y Betina Angeletti solicitaron ampararse en la controvertida ley que permite omitir la justificación del incremento patrimonial. La decisión surge en vísperas de la presentación de su declaración jurada, cuando aún persisten interrogantes sobre la adquisición de un inmueble en Caballito, la remodelación de una vivienda en un country y desembolsos siderales con tarjetas de crédito.
En un movimiento que despertó todas las sospechas que la normativa prometía sepultar, el portavoz gubernamental Manuel Adorni y su esposa, Betina Angeletti, solicitaron formalmente quedar resguardados por el paraguas de la ley 27.799, conocida bajo el eufemístico rótulo de “Inocencia Fiscal”. El mecanismo, impulsado por el diputado José Luis Espert y bendecido con fervor por el presidente Javier Milei, fue concebido en teoría para liberar a los ahorristas del acoso estatal. En la práctica, sin embargo, se ha convertido en un escudo perfecto para que ciertos funcionarios eviten revelar el origen de bienes que, hasta el momento, no logran justificar.
Los registros accesibles en el sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, confirman que el nueve de junio pasado ambos cónyuges adhirieron al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en esa ley. Lo hicieron antes de que Adorni presentara su postergada declaración jurada patrimonial, un documento que, según las filtraciones que circulan en los despachos oficiales, promete ser una pieza de antología digna del Museo de Bellas Artes por las omisiones que exhibiría.
El trasfondo de esta solicitud resulta imposible de disociar de los enigmas financieros que rodean a la pareja. A la fecha, ni Adorni ni Angeletti han podido esclarecer de manera convincente una serie de operaciones que levantan más de una ceja en el ámbito tributario. Se trata de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito con apenas treinta mil dólares de aporte propio más una hipoteca de doscientos mil dólares otorgada por dos personas jubiladas, una concesión crediticia cuanto menos singular. A eso se suma la refacción de una vivienda en el country Indio Cuá, cuyo costo alcanzó los doscientos cuarenta y cinco mil dólares. Los desplazamientos tampoco fueron modestos: vacaciones en Punta del Este, Aruba y el Llao Llao hotel por un valor superior a los treinta mil dólares. Y el dato más llamativo: los consumos documentados en sus tarjetas de crédito durante 2025 superaron los ochenta millones de pesos, una cifra muy por encima del sueldo declarado de Adorni como funcionario.
Lo que la ley de Inocencia Fiscal ofrece, en esencia, es una vía de escape magistral. Tal como lo definió con entusiasmo el propio Javier Milei al momento de su aprobación, la norma “blinda para siempre” a los ciudadanos que se acojan al régimen simplificado, permitiéndoles tributar Ganancias únicamente sobre lo facturado en el ejercicio fiscal, sin que la variación patrimonial o el nivel de consumo personal tengan incidencia alguna en el cálculo. En otras palabras, un crecimiento desmedido de los bienes o un derroche en gastos suntuarios pueden quedar completamente fuera del radar fiscal. El mandatario celebró aquella vez que la iniciativa venía a “reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante cuarenta años”, y prometió que ningún gobierno futuro podría arrebatarles esos ahorros a “los argentinos de bien”. Adorni, en la jerga libertaria, encaja en esa categoría. La paradoja es mayúscula: resulta complicado definir como “ahorros” lo que aún no se ha podido explicar.
Un detalle no menor es que la ley no exceptúa a las denominadas Personas Expuestas Políticamente (PEP), categoría en la que Adorni encaja sin discusión por su rol de vocero presidencial y jefe de Gabinete de facto. Así, el blindaje alcanza también a los propios servidores del Estado, generando un incentivo perverso para que, en lugar de transparentar su patrimonio, opten por silenciar cualquier rastro inconveniente bajo el manto de la “inocencia”.
La secuencia de mensajes del propio Adorni en redes sociales adquiere hoy riboles proféticos. Cuando la ley fue sancionada, el funcionario escribió que se trataba “probablemente de una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país” y que nadie alcanzaba a dimensionar su real trascendencia. El tiempo le dio la razón, aunque no exactamente en el sentido que sus seguidores imaginaban: la verdadera dimensión era la de su utilidad personal. Semanas después, ya reglamentada la norma, exclamó: “Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo”. También posteó: “Entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal que le devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”. Hoy, él y su mujer demuestran que no desean dar explicaciones a nadie, especialmente sobre el extraordinario incremento de su patrimonio desde que el vocero asumió su cargo en el gobierno.
La jugada, consumada el nueve de junio, tiene una lectura clara en los círculos especializados: antes de que la declaración jurada exponga las inevitables contradicciones entre ingresos y bienes, la pareja optó por un refugio legal que vuelve irrelevante cualquier comparación. Pagarán Ganancias por lo que facturaron y listo; el resto —el departamento, la casa en el country, los viajes de lujo, las tarjetas desbocadas— quedará flotando en una zona de opacidad permitida. El presidente Milei invitó a todos los argentinos a adherirse al nuevo régimen para disponer de sus ahorros “de manera segura PARA SIEMPRE”. Su vocero principal le hizo caso. Quizás demasiado.
