A pesar de los números macro que muestran una ligera expansión económica, dos prestigiosas consultoras advierten que el país atraviesa el peor desempeño en materia de inversión privada desde 1993. El fenómeno, inédito en la historia reciente, revela una economía partida en dos: un puñado de sectores favorecidos por el Estado y un vasto tejido productivo que se desangra en la recesión, con caída libre del empleo formal y un clima de negocios entumecido por la falta de certidumbres.
El modelo de gestión del presidente Javier Milei ha trazado un nítido surco divisorio en el entramado económico argentino, delineando con crudeza un mapa de beneficiarios y perjudicados. Mientras algunos segmentos, engrosados por jugosos beneficios estatales y desregulaciones a medida, empujan hacia arriba los agregados numéricos de la actividad, un abrumador ochenta por ciento del espectro productivo permanece anclado en la quietud, reflejando en la epidermis social un malestar que los fríos indicadores oficiales no alcanzan a disimular. Esta dicotomía se cristaliza con especial virulencia en dos termómetros fundamentales para diagnosticar la salud de cualquier economía: la inversión y la generación de puestos laborales, ambos en picada a pesar de las asistencias millonarias que el erario público concede a los grandes capitales concentrados.
En las últimas horas, dos centros de estudios de reconocido prestigio en el ámbito local han encendido las alarmas al corroborar que el período que atraviesa el país bajo el signo libertario representa el peor registro en décadas en lo que respecta al desplome de la inversión, un síntoma inequívoco de una maquinaria económica que se niega a otorgar estímulos al sector privado para desembolsar recursos, inaugurar comercios, reactivar plantas industriales o embarcarse en proyectos de envergadura. Estas investigaciones, nutridas de datos empíricos, no hacen más que confirmar una perspectiva histórica que califica a la administración de Milei como la de menor nivel de inversión privada desde el retorno de la democracia.
La consultora Equilibra, bajo la dirección de Martín Rapetti, fue una de las primeras en poner el dedo en la llaga. En su último informe, la firma advierte que si bien el Producto Bruto Interno correspondiente al primer trimestre del año exhibió una expansión que superó las previsiones de los analistas, el dato que realmente concita la atención es el referido a la formación bruta de capital fijo, que sufrió un retroceso del 11,6 por ciento en la comparación interanual y del 1,7 por ciento en la medición intermensual, acumulando así cuatro trimestres consecutivos de merma sin ajuste por estacionalidad. Los técnicos de Equilibra subrayan que este comportamiento regresivo se produce en un contexto paradójico, marcado por la implementación de incentivos fiscales de gran calado para los conglomerados empresariales, tales como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la ola desregulatoria y la rebaja de cargas tributarias, que parecen no haber surtido el efecto dinamizador esperado.
Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la citada consultora, aportó un elemento aún más revelador para dimensionar la anomalía que signa la era Milei. En sus declaraciones, el experto señaló que desde el año 1993 no se había registrado una secuencia tan prolongada de contracción de la inversión en simultáneo con un crecimiento del producto bruto, una combinación que desafía toda lógica económica convencional. Esta disociación, explicó, no es fortuita y guarda una estrecha relación con la contracción del empleo asalariado registrado, dando cuenta de que el estancamiento en la creación de capital productivo se traduce indefectiblemente en la destrucción de puestos de trabajo de calidad y en la proliferación de modalidades laborales precarias, a menudo vinculadas a plataformas digitales y aplicaciones de mensajería.
Sigaut trazó un sombrío paralelismo al recordar que las caídas abruptas de la inversión siempre estuvieron asociadas en el pasado a episodios de alta inestabilidad y crisis sistémicas, como el denominado efecto Tequila, la turbulencia financiera rusa o la crisis de la Convertibilidad, la recesión global desatada por las hipotecas subprime en Estados Unidos, la devaluación dispuesta por Axel Kicillof, el default selectivo de la era macrista, el shock pandémico o la propia devaluación inicial del gobierno actual. Sin embargo, en ninguno de esos traumáticos escenarios se había verificado un comportamiento positivo del PBI, lo que convierte al presente en una rareza estadística de difícil interpretación para los ortodoxos.
