En una maniobra desesperada por ganar tiempo, la Casa Rosada logró postergar la interpelación a Guillermo Adorni hasta julio, aunque el acuerdo cosechado con los bloques dialoguistas llega con vencimiento incluido. La oposición, con los votos necesarios para la censura, le otorga una prórroga de siete días al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si sacrifica a su funcionario o enfrenta un terremoto político sin precedentes.
El tablero político argentino amaneció una vez más con la Casa Rosada ejerciendo su poder de fuego sobre el Congreso, en un nuevo capítulo de la tensión recurrente que el Gobierno mantiene con el Poder Legislativo. Sin embargo, lo que a simple vista parecía una demostración de fortaleza ejecutiva no fue más que una hábil, aunque frágil, jugada para esquivar un golpe demoledor: la posible destitución de su jefe de Gabinete, Guillermo Adorni, en tiempo récord.
La jornada del miércoles se convirtió en un escenario de negociaciones vertiginosas, donde el oficialismo optó por paralizar la actividad en la Cámara Alta antes que exponer a su cuestionado funcionario a un debate que, según todas las previsiones, habría culminado con su salida forzada del cargo. La estrategia de los libertarios, consistente en dejar caer el debate legislativo que ellos mismos habían impulsado para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tuvo como objetivo principal evitar que prosperara la iniciativa del peronismo que buscaba la remoción inmediata de Adorni. De esta manera, el oficialismo consiguió un respiro, aunque efímero, trasladando la sesión para el 25 de junio y fijando la interpelación para el 2 de julio, fecha en la que el pleno evaluará sus explicaciones y, de no ser satisfactorias, se someterá a votación la moción de censura.
La decisión de desactivar la ofensiva opositora se gestó en las entrañas del poder, donde la Casa Rosada desplegó una estrategia de doble filo. Por un lado, filtró a los bloques aliados que los días de Adorni dentro del gabinete estaban contados, sembrando la expectativa de una salida voluntaria. Sin embargo, en una muestra de cinismo que irritó a propios y extraños, el presidente Javier Milei se encargó de alimentar las versiones más contradictorias al compartir en sus redes sociales la actividad del jefe de Gabinete, como si nada estuviera ocurriendo, en una suerte de burla explícita hacia quienes exigían su cabeza.
Fue Patricia Bullrich, al frente de las negociaciones políticas, quien tomó el timón para intentar calmar las aguas. La ministra de Seguridad, con la autoridad que le confiere su rol de articuladora con los sectores dialoguistas, pidió una semana más de plazo a los legisladores, y la oposición, quizás confiada en que el desgaste del funcionario era irreversible, decidió conceder esa prórroga. Los aliados, sin embargo, dejaron en claro que su preferencia es que sea el propio Ejecutivo el que se deshaga de Adorni para evitar el desgaste de un juicio político, pero advirtieron que la paciencia se ha agotado y que el plazo es perentorio.
El clima en el Congreso era de máxima tensión. La nota que Adorni remitió a la vicepresidenta Victoria Villarruel el martes, minutos antes del inicio del partido debut de la selección argentina, autoinvitándose a la Cámara Alta para el 2 de julio con el fin de brindar su demorado informe de gestión, no hizo más que evidenciar la precariedad de su situación. Desde el radicalismo, el diagnóstico fue lapidario: la permanencia de Adorni al frente del Ministerio de Coordinación es “insostenible”, un veredicto que encendió todas las alarmas en la Casa Rosada. El temor del oficialismo es fundado, ya que la Unión Cívica Radical, con sus nueve legisladores en el Senado, tiene la llave para dar por terminada la gestión de Adorni si se suma a la iniciativa del peronismo, un escenario que se vislumbraba como inminente.
Paralelamente, el PRO, con Mauricio Macri desde Estados Unidos disfrutando del Mundial de fútbol, también salió a presionar con dureza. El diputado macrista Fernando de Andreis fue contundente al sostener que Adorni no debería permanecer un día más en el cargo, en sintonía con su par en el Senado, Martín Goerling, quien fue el primero en explicitar que su bloque acompañará tanto la interpelación como la remoción del exvocero presidencial. De esta manera, la oposición se presentaba unida y con los votos necesarios para ejecutar la censura.
