En una jornada maratónica que se extendió por más de ocho horas, los representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz sus conclusiones definitivas en el juicio por la desaparición del submarino, requiriendo severas penas privativas de la libertad para cuatro exaltos oficiales de la Marina de Guerra, al tiempo que describieron un escenario de negligencia estructural y priorización de objetivos operativos por sobre la seguridad de la tripulación.
El frío cortante y el viento implacable del segundo día del invierno patagónico recibieron a los presentes en los alrededores de los tribunales federales, ubicados en la intersección de las avenidas Presidente Néstor Kirchner y José de San Martín, cuando el reloj marcaba las 9:15 de la mañana y la oscuridad aún envolvía la ciudad. Fue en ese escenario hostil donde dio inicio el alegato final de la Fiscalía en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por el naufragio del ARA San Juan, cuyo hundimiento el 15 de noviembre de 2017 se cobró la vida de sus 44 tripulantes. La audiencia, que se prolongó hasta entrada la noche, significó un punto de inflexión en una causa que conmocionó a la sociedad argentina y puso en jaque los protocolos de seguridad de la institución naval.
Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán, quienes se distribuyeron los distintos tramos de la exposición a lo largo de la extensa jornada, elevaron formalmente su requerimiento de condena contra el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; el capitán de navío Claudio Villamide, quien fungía como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia; el capitán de navío Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata Hugo Correa, quien se desempeñaba como jefe de Operaciones de ese mismo organismo. Las penas solicitadas oscilan entre los tres años y medio y los cinco años de prisión, acompañadas en todos los casos por la inhabilitación especial perpetua, una medida que refleja la gravedad de los cargos imputados.
El núcleo de la acusación fiscal se sustentó en la premisa de que los imputados, en sus respectivos roles jerárquicos, confeccionaron y autorizaron una orden de operaciones que permitió el zarpe del submarino en un «estado de alistamiento precario» y con «deficientes condiciones de mantenimiento». Según la perspectiva del Ministerio Público, estas circunstancias no solo incrementaron de manera indebida los peligros inherentes a la navegación submarina, sino que guardan una relación directa y causal con el trágico desenlace ocurrido aquel 15 de noviembre. La teoría del caso planteada por los acusadores públicos sostiene que los oficiales, al ocupar posiciones de garante respecto de los tripulantes, omitieron los deberes de cuidado y supervisión que sus cargos les imponían, priorizando los objetivos operativos por encima de la integridad física de los marinos.
Durante el desarrollo de los alegatos, que se extendieron sin interrupciones significativas más allá de un breve cuarto intermedio, los representantes del Ministerio Público realizaron una exhaustiva reconstrucción del estado material del ARA San Juan, remontándose a la reparación de media vida iniciada en 2007 y recorriendo cada uno de los antecedentes técnicos, observaciones, pedidos de mantenimiento preventivo e inspecciones que jalonaron la historia del buque en la década previa a su desaparición. Los fiscales pusieron especial énfasis en el vencimiento del plazo para el ingreso del submarino a dique seco, una obligación reglamentaria que debía cumplirse cada veinticuatro meses según las normativas de la Armada, e incluso cada dieciocho meses de acuerdo con las recomendaciones del fabricante alemán, situación que fue oportunamente advertida por el propio comandante del San Juan, Martín Fernández, en una nota cursada en marzo de 2017.
Otro de los puntos centrales de la exposición fiscal giró en torno al compromiso operacional al que fue sometido el buque durante el año de la tragedia. Los acusadores señalaron que la exigencia sobre el material había sido particularmente alta, reflejándose en una cantidad de días de navegación que prácticamente duplicaban los registros del año anterior. Esta sobrecarga operativa, sumada a las deficiencias estructurales del submarino, configuraba un escenario de riesgo que los imputados, en su calidad de superiores jerárquicos, debieron haber advertido y corregido. «La operación que realizó el San Juan en las condiciones de alistamiento que se encontraban constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes reprochados y explican plenamente el resultado», sostuvo Pruzán al sintetizar la postura fiscal, agregando que los vastos documentos analizados en el debate dan cuenta del estado deficiente del navío.
La controversia jurídica que los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini deberán resolver en su sentencia se centra en gran medida en determinar la incidencia real de las observaciones técnicas pendientes sobre la seguridad náutica del submarino. Durante el debate oral, distintos submarinistas y oficiales declararon que esas tareas y pruebas no impedían al ARA San Juan cumplir la orden de operaciones COFS N° 4/17, una cuestión que la defensa ha utilizado como pilar de su estrategia. Sin embargo, la Fiscalía relativizó el alcance del Índice del Estado del Material Naval (ICEM), un instrumento reglamentario que el capitán Fernández había completado en septiembre de 2017 con un resultado de 4,25 sobre 5 puntos y la premisa de «Buque Habilitado», al considerar que el método instaurado por la Armada otorgaba un margen excesivo a la «subjetividad» y solo reflejaba una fotografía de un momento determinado, sin capturar la totalidad de las deficiencias estructurales del navío.
