El fiscal Gerardo Pollicita ordenó un peritaje económico de máxima profundidad sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, con el foco puesto en desentrañar el origen de medio millón de dólares provenientes de criptomonedas. El informe, que se espera antes del receso invernal, podría ser el paso previo a la imputación formal, mientras el funcionario continúa ajustando su relato y sus declaraciones juradas ante los embates de la investigación.
El cronómetro judicial ya se encuentra en marcha para el más alto funcionario del organigrama gubernamental, en el marco de la pesquisa que indaga un presunto incremento patrimonial injustificado. El hito que imprime un nuevo y decisivo ritmo a la causa fue la instrucción cursada por el titular de la Fiscalía, Gerardo Pollicita, a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI), dependiente de la Procuración General de la Nación. El requerimiento, de carácter perentorio, solicita la confección de un minucioso informe que abarque la totalidad de la trayectoria económica y financiera del jefe de Gabinete, desde su asunción en el Palacio de Hacienda el 14 de diciembre de 2023 hasta el presente.
El pedido fiscal no es un mero relevamiento de datos; se trata de una hoja de ruta con directrices específicas que busca escudriñar cada rendija de las finanzas del funcionario y su núcleo familiar. Con un detalle quirúrgico, Pollicita espera que el peritaje logre develar todas las posibles inconsistencias, incongruencias y anomalías que pudieran emerger del cruce de información patrimonial. El objetivo final es someter a un riguroso examen la evolución de los haberes de Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, demandando una exposición pormenorizada de las fuentes de ingresos justificadas, los activos adquiridos, las oscilaciones en los fondos líquidos, las inversiones efectuadas, los créditos contraídos, las deudas pendientes y los patrones de gastos que han sostenido el nivel de vida de la pareja. No obstante, el verdadero núcleo duro del análisis estará en desentrañar la procedencia y el mecanismo mediante el cual Adorni habría logrado acumular los 500.000 dólares que, según su propio testimonio y lo plasmado en sus últimas declaraciones juradas, obtuviera gracias a la especulación con criptomonedas. La presunción que resuena con fuerza en los pasillos judiciales es que este argumento no sería más que un velo para encubrir un posible flujo de dinero proveniente de actos de corrupción.
Aunque la cartera de instrucción no ha establecido un plazo fatídico para la entrega del informe, fuentes del expediente indican que se aguarda contar con la evaluación económica completa antes del inicio de la feria judicial invernal. La premura radica en que dicho dictamen constituirá la piedra basal para que el fiscal Pollicita pueda ultimar la redacción del requerimiento de justificación patrimonial, un instrumento jurídico por el cual se emplazará formalmente a Adorni a que ofrezca una explicación integral y convincente sobre el origen de su fortuna y las aparentes desviaciones que se detecten en el cotejo de sus ingresos y egresos. Si la respuesta del funcionario no logra disipar las sombras de sospecha, el siguiente paso en el proceso será la citación a indagatoria en calidad de imputado por el delito de enriquecimiento ilícito, sin que se descarte la eventual agravación de la hipótesis delictiva con la incorporación de otros tipos penales como el lavado de activos.
El panorama que se despliega ante los investigadores, a simple vista, presenta un mosaico de adquisiciones y desembolsos que resultan de muy dificultosa conciliación con la retribución mensual que percibe un funcionario del Poder Ejecutivo, la cual al inicio de su gestión rondaba los tres millones de pesos. El listado de bienes y gastos suntuarios que han salido a la luz en los últimos dos años configura una estampa de opulencia que contrasta abruptamente con la holgura de su salario. Entre los ítems más resonantes que han captado la atención de la fiscalía se cuentan la vivienda en el exclusivo country Indio Cuá, las onerosas refacciones de dicho inmueble, que demandaron un desembolso de 245.000 dólares en efectivo, la adquisición de un departamento en el céntrico barrio de Caballito, cuyas reformas se cotizaron en 65.000 dólares adicionales, y un derroche de viajes de ensueño que incluyen una escapada a la isla de Aruba con hospedaje en hoteles de cinco estrellas, una estadía familiar en el mítico hotel Llao Llao de Bariloche, un traslado en avión privado a Punta del Este y el regreso de la ciudad de Nueva York en primera clase junto a su esposa. A esta lista se suman el periplo de la señora Angeletti a Madrid con un grupo de amigas, las frecuentes excursiones a un resort all inclusive en Gualeguaychú y un nivel de consumos con tarjetas de crédito que, en el transcurso de un solo año, alcanzó la cifra de 85 millones de pesos.