Frente a este panorama adverso, la administración Milei, que durante el fin de semana había desestimado la posibilidad de una remoción por vía parlamentaria, recién activó sus gestiones el martes. Diego Santilli y Lule Menem fueron los encargados de contactar a los gobernadores radicales y del PRO, en una carrera contrarreloj para evitar que sus senadores avanzaran contra el jefe de Gabinete. El recuerdo de la expulsión del correntino Edgardo Kuider flotó en el ambiente de las últimas 48 horas, sirviendo como un fantasma que los libertarios finalmente entendieron: si el expediente de Adorni se colaba en la sesión de hoy, la destitución en tiempo récord era un hecho inevitable, un suceso sin precedentes que dejaría al oficialismo en una posición de extrema fragilidad institucional.
Bullrich fue la encargada de encabezar las negociaciones en el Senado, reuniendo a los sectores dialoguistas en el segundo piso del palacio legislativo, donde funciona el bloque radical. En ese cónclave, que contó con la participación de la UCR, el PRO, los dos senadores santacruceños y referentes del peronismo federal, se acordó conceder una semana de gracia y se obtuvo el compromiso de que Adorni cumplirá finalmente con los requerimientos del Congreso.
El acuerdo que le otorga un respiro al oficialismo se terminó de sellar al caer la tarde, en la reunión de Labor Parlamentaria que Villarruel mantuvo con los jefes de bloque. Fue el presidente del bloque PRO, Martín Goerling, quien comunicó el nuevo cronograma, aunque con una advertencia que sonó como un ultimátum: «Adorni perdió la credibilidad para administrar el Estado, pero el gobierno está empecinado en sostenerlo. Llegado el caso y con mucho pesar, el PRO va a acompañar la moción de censura». En esa reunión, los líderes parlamentarios se pusieron de acuerdo sobre la instrumentación de la moción de censura, un recurso del que no existen antecedentes desde su incorporación en la reforma constitucional de 1994. Aquí primó la interpretación del peronismo, que sostiene que el artículo 101 es taxativo y no requiere de mayorías especiales, ni de pasar por comisiones. Esta lectura es crucial, ya que implica que Adorni puede ser expulsado con tan solo 37 votos, una mayoría que ya se había consolidado el miércoles y que se mantendrá firme si el Presidente no decide soltarle la mano a su funcionario antes de que venza el plazo.
Al retirarse del Senado, Bullrich anticipó que el acuerdo se había logrado con todos los bloques, incluso con la oposición kirchnerista, y, consultada sobre el apoyo del Presidente a Adorni, se limitó a señalar que «él considera que no hay razón o que dio una explicación razonable», agregando que «nada que cuestionar al presidente de la nación». Sus declaraciones, sin embargo, no hicieron más que aumentar la desconfianza que desde la propia Casa Rosada se tiene hacia su figura.
Por su parte, José Mayans, presidente del interbloque Popular, fue más allá al explicar que la iniciativa del peronismo se votará el próximo jueves, y que el 2 de julio Adorni no deberá brindar un informe de gestión, sino que será directamente interpelado por los delitos que cometió como funcionario público. Para el senador formoseño, el jefe de Gabinete es una persona que no tiene la confianza del parlamento y deberá responder por sus acciones, allanando el camino para la moción de censura y su posible separación del cargo.
De esta manera, el informe de gestión que debía presentar Adorni quedará completamente eclipsado por la interpelación. Si sus respuestas no logran convencer al pleno, ese mismo día se votará la censura, un trámite que se completa con la aprobación en ambas cámaras por mayoría absoluta. El Gobierno subestimó a la oposición y se jugó un pleno, pero la realidad es que la «mancha venenosa» de Adorni ha dejado a la Casa Rosada con menos de una semana para decidir su destino. El próximo miércoles, la Cámara de Diputados también pondrá en marcha el camino de la moción de censura, y si los acuerdos se mantienen en ambas cámaras, los días de Guillermo Adorni al frente del Gabinete están contados.
