El vocero presidencial mostró en televisión un papel con un código QR como prueba de una inversión en Bitcoin de 2014 que le habría reportado 300.000 dólares de ganancia, pero ni la Oficina Anticorrupción ni los peritos independientes hallaron rastros consistentes de esa fortuna. Especialistas califican el relato como “una cortina de humo” mientras la justicia retrocede hasta 2012 para seguir la pista de sus ingresos reales.
El documento parecía inofensivo: un trozo de papel con un código impreso que Manuel Adorni desempolvó revolviendo papeles viejos en su vivienda. Frente a las cámaras de televisión, el funcionario lo exhibió como un trofeo, la prueba física de una audaz operación con Bitcoin realizada en 2014. Según su relato, aquella vez invirtió 200.000 dólares y cosechó una diferencia extraordinaria de 300.000 dólares, engordando así un colchón de medio millón de dólares no declarados que, a su criterio, explica la adquisición de propiedades en los últimos dos años, las refacciones integrales de las mismas, los viajes de lujo y los consumos con tarjeta de crédito que de otro modo resultarían difíciles de equiparar con sus ingresos oficiales.
Sin embargo, esa narrativa choca de frente con la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). En las rectificaciones de sus declaraciones juradas, el jefe de gabinete consignó partidas vinculadas a activos digitales por sumas que los analistas financieros consideran incongruentes y notablemente deficitarias en cuanto a detalles. No existe, hasta el momento, ningún elemento que permita confirmar de manera fehaciente que aquellas operaciones hayan sido realizadas por él. El programador Maximiliano Firtman fue contundente al describir toda esta construcción teórica sobre el ahorro en monedas virtuales como “una bomba de humo”.
Los escollos legales y la opacidad del relato se multiplican a cada paso. ¿Por qué el vocero optó por hablar de una especulación con criptomonedas en lugar de alegar, por ejemplo, un préstamo personal? Los especialistas advierten dos ventajas para su estrategia: primero, la complejidad del tema dificulta su comprensión por parte del público general; segundo, este laberinto tecnológico promete alargar la pesquisa judicial y posiblemente enfrentarla con obstáculos técnicos difíciles de sortear. El fiscal Gerardo Pollicita ya ordenó retroceder hasta el año 2012 para reconstruir los ingresos de Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, un período anterior incluso a la fecha en la que el funcionario sitúa su mítico desembarco en el mundo Bitcoin. En ese recorrido, el investigador se topará con labores como vendedor de automóviles, tareas administrativas en el Ministerio de Cultura entre 2017 y 2018, y una posterior etapa en medios de comunicación, donde coincidió con figuras como Baby Etchecopar y Marcelo Grandío —este último, recordado por haberle costeado un vuelo privado a Punta del Este—. La fiscalía también ha solicitado información a los organismos de recaudación y previsión social, así como una valuación histórica de los Bitcoins que el funcionario asegura haber poseído.
Resulta especialmente revelador revisar las propias palabras que Adorni pronunció años atrás. En aquel entonces elogió las bondades del Bitcoin, que según sus propios dichos se había apreciado un 330 por ciento en 2020 hasta alcanzar los 40.000 dólares. Subrayó entonces una característica que hoy adquiere una dimensión incómoda: “Tiene la ventaja de que es anónima y de que nadie, nadie le puede perseguir las transferencias y los estados no pueden seguirle los movimientos”. Esa misma lógica pareció guiar su intervención del miércoles por la noche, cuando en una entrevista anunció la presentación de su declaración ante la OA y confesó poseer ahorros en cripto por medio millón de dólares que deliberadamente mantuvo en la informalidad para “escaparse de la vieja política”. En el universo ideológico de Javier Milei, quien evada impuestos se convierte en un héroe. Amparado en la llamada inocencia fiscal y en el régimen simplificado de ganancias —una norma impulsada por el gobierno actual—, el funcionario además reconoció dinero no declarado con la comodidad de que el ente recaudador no le exige explicar su procedencia.
