En un fallo sin precedentes por la contundencia de su mensaje institucional, el máximo tribunal dejó firme la cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios docentes y becas estudiantiles, desoyendo los argumentos fiscales de la Casa Rosada. La comunidad educativa celebra el triunfo judicial mientras advierte que la deuda salarial aún supera el treinta por ciento.
Han transcurrido doscientos cuarenta y siete jornadas desde que el gobierno de Javier Milei incurriera en el desacato de la normativa sancionada por el Congreso para recomponer el sistema de financiamiento de las casas de altos estudios. Sin embargo, el extenso ciclo de incumplimientos y argucias legales ha encontrado su cierre en el día de ayer, cuando los tres magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, dejando así ejecutoria firme a la medida cautelar que exige al Poder Ejecutivo la inmediata puesta en marcha de los artículos quinto y sexto de la ley 27.795. Con esta resolución, el máximo tribunal no solo respalda el criterio de las instancias judiciales inferiores, sino que también desnuda la fragilidad de los embates del oficialismo contra la división de poderes, en un contexto atravesado por cuatro multitudinarias marchas federales y una creciente ola de protestas que sacudieron el país a lo largo de más de dos ciclos anuales.
El pronunciamiento de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti adquiere una relevancia mayúscula en el actual escenario político, ya que desestima de plano la estrategia dilatoria del Ejecutivo, que pretendía la abstención de los miembros del tribunal argumentando su condición de docentes universitarios. La Corte, no obstante, fue tajante al señalar que el recurso presentado por el Gobierno “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, y por ello rechazó también la presentación directa, conminando al Ministerio de Capital Humano a materializar el depósito de los fondos adeudados. Este fallo llega apenas quince días después del acuerdo fraguado entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que estableció un incremento del 24,9% para los trabajadores de la educación superior, pero que los gremios consideran insuficiente para subsanar el deterioro provocado por la inflación.
Franco Bartolacci, máximo referente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, calificó la decisión como una victoria que trasciende los intereses sectoriales del ámbito académico. “Es una gran noticia, pero no solo para la comunidad universitaria. Esto es saludable para todas las instituciones de la nación”, expresó el dirigente en diálogo con Página/12, enfatizando el carácter ejemplificador del fallo en un contexto donde el oficialismo ha mostrado una recurrente vocación por soslayar los mandatos del Poder Legislativo. La euforia se replicó en cada rincón del arco gremial y estudiantil, donde la resolución fue interpretada como un límite tangible a la pretensión del Ejecutivo de gobernar por decreto, especialmente cuando desde la Casa Rosada se esgrimía la falta de previsión presupuestaria como excusa para no ejecutar la ley, un argumento que pierde consistencia al confrontarlo con la reciente sanción legislativa que autoriza el desembolso de 171 millones de dólares para fondos buitre, sin que se explicite el origen de esos recursos.
La secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CONADU), Clara Chevalier, no ocultó su satisfacción al remarcar que el dictamen judicial “le marca un límite al Ejecutivo que insiste en incumplir una ley votada unas cuantas veces por el Congreso y reafirmada por el Poder Judicial”. No obstante, la dirigente sindical fue enfática al advertir que el camino hacia la recomposición salarial plena aún presenta escollos insalvables. Según los cálculos de las organizaciones gremiales, el aumento acordado en junio pasado –que implicó un 21,3% en el mes y un complemento del 3,6% en octubre– resulta claramente insuficiente si se lo compara con el índice de precios al consumidor relevado por el INDEC, que es el parámetro que la propia ley establece como piso mínimo para la actualización. En ese sentido, Chevalier precisó que “el porcentaje que queda por recuperar es alrededor de un 30 por ciento más”, una cifra que evidencia la profundidad de la erosión del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, la cual ha provocado la renuncia de casi diez mil profesionales desde el inicio de la gestión libertaria.
El fallo de la Corte no solo impacta en la esfera salarial, sino que también arroja luz sobre la crítica situación de las becas estudiantiles, que permanecían congeladas desde diciembre de 2023. La resolución judicial obliga al Ejecutivo a actualizar no solo las becas Manuel Belgrano, que recientemente recibieron un incremento del 50% pero aún se ubican en un monto exiguo de 82.000 pesos, sino también las becas Progresar, cuyo estipendio de 35.000 pesos no ha experimentado variación alguna desde el inicio de la gestión, y las destinadas a la carrera de Enfermería, que habían quedado relegadas en el acuerdo previo. El presidente de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho, celebró el fallo pero advirtió que “el conflicto universitario sigue abierto”, ya que la decisión judicial no zanja el reclamo de fondo por la inversión en ciencia y tecnología, ni resuelve el déficit en los gastos de funcionamiento que asfixia a las instituciones. “Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas, miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar”, sentenció el dirigente estudiantil.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, coincidió en ponderar la relevancia institucional del pronunciamiento, al señalar que la decisión “sirve y mucho para que no se sigan yendo los docentes”, en alusión a la fuga de talentos que ha vaciado las aulas de las universidades públicas en favor de la oferta privada o de otros rubros laborales. Por su parte, Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, fue más allá al reclamar que “la deuda que excede ese 24,9 por ciento se tiene que pagar”, y enfatizó que la exigencia de una convocatoria paritaria plena seguirá siendo la bandera principal de lucha del movimiento docente. La incertidumbre, sin embargo, persiste en el ámbito gubernamental, ya que al cierre de esta edición el Ministerio de Capital Humano no había emitido pronunciamiento alguno sobre los pasos a seguir para dar cumplimiento a la orden judicial, pese a que el CIN ya ha solicitado un pronto despacho de la cuestión de fondo que permita abordar integralmente los reclamos del sector.
El periplo de esta ley ha sido sinuoso desde su misma génesis. Sancionada en agosto de 2024 por el Senado, la norma fue vetada de manera fulminante por el presidente Milei un mes después, bajo el alegato de un “costo fiscal inaceptable”, a pesar de que la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado su impacto en un ínfimo 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno. En octubre, el Parlamento logró rechazar el veto presidencial, pero la Casa Rosada, mediante un decreto de necesidad y urgencia, declaró la suspensión de la ejecución de la ley hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Fue entonces cuando el CIN presentó la acción de amparo que derivó en el fallo del juez Martín Cormick el 23 de diciembre de 2024, el cual ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6. El Gobierno apeló seis días después, pero la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la cautelar el 31 de marzo de 2026, allanando el camino para el pronunciamiento de la Corte que ayer selló la suerte del litigio.
Más allá de la victoria procesal, la comunidad universitaria es consciente de que la batalla de fondo aún no ha concluido, ya que el Poder Judicial debe resolver aún la cuestión de fondo relativa a los gastos operativos y la inversión en ciencia, aspectos que no estaban cubiertos por la cautelar. Bartolacci destacó que “independientemente del recorrido que haga la discusión sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tiene que, de manera inmediata, aplicar lo que está contenido en la cautela”, y subrayó que el respaldo social ha sido el combustible indispensable para sostener la lucha: “Tenemos que agradecer el esfuerzo de la comunión universitaria del país y de la sociedad que nos abrazó cada vez que fue necesario; si no, no hubiésemos llegado hasta acá”. Con la lupa puesta ahora en el cumplimiento efectivo del fallo, el movimiento universitario se prepara para continuar velando por el respeto a la ley y la defensa de la educación pública, en un escenario donde la racionalidad institucional parece haber logrado, al menos por hoy, imponerse sobre la voluntad omnímoda del poder central.