Para desentrañar este enigma, Rapetti sostiene que la economía no constituye un todo homogéneo, sino más bien el promedio ponderado de múltiples realidades sectoriales. A diferencia de un proceso de expansión genuina, en el que la mayoría de los rubros experimentan mejoras, en la coyuntura actual apenas un reducido grupo de actividades vinculadas a los recursos naturales y las exportaciones logra prosperar, mientras que el resto del universo productivo se debate entre el estancamiento y la retracción. Este fenómeno explica que el PBI pueda exhibir un número positivo al tiempo que la inversión y el empleo privado formal se contraen, una suerte de espejismo estadístico que oculta la fragilidad del andamiaje económico.
La expectativa, un motor que permanece en silencio
Por su parte, la consultora Misión Productiva, liderada por Martín Alfie y el sociólogo Daniel Schteingart, profundizó en el análisis de las causas estructurales que inhiben la inversión. En su informe, los investigadores coinciden en que el crecimiento observado es magro y se apoya casi de manera exclusiva en el empuje exportador de ciertos enclaves, sin lograr generar un clima de euforia inversora que se propague al resto del tejido empresarial. La inversión, argumentan, es una variable especialmente sensible a las percepciones de los agentes económicos; las empresas solo desembolsan capital cuando vislumbran oportunidades de expansión futura, una demanda sostenida, acceso a líneas de crédito fluidas y reglas de juego estables. Lamentablemente, la mayoría de esas condiciones brillan por su ausencia en el escenario vigente, un diagnóstico que ya había sido esbozado con anterioridad por la consultora Orlando Ferreres y Asociados en sus propios relevamientos.
El pentágono de los escollos que asfixian al inversor
En un esfuerzo por sistematizar las trabas que enfrenta el inversor, Misión Productiva identificó un abanico de cinco problemas medulares que explican la parálisis. El primero de ellos reside en la debilidad congénita de la demanda interna, ya que la masa de ingresos formales se encuentra aproximadamente un diez por ciento por debajo de los niveles previos a la asunción de Milei, y permanece estancada en cotas históricamente bajas. Esta situación implica una merma considerable en la capacidad de consumo de los hogares, lo que desincentiva cualquier intento de ampliación de la capacidad instalada para atender un mercado que no da señales de reactivación.
Un segundo factor de peso es la virtual paralización de la obra pública, un componente que históricamente ha representado entre el dos y el tres por ciento del PIB y alrededor del quince por ciento de la inversión total. La decisión del gobierno central de suspender casi en su totalidad los desembolsos en infraestructura generó un impacto devastador que trasciende el mero freno a la construcción de rutas, viviendas o tendidos energéticos. El cese de estas obras arrastró consigo a toda una cadena de valor que incluye la adquisición de maquinaria pesada, la contratación de servicios profesionales, el transporte de insumos y la provisión de materiales industriales, provocando un efecto dominó que no ha podido ser compensado por la iniciativa privada.
En este punto, los analistas de Misión Productiva destacan que, a diferencia de otras crisis previas, la construcción privada no ha logrado actuar como válvula de escape o elemento compensador del retroceso estatal. Los elevados costos de edificación, expresados en dólares, erosionan la rentabilidad esperada de los nuevos emprendimientos inmobiliarios, a lo que se suma un mercado con una demanda acotada y un acceso al crédito hipotecario que, pese a una leve mejora inicial, sigue siendo exiguo en comparación con los estándares internacionales.
El cuarto escollo identificado es la crónica falta de financiamiento productivo, ya que el sistema financiero argentino exhibe uno de los niveles de préstamos al sector privado más bajos de toda América Latina. Incluso con la relativa normalización macroeconómica de los últimos meses, la banca local no ha conseguido erigirse en una fuente robusta de fondos para proyectos de mediano y largo plazo, y se echan en falta programas específicos de fomento, líneas de crédito subsidiadas, garantías estatales o instrumentos propios de la banca de desarrollo que acompañen los procesos de modernización del aparato productivo.
Finalmente, y quizás como el obstáculo más sutil pero a la vez más determinante, la inversión se mantiene secuestrada por la incertidumbre. Los consultores enfatizan que, aunque algunos indicadores financieros coyunturales muestren mejoras, las decisiones de inversión real se gestan con horizontes temporales que abarcan cinco, diez o incluso veinte años. En ese lapso, los inversores aún perciben interrogantes mayúsculos respecto a la sostenibilidad futura del esquema económico actual, una duda que basta por sí sola para congelar cualquier iniciativa de expansión y que condena al país a navegar en las aguas turbias de un crecimiento sin desarrollo, donde los números macro destellan pero la realidad cotidiana de los trabajadores y los pequeños empresarios sigue sumergida en la penumbra.