El papel mostrado en LN+ corresponde a una cold wallet, una billetera fría que almacena claves de acceso a criptomonedas sin necesidad de conexión a Internet. Su diseño era característico de los años 2013 y 2014, la época en que Adorni sitúa su inversión inicial, cuando aún se desempeñaba, según sus dichos, en la actividad privada. Pero las contradicciones no tardaron en emerger. El ingeniero Fernando Molina sometió a análisis esa billetera y descubrió que posee un saldo cercano a los 60.000 dólares, no los 500.000 que esgrime el funcionario. Además, ese monto no aparece reflejado de manera clara en las rectificaciones de las declaraciones juradas, o si está presente, resulta imposible individualizarlo. Molina advirtió sobre otra cuestión de fondo: por ahora no existe manera de certificar que esa billetera realmente le pertenezca a Adorni. Dado que la cadena de bloques es pública, cualquier persona podría seleccionar una wallet que encaje con las fechas requeridas. La justicia podría exigirle una prueba irrefutable de propiedad. Otros expertos como Santiago Siri aventuraron la hipótesis de que alguien podría haberle facilitado una clave privada para simular la pertenencia de una billetera usada en aquel entonces y luego abandonada. Otra alternativa, ante un eventual pedido de explicaciones, sería que el funcionario alegue haber extraviado la clave. Hasta ahora, no ha ofrecido ningún dato que demuestre que los fondos alojados en esa wallet sean suyos.
Un detalle adicional agrega más espesor al misterio: esa billetera específica interactuó con Bitfinex, un exchange (equivalente a un banco para criptomonedas) donde sí sería posible identificar si Adorni inyectó o retiró fondos. Tal vez de allí surja alguna aproximación a la verdad. Pero las preguntas se acumulan: si obtuvo ganancias por 300.000 dólares, ¿dónde está el comprobante de la operación? ¿Cómo y a través de qué entidad convirtió ese capital en el dinero que finalmente declara? Y antes aún: ¿de dónde extrajo los 200.000 dólares que supuestamente invirtió? ¿Acaso de lo que encontró tras el fallecimiento de su padre? Esto último choca con un tuit previo del propio Adorni, donde afirmaba que su padre los había dejado endeudados a él y a su hermano. Y desde entonces, según su relato, compró Bitcoin.
Varios especialistas salieron al cruce después de la entrevista televisiva para recordar que en 2014 no era común realizar inversiones de 200.000 dólares en Bitcoin. Una operación de ese calibre era considerada de altísimo riesgo. Martín Romeo, querellante en la causa por la criptomoneda $LIBRA, fue lapidario: “Era delirante en ese momento poner ese monto porque ni siquiera había mercado para eso. Bitcoin no se creó como reserva de valor, sino para hacer pagos”. A todo esto se suman las entrevistas en las que Adorni declaró públicamente en 2021 y 2022 que en 2014 no poseía grandes conocimientos sobre Bitcoin y que tampoco lo consideraba una forma de inversión, pues para ese fin prefería las criptomonedas estables —aquellas que no fluctúan en su valor—, como el dólar cripto.
Las rectificaciones presentadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción desde que ingresó a la función pública incluyen tres partidas donde consigna “monedas digitales, monedas virtuales, criptoactivos o similares en el país”. En una de ellas menciona “cripto Binance”, sin aclarar de qué moneda se trata, y la valúa en 8.875.938 pesos; otra reza “cripto Lemon”, también sin especificar el activo, por 2.098.865 pesos; y la última dice “cripto BTC” —presumiblemente Bitcoin— por 861.584 pesos. En todos los casos aparecen montos que se presentan como supuestos equivalentes en dólares, aunque sin claridad al respecto. Romeo realizó un rápido cálculo: si con 200.000 dólares hubiera comprado 2.130 Bitcoins y los hubiera vendido en 2021 —tal como sugiere su declaración—, habría obtenido 62 millones de dólares; en el pico de ese año, 147 millones de dólares. “Para que le dé la cuenta, tenía que haber comprado en 2013 y vendido al año siguiente para que el número sea 500.000 dólares. Algo no cierra”, sentenció. En su presentación de 2025, el funcionario consigna la “venta de activos” por 400 millones de pesos.
Más allá de las inconsistencias numéricas, Adorni se planta en una posición que considera sólida: fueron ingresos en negro, y tal vez confía en que no debe explicarlos. Resta esperar la interpretación que haga la fiscalía de este laberinto de declaraciones, billeteras fantasma y ganancias extraordinarias que, por ahora, solo existen en sus palabras.