Uno de los pasajes más conmovedores y técnicos del alegato estuvo dedicado al análisis del informe de navegación elaborado por Fernández tras la patrulla realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2017, documento que ocupó una porción sustancial de las audiencias del juicio. La fiscal Garmendia Orueta dedicó una extensa porción de su exposición a este informe, recordando que durante el sexto día de navegación se produjo un ingreso de agua por el sistema de ventilación, incidente que el comandante atribuyó a una «falta de estanqueidad» de la válvula ECO-19. Este componente, que según los manuales debe permanecer cerrado durante la navegación y abrirse únicamente en operaciones vinculadas con la carga de baterías, se convirtió en un elemento central de la acusación, especialmente al vincularlo con el mensaje SITREP enviado por Fernández a las 6 de la mañana del 15 de noviembre, donde informaba el ingreso de agua de mar al tanque de baterías número 3 de proa.
La fiscalía sostuvo que el inicio del incendio que probablemente provocó el hundimiento guarda estrecha relación con la falta de mantenimiento y con las obligaciones funcionales de velar por la seguridad del buque. En este punto, los acusadores buscaron desarticular la línea argumental de las defensas, que han sostenido que la decisión final de zarpar correspondía al comandante de la unidad, quien debía verificar el estado de los sistemas y tenía facultades para no ejecutar una orden si consideraba que el buque no reunía las condiciones de seguridad necesarias. «No encaja con una mirada de un comandante que sea disruptivo, que no obedezca las normas, que modifique la posición de una válvula poniendo en riesgo la tripulación», afirmó Garmendia Orueta al referirse a Fernández, describiéndolo como un oficial disciplinado, estricto y metódico, cuyo comportamiento se ajustaba al perfil esperado para la tarea que desempeñaba.
Las inmediaciones de los tribunales experimentaron una transformación significativa durante el cuarto intermedio de la audiencia. Lo que había comenzado como una mañana fría y silenciosa se convirtió en un escenario de celebración popular, cuando vecinos con banderas argentinas comenzaron a concentrarse en la avenida Kirchner y calles aledañas, mientras bocinazos, redoblantes y el ruido de motores se multiplicaban en el exterior. Los festejos por la victoria de la selección nacional en el Mundial de fútbol se filtraban desde la calle hasta la sala de audiencias, creando un contraste surrealista con la gravedad de los temas que se discutían en el interior. A pocos metros del edificio, el monumento al ARA Villarino, el emblemático buque que transportó los restos del general José de San Martín desde Francia en 1880 y que naufragó frente a las costas de Chubut en 1899, permanecía como testigo mudo de una nueva tragedia naval que sacudía a la institución y al país entero.
Los fiscales Colla y Pruzán se encargaron de responder a las principales líneas argumentales de las defensas, particularmente en lo referido a la supuesta autonomía del comandante Fernández para decidir el zarpe. Colla denunció lo que calificó como «un vano intento» de las defensas por señalar que era Fernández quien solicitaba navegar, una afirmación que, de acuerdo con la información documental, resultaría absurda. «El contraste con esa información solo sería posible a través del contradictorio entre los imputados y Fernández», agregó, subrayando la ausencia del comandante en el proceso judicial. En este sentido, los acusadores insistieron en que la cadena de mando superior tenía la obligación de supervisar y controlar las condiciones del submarino, independientemente de las decisiones que pudiera tomar el comandante en el terreno.
Hacia el cierre de la jornada, cuando la oscuridad ya se había apoderado de Río Gallegos, los fiscales realizaron un acto de profundo significado simbólico: la lectura en voz alta de los nombres, apellidos y rangos de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Este gesto, que se repitió de manera alternada entre los cuatro representantes del Ministerio Público, puso un broche de solemnidad a una jornada que había estado dominada por complejos argumentos técnicos y jurídicos. La mención individual de cada uno de los marinos caídos sirvió como recordatorio de la dimensión humana de la tragedia, más allá de las disputas legales y las responsabilidades institucionales que se ventilan en el proceso.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz enfrenta ahora la compleja tarea de ponderar la totalidad de las pruebas presentadas durante el debate oral iniciado en marzo, que incluyó testimonios de especialistas, submarinistas y oficiales, así como la vasta documentación técnica y los informes periciales. La decisión de los jueces deberá determinar no solo la responsabilidad penal de los cuatro acusados, sino también establecer con claridad los límites de la cadena de mando en situaciones de riesgo y la vigencia de los protocolos de seguridad en una institución que ha visto cuestionada su transparencia y eficacia.
Este martes, el proceso continuará con los alegatos de las querellas, que representan a los familiares de las víctimas y que se espera que profundicen los planteos realizados por la Fiscalía, sumando sus propias perspectivas sobre la tragedia y las responsabilidades que consideran debe asumir la Armada. La sociedad argentina, que sigue de cerca el desarrollo de este juicio histórico, espera que la sentencia no solo haga justicia por las 44 vidas perdidas en las profundidades del Atlántico Sur, sino que también sirva como catalizador para una reforma profunda de los protocolos de seguridad y mantenimiento en la fuerza naval, garantizando que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse. El viento patagónico, que azota implacable las calles de Río Gallegos, parece susurrar los nombres de aquellos que quedaron para siempre en el fondo del mar, mientras la justicia terrenal busca encontrar respuestas donde el océano guarda silencio.
