Martín Romeo, uno de los querellantes en la investigación por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda LIBRA, anunció que impulsará una denuncia penal contra el fiscal Eduardo Taiano. Lo acusa de actuar en favor de los investigados, de ocultar pruebas relevantes y de obstaculizar el avance de una causa que continúa generando fuertes repercusiones políticas y judiciales.
La causa judicial que investiga el escándalo de la criptomoneda LIBRA sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Martín Romeo, uno de los principales querellantes del expediente, anunciara la presentación de una denuncia por encubrimiento contra el fiscal federal Eduardo Taiano, responsable de llevar adelante la investigación. La decisión profundiza las críticas que desde hace meses recaen sobre el desempeño del funcionario judicial y reaviva el debate sobre la falta de avances concretos en un caso que mantiene bajo presión al Gobierno nacional.
A través de una publicación en la red social X, Romeo cuestionó duramente la actuación de Taiano y sostuvo que el representante del Ministerio Público se comportó más como un defensor de los acusados que como un servidor público encargado de esclarecer los hechos. Según expresó, durante casi dos años de trámite judicial no se realizaron medidas de prueba fundamentales, no se convocó a declarar a las partes involucradas y se habrían retenido elementos probatorios que resultaban de interés para la querella.
El denunciante también aseguró que existieron maniobras destinadas a perseguir a periodistas que investigaban el caso y difundían información relacionada con la presunta maniobra fraudulenta. En ese sentido, afirmó que determinadas conductas observadas durante el desarrollo de la investigación representan un grave perjuicio para la institucionalidad democrática y anticipó que continuará impulsando acciones judiciales para determinar responsabilidades.
La figura de Taiano ya había quedado bajo la lupa meses atrás dentro de la comisión parlamentaria creada para analizar las derivaciones del denominado “caso LIBRA”. El pasado 1 de abril, un grupo de legisladores nacionales pertenecientes a distintos bloques opositores presentó una denuncia penal contra el fiscal por presunto mal desempeño y por la supuesta violación de los deberes inherentes a su función pública.
En aquella presentación, los diputados sostuvieron que existieron demoras injustificadas en la producción de pruebas clave para el esclarecimiento de los hechos. Además, señalaron que se habrían retenido y ocultado elementos de prueba que debían estar a disposición de la parte querellante, circunstancias que, según los denunciantes, afectaron la transparencia y la eficacia de la investigación.
La acción judicial fue impulsada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, representantes de la Coalición Cívica; Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade, integrantes de Unión por la Patria; y Esteban Paulón, perteneciente al espacio Provincias Unidas. La convergencia de dirigentes de distintos sectores políticos reflejó la magnitud de las dudas planteadas en torno al desarrollo de la causa.
El origen del escándalo se remonta al 14 de febrero de 2025. Aquella tarde, alrededor de las siete, el presidente Javier Milei difundió a través de su cuenta de X información relacionada con el lanzamiento del token asociado a la criptomoneda LIBRA. La iniciativa generó una rápida reacción en el mercado y provocó una fuerte suba de su cotización en cuestión de minutos. Sin embargo, el valor del activo digital se desplomó poco después, ocasionando pérdidas millonarias a miles de inversores y dejando un perjuicio económico que, según distintas estimaciones, alcanzó cientos de millones de dólares.
Desde entonces, el caso se transformó en una de las controversias más sensibles para la administración nacional. Aunque Milei sostuvo reiteradamente que no promocionó la criptomoneda sino que simplemente difundió información sobre ella y que lo hizo a título personal, diversos informes periciales incorporados al expediente concluyeron que su participación fue un elemento central dentro de la operatoria. Entre otros aspectos, los estudios técnicos remarcaron que el mandatario contaba con acceso a un token que había sido creado apenas minutos antes de la publicación que desencadenó la operación.
Mientras las acusaciones continúan acumulándose y crecen los cuestionamientos sobre el desempeño de la fiscalía, la investigación avanza con lentitud y aún no ha logrado despejar las principales incógnitas que rodean al caso. A casi un año y medio del estallido del escándalo, la causa exhibe escasos movimientos procesales y suma nuevas controversias que ahora alcanzan directamente al fiscal encargado de conducirla.
La denuncia anunciada por Romeo podría abrir un nuevo frente judicial y profundizar la presión sobre Taiano, cuya actuación ya es objeto de observación tanto en los tribunales como en el ámbito político. En un expediente que combina intereses económicos, repercusiones institucionales y derivaciones de alcance nacional, el reclamo por mayores avances y definiciones judiciales continúa creciendo mientras persisten las dudas sobre uno de los episodios más resonantes vinculados al universo de las criptomonedas en Argentina.
