La administración nacional abandonó la exigencia de retirar la demanda judicial a cambio de una pauta inferior a la ley, allanando el camino para un incremento escalonado del 24% en salarios y una recomposición de fondos para hospitales y becas. Sin embargo, versiones cercanas a la negociación sugieren una posible concertación con la Corte Suprema para demorar un fallo clave.
En un giro inesperado que reconfigura el tenso vínculo entre el poder político y la educación pública, el Gobierno nacional y las universidades lograron acercar posturas tras semanas de idas y vueltas. La Casa Rosada decidió retirar una condición que hasta hacía pocos días resultaba un escollo infranqueable: la exigencia de que las casas de altos estudios desistieran de la acción judicial iniciada por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario a cambio de un aumento salarial por debajo de lo estipulado por la norma. De esta forma, el Ejecutivo se prepara para rubricar un acuerdo que, aunque todavía no está plasmado en papel, ya genera expectativas y resquemores dentro del arco académico.
La propuesta actual, lejos de aquel planteo rechazado por los rectores, contempla una recomposición del 24% para los estipendios de docentes y personal no docente, desglosada en dos segmentos: un 21,3% con efectos desde junio y un complemento del 3% a aplicarse en septiembre. El primer tramo tendrá un impacto directo en el Sueldo Anual Complementario, cuyo cobro se efectivizará a comienzos del mes entrante junto con la remuneración de junio. Este punto es considerado central por los gremios y las autoridades universitarias, ya que licua parcialmente la abrupta pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos ciclos inflacionarios.
Además del capítulo salarial, el entendimiento incluye una actualización del 20% en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento y mantenimiento. Dentro de ese rubro se contempla una inyección extraordinaria de aproximadamente 50 mil millones de pesos para los Hospitales Universitarios, centros asistenciales que arrastran una deuda de 80 mil millones de pesos en lo que va del año. Asimismo, se prevé un aumento del 50% para las Becas Belgrano, un estímulo mensual orientado a alumnos regulares que cursan las denominadas carreras estratégicas y que permanecía congelado en 81.685 pesos desde hace más de dos ejercicios presupuestarios.
La firma del documento, según fuentes al tanto de la agenda oficial, se concretaría mañana al mediodía. Inmediatamente después se daría inicio a una nueva etapa de discusión paritaria, que en lo sucesivo debería celebrarse con una periodicidad trimestral y tomando como piso el índice de precios al consumidor. Este mecanismo busca evitar que los salarios vuelvan a rezagarse frente a una economía de alta volatilidad.
Hasta la semana precedente, en el encuentro mantenido entre Alejandro Álvarez —subsecretario de Políticas Universitarias— y dos rectores de universidades nacionales del interior, el Gobierno mantenía firme la condición del retiro de la demanda en la Corte Suprema por el cumplimiento de la ley sancionada en agosto de 2025. Aquel requisito, calificado por las casas de estudio como “inaceptable”, desapareció de la mesa de negociación sin mayores explicaciones oficiales. Este vacío comenzó a ser llenado con especulaciones en los pasillos académicos y judiciales.
“Supongo que es un arreglo del Gobierno con la Corte. Le habrán sugerido ‘acuerda y sácame presión, mientras yo dilato el fallo’. De otro modo no encuentro lógica”, deslizó a este diario una fuente con acceso directo a las conversaciones. Otro de los asistentes a las tratativas consideró que esa hipótesis “es verosímil”, aunque matizó: “la Corte tampoco puede postergar la sentencia eternamente”. La sospecha de un pacto implícito entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal recorre los claustros, máxime cuando el Gobierno ha reiterado su rechazo a la ley de financiamiento a pesar de que el Congreso haya revertido el veto presidencial en ambas cámaras.
Desde el sector universitario, no obstante, prefieren avanzar con cautela. “El Ejecutivo suele ser imprevisible y cambiar de parecer en el último instante”, advirtieron voceros del ámbito académico. Aunque continuarán reclamando el 25% restante que permitiría compensar íntegramente el atraso salarial, reconocen que un incremento del 21,3% con incidencia en el aguinaldo representa un avance significativo, sobre todo si se compara con las magras pautas paritarias del 1,5% que venían registrándose en otros sectores.
La fotografía financiera de las universidades sigue siendo, sin embargo, alarmante. Desde la asunción de Javier Milei, el presupuesto universitario se contrajo un 35% en términos reales, y todo indica que podría alcanzar una caída del 45% hacia finales del ejercicio si no se introducen correctivos, tomando como referencia la inflación proyectada por el Relevamiento Mensual de Expectativas del Banco Central. Para el corriente año, el presupuesto asignado asciende a 4,8 billones de pesos, una cifra muy alejada de los 7,3 billones que las instituciones educativas estiman como necesarios para garantizar un normal desenvolvimiento de sus actividades.
La génesis del conflicto se remonta a agosto de 2025, cuando el Congreso sancionó por amplia mayoría la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha norma establecía la recomposición del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, devolviéndolos a los niveles de noviembre de 2023 con base en la evolución inflacionaria, y disponía paritarias periódicas con el IPC como suelo. El presidente Milei vetó la ley, el Congreso insistió y volvió a sancionarla, pero el Gobierno optó por desacatar la norma. Las universidades recurrieron a la Justicia, obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, y el mandatario continúa en situación de desacato.
El ahorro fiscal que el Gobierno obtiene por cada mes de incumplimiento no es menor. El costo de implementar plenamente la Ley de Financiamiento representa el 0,2% del Producto Bruto Interno, unos 1400 millones de dólares anuales —una cifra similar a la que las grandes agroexportadoras embolsaron por la quita de retenciones en septiembre del año pasado—. Al no aplicar la norma de manera retroactiva, el Poder Ejecutivo acumula un ahorro mensual superior a los 100 millones de dólares. Esos recursos contribuyen a apuntalar un superávit fiscal que, como admitió el propio Fondo Monetario Internacional en su última revisión técnica, se encuentra amenazado por la baja recaudación y el peso de los intereses de la deuda. Incluso si la Corte Suprema dictaminara en breve, los salarios y los presupuestos recuperarían los niveles previos al recorte, pero jamás podrían subsanar lo perdido durante 31 meses consecutivos de deterioro sostenido.
