En un movimiento estratégico que difiere el desenlace pero no la tensión, los bloques parlamentarios acordaron postergar la sesión donde se definiría el futuro del jefe de Gabinete. La interpelación y la eventual moción de censura quedaron programadas para la próxima semana, en un clima de máxima incertidumbre donde las declaraciones del funcionario y sus contradicciones patrimoniales han erosionado el apoyo incluso entre sus aliados naturales.
En las últimas horas, el escenario político nacional experimentó un compás de espera que, lejos de descomprimir la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, añade un elemento de suspenso a su ya crítica situación. La reunión de labor parlamentaria en el Senado de la Nación concluyó con un acuerdo unánime entre todas las fuerzas políticas para diferir la sesión convocada para la jornada de mañana, trasladándola al próximo jueves. Esta decisión, aunque posterga el debate inmediato, no hace más que concentrar las miradas en la cita venidera, donde el destino del funcionario podría definirse en un cruce de voluntades políticas de alto voltaje.
El anuncio fue realizado por el jefe de la bancada del PRO, Martín Goerling, quien confirmó el consenso alcanzado. «Llegamos a un entendimiento entre todos los bloques para sesionar el jueves próximo, y el primer punto del orden del día será el tratamiento de los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete», manifestó el legislador en declaraciones a la prensa. La decisión, sin embargo, no implica una tregua, sino un reordenamiento de los tiempos políticos. Si la interpelación prospera en esa sesión programada para el 25 de junio, Adorni estará obligado a presentarse ante el recinto en el plazo de los siete días hábiles subsiguientes. Paradójicamente, el propio funcionario había anticipado su presencia en la Cámara alta para el 2 de julio, con el objeto de brindar su informe de gestión, aunque fuentes cercanas al oficialismo ya advirtieron que, de mediar una interpelación forzosa, ese informe de gestión quedaría automáticamente desplazado.
El trasfondo de esta pulseada se remonta a las recientes exposiciones de Adorni ante la Cámara de Diputados, donde sus explicaciones sobre su incremento patrimonial generaron más interrogantes que certezas. Las marchas y contramarchas en sus declaraciones, sumadas a contradicciones con lo que oportunamente había jurado ante el Congreso, han encendido todas las alarmas en el arco opositor. El jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, fue contundente al señalar el espíritu de la iniciativa: «No hay nadie dispuesto a formularle preguntas ociosas; lo que se requiere es que venga a esclarecer la desinformación que vertió en Diputados respecto a las justificaciones que ofreció». La oposición, en este contexto, ya tiene claro el objetivo y la mecánica: se necesitan 37 sufragios para aprobar la interpelación, un número que, de alcanzarse, daría paso a la moción de censura del ministro coordinador. De ser exitoso ese paso, el expediente viajaría a Diputados, donde se requeriría una mayoría simple de 127 voluntades para concretar la remoción, un hecho inédito desde la instauración de la figura del jefe de Gabinete con la reforma constitucional de 1994.
En el arco oficialista, las posturas revelan un escenario de fragilidad. La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció las limitaciones numéricas de su espacio al declarar: «Nosotros no estamos dilatando los tiempos del Poder Ejecutivo; somos minoría y carecemos de la fuerza necesaria para imponer los temas». Sus palabras, lejos de ser una defensa del funcionario, transparentan la realidad de un oficialismo que ve cómo sus apoyos se diluyen. Queda claro, sin embargo, que el único sostén que preserva a Adorni en su cargo parece residir en la voluntad de los hermanos Javier y Karina Milei, quienes se erigen como los últimos bastiones de su continuidad en medio de un vendaval de críticas.
El interbloque Popular, que aglutina al Justicialismo, el Frente Cívico por Santiago y Convicción Federal, ya había plantado la bandera de la interpelación el viernes pasado, y el paso del tiempo no hizo más que agravar la situación del jefe de Gabinete. La caída en desgracia de Adorni, especialmente notoria entre los bloques que solían ser aliados, ha vuelto compleja incluso la posibilidad de abrir el recinto para debatir otros temas, como la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En la previa de la reunión de hoy, el peronismo especulaba con sumar 34 voluntades entre su interbloque y otras fuerzas aliadas, aunque el número mágico sigue siendo 37. En este punto, la decisión del PRO de acompañar la moción de censura se convirtió en un factor determinante. Goerling justificó el voto amarillo argumentando que Adorni «está paralizando la gestión de todos los argentinos», aunque desde esa misma bancada se apresuraron a aclarar que el respaldo a la censura no condiciona su apoyo a futuros proyectos enviados por el Ejecutivo, manteniendo así una estrategia de doble vía.
En el otro costado del arco político, la Unión Cívica Radical mantiene un hermetismo absoluto respecto a sus movimientos. Si bien los cálculos del oficialismo y del peronismo coinciden en que podría aportar entre dos o tres votos favorables a la moción de censura, los legisladores radicales se han limitado a emitir un comunicado conjunto con sus pares de Diputados condenando las falacias de Adorni, sin anunciar un sentido de voto definido. Los bloques provinciales también entran en juego con sus propias lógicas. Los representantes fueguinos ya habrían manifestado su intención de respaldar la censura, mientras que la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, sentenció en términos lapidarios que «Adorni no puede continuar siendo el jefe de Gabinete», sumando la voz de Córdoba a la marea creciente en su contra.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el panorama para Adorni luce menos hostil, aunque no exento de peligros. La oposición en esa cámara presentó un pedido de sesión para el 23 de junio, que aún no ha sido convocado por Martín Menem, donde se debatirían dos interpelaciones y cuatro pedidos de informe. Fuentes de los bloques opositores calculan que están a una quincena de firmas de alcanzar el quórum necesario de 129 legisladores, con Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Encuentro Federal ya alineados, además de unos 13 representantes de Provincias Unidas. Sin embargo, tanto el radicalismo como el PRO en la Cámara baja han sido enfáticos en desligar el destino de Adorni del apoyo a los proyectos oficialistas, sosteniendo que «son cosas separadas», aunque admiten que la gestión legislativa ha quedado «medio paralizada» por el ruido generado alrededor del jefe de Gabinete.
En medio de este remezón político, el oficialismo se ve ante la necesidad imperiosa de abrir el recinto para tratar asuntos de suma urgencia. Hoy, en comisiones, se logró dictaminar la autorización de pagos a dos fondos «buitres» por un total de 171 millones de dólares, un entendimiento que ya cuenta con media sanción del Senado y que, según advirtió el mileista Bertie Benegas Lynch, corre el riesgo de caerse si no se aprueba antes del 30 de junio, lo que reactivaría litigios internacionales. La incógnita final reside en la posición de los bloques provinciales, atentos a las directivas de sus respectivos gobernadores. En una reflexión que revela la complejidad del tablero, un representante de una provincia del norte del país confió en off the record que «quien pretenda sacar a Adorni, le está haciendo un favor al gobierno; quizás lo más conveniente sea dejarlo que continúe desgastándose». Esta visión pragmática añade una capa de incertidumbre a un proceso que, de concretarse, marcaría un hito en la historia institucional argentina.
