A excepción de los hermanos Milei, todo el arco político y empresarial parece aguardar la salida de Manuel Adorni del Gabinete para cerrar la concesión del predio de Villa Martelli. Denuncias penales, informes parlamentarios y un polémico desmantelamiento de bienes culturales marcan el proceso, mientras los adjudicatarios, entre ellos la empresa de la mano derecha de Karina Milei, piden postergar la firma definitiva para evitar futuros reclamos legales.
En la Argentina, el clima político y empresarial se ha detenido en un punto de expectativa casi unánime: todos, desde la oposición hasta los actores del mundo de los negocios, parecen coincidir en que el desenlace de la concesión del predio de Tecnópolis está atado a un cambio en la cúpula del Ejecutivo. Salvo Javier Milei y su hermana Karina, nadie duda de que la continuidad de Manuel Adorni al frente del Ministerio de Coordinación es una variable central para destrabar el millonario acuerdo. Quienes aspiran a quedarse con las 54 hectáreas de Villa Martelli, un espacio privilegiado en el norte del Gran Buenos Aires, también han manifestado su preferencia por esperar a que la rúbrica definitiva llegue con una firma que consideran más “impoluta”, con el objetivo de esquivar cualquier sombra de impugnación judicial que pudiera empañar la operación.
Este diario pudo recomponer, a partir de fuentes cercanas a la negociación, que los consorcios interesados —entre los que sobresale la empresa de Mara Gorini, estrecha colaboradora de la secretaria general de la Presidencia— solicitaron expresamente demorar la estampación del contrato hasta que el funcionario con cascada abandone su puesto. La razón es clara: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende directamente de Adorni, es la encargada de llevar adelante la licitación, y cualquier irregularidad que pudiera señalarse en el futuro quedaría vinculada a su gestión. Por ello, los oferentes prefieren que el “moño” del negocio lo ponga una autoridad que no arrastre polémicas, aunque ello implique postergar el inicio de un negocio que promete ganancias prácticamente sin desembolsos iniciales.
El tiempo, en este tipo de operaciones, suele ser oro, y más cuando se trata de ocupar un predio que ya cuenta con 30 mil metros cuadrados construidos, un estadio en pleno funcionamiento con todos sus servicios, y una cláusula contractual que otorga dos años y medio de gracia para abonar el canon, además de libertad casi absoluta para desarrollar cualquier actividad en el terreno. Sin embargo, el cronograma original, que fijaba el 1º de julio como fecha de inicio de operaciones, ha quedado desactualizado. A diez días de ese plazo, la AABE aún no ha resuelto la apertura de los sobres que contienen la documentación técnica y financiera de los oferentes, y se limita a informar que el análisis continúa en curso. Esta demora contrasta con la velocidad con que se dispuso el desmantelamiento del predio, que fue vaciado de sus bienes culturales con un apremio que muchos calificaron de despectivo hacia el patrimonio público, y que incluso llevó a la no renovación de los contratos del personal a partir de julio.
El proceso no ha estado exento de polémicas. En las últimas semanas, se presentaron dos denuncias penales y un pedido de informes en el Congreso, a raíz de las revelaciones publicadas por este medio sobre el trámite de concesión. A ello se sumó el escándalo por el traslado de los equipos del Centro de Investigación en Audio y Música (CIAM), que fueron arrumbados en el Centro Cultural Kirchner (hoy rebautizado como Palacio Libertad) en condiciones que hacen casi inviable su reconstrucción, según denunciaron los especialistas. La comisión evaluadora del concurso público de etapa múltiple, además, había recomendado en un primer dictamen excluir a uno de los postulantes, Perfeta Producciones (Fenix Entertainment), que en enero pasado se adjudicó la concesión del Aconcagua Arena en Mendoza. Ante esa sugerencia, la empresa amenazó con iniciar acciones legales por considerar que el concurso estaba viciado, aunque luego moderó su postura y la AABE aseguró que los tres competidores siguen en carrera.
Mientras tanto, el expediente judicial sobre Tecnópolis, al igual que otras causas que involucran a Adorni y que tramitan en el juzgado de Ariel Lijo, parece haber ingresado en un compás más lento. Los técnicos de Direct TV, Torneos y Competencias, y Foggia Group continúan realizando mediciones y relevamientos en el predio, como si el escenario ya estuviese definido, pero la firma definitiva se posterga. El grupo que hoy lidera las preferencias no es otro que el conformado por Direct TV y Torneos, recientemente adquirido por el Grupo Werthein, que ahora posee el 100% de ambas compañías. Pero lo que hace más jugosa la trama es que, poco antes de presentarse a la licitación, estos directorios se fusionaron con el de Foggia Group, la productora de eventos que pertenece a Mara Gorini y su esposo Marcelo Dionisio, y que, según investigaciones judiciales, abonó al menos 55 millones de pesos por servicios de coaching ontológico brindados por Bettina Angeletti, cuando su cónyuge asumió como funcionario del gobierno libertario.
Este mismo consorcio fue el que, en una operación paralela, adquirió los derechos de televisación del Mundial para la TV Pública por un monto superior al que pagó Telefe, y sin que el canal estatal pudiera retener ganancias por publicidad o siquiera intervenir con sus propios periodistas. La cifra, cercana a los 4.100.000 dólares, fue revelada por este diario y añadió un nuevo capítulo de cuestionamientos a la gestión de Adorni.
En Tecnópolis, la situación laboral es otro reflejo de la incertidumbre. Contra lo que se había anunciado, los contratos de los trabajadores que aún permanecen en el predio —algunos de los cuales ya fueron reubicados en otras dependencias del Ministerio de Cultura— fueron prorrogados por 90 días, aunque su estabilidad sigue siendo una incógnita. Quien no pudo mantener su cargo fue Mariano “Power” Cazorla, el director de Programación que llegó al puesto de la mano de Lilia Lemoine y que respondía directamente a Karina Milei. Cazorla debió renunciar tras el escándalo por el traslado del CIAM, pero rápidamente encontró un nuevo lugar en el Palacio Libertad, donde fue recontratado en calidad de “asistente de soporte administrativo”, con un contrato bajo la figura del artículo 9 y en categoría D, luego de la recomendación de la subsecretaria Florencia Iannello y la resolución del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. Otros cuatro directores, como Juan Manuel Aranda, Andrea Drago y Wenceslao Flores, continúan percibiendo sus remuneraciones en Tecnópolis, aunque sus tareas se reducen hoy a desmantelar lo que queda y brindar asistencia a los futuros concesionarios.
El panorama, en definitiva, es el de un negocio millonario que se sostiene en el aire, a la espera de que el calendario político resuelva lo que la justicia, el Congreso y la propia administración no terminan de definir. Mientras los plazos se estiran y las denuncias se acumulan, los principales actores parecen haber acordado un compás de espera, conscientes de que el verdadero desenlace no llegará hasta que la firma que selle el contrato esté libre de cualquier sospecha. Hasta entonces, Tecnópolis permanecerá en esa tierra de nadie donde el tiempo parece no correr, pero donde cada día que pasa suma intereses y resta certezas sobre el destino de un espacio que fue concebido para la cultura y que hoy se perfila como el botín de una operación sin precedentes.