Los hallazgos fueron adquiriendo ribetes cada vez más controvertidos a medida que avanzaban las pesquisas, desenterrando operaciones financieras inusuales como los préstamos concedidos por dos jubiladas que, con una generosidad fuera de lo común, decidieron otorgar un crédito de 200.000 dólares para la compra del departamento de la calle Miró, acordando que el funcionario les reintegre el capital recién a fines de 2026, sin cobrar un solo punto de interés. En una sintonía similar, dos mujeres que se desempeñan en la fuerza policial le proveyeron los fondos necesarios para la adquisición de la casa en el country, aunque en este último caso con un interés anual del 11 por ciento. La investigación también ha detectado una serie de pagos en dólares billete por los servicios turísticos y, como última revelación, se sospecha que el funcionario habría abonado por adelantado el alquiler anual de una vivienda para su madre en el barrio privado Fincas de Iraola 2, en la localidad de Berazategui, por un monto de 12.000 dólares.
Desde que el escándalo estalló en febrero pasado, la estrategia defensiva de Adorni ha transitado por un sinuoso camino de ajustes narrativos, adaptando su versión de los hechos a los vaivenes de la investigación judicial y las exigencias de la Oficina Anticorrupción (OA), ante la cual ha presentado sucesivas rectificaciones a sus declaraciones juradas. Inicialmente, el funcionario sostuvo con vehemencia ante la prensa y en el recinto de la Cámara de Diputados que todos sus bienes se encontraban correctamente declarados. Sin embargo, ante la presión de las evidencias, mutó su discurso hacia una nueva explicación: sostuvo que había logrado ahorrar gracias al hallazgo de dinero perteneciente a su padre tras el fallecimiento de este, y que realizó inversiones en el volátil mundo de las criptomonedas que le reportaron una ganancia cercana al medio millón de dólares. Con un tono desafiante, se jactó de manejarse en la informalidad fiscal y se acogió al régimen simplificado de ganancias, un mecanismo que algunos interpretan como un paraguas de inocencia fiscal, asegurando que tributaría lo que corresponda. No obstante, si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no indaga en el origen de los fondos bajo ese sistema, la Justicia penal sí cuenta con las facultades para hacerlo, y precisamente en ese terreno se mueve la actual pesquisa.
La teoría de los 500.000 dólares fue esbozada por el propio Adorni en una entrevista televisiva en el canal LN+, coincidiendo con el arranque del mundial de fútbol, ocasión que aprovechó para anunciar la presentación de su demorada declaración jurada ante la OA. No se trataba de un único documento, sino de un conjunto de rectificaciones que abarcaban varios años atrás, donde finalmente incluía el departamento de Caballito y, aunque ya iniciada la causa, la casa de Indio Cuá, aunque con la aclaración de que solo el 50 por ciento del inmueble le pertenece. En esos papeles, el funcionario consignó una «venta de activos» por 400 millones de pesos y, previamente, acreditó ingresos en criptomonedas con cálculos en dólares que, según el parecer de especialistas contables y financieros consultados en la causa, no cierran desde una perspectiva matemática y lógica. La comparación de sus estados patrimoniales es elocuente: en 2023, Adorni ingresó con «bienes, depósitos y dinero» por un monto de 25.692.548,99 pesos, mientras que en su última presentación esa cifra se ha disparado hasta los 944.575.052,45 pesos, un crecimiento exponencial que la fiscalía pretende desentrañar en su totalidad.
El pedido del fiscal Pollicita no se limita a los datos ya conocidos. En su nuevo requerimiento, ha solicitado información complementaria que la ARCA aún no ha remitido, para verificar si allí también se efectuaron rectificaciones a las declaraciones juradas del funcionario. Asimismo, ha requerido precisiones sobre las transferencias de fondos hacia la firma DLP Capital Partners y ha librado oficios a las plataformas de intercambio de criptomonedas Lemon Cash y Binance para que reporten todos los movimientos realizados entre 2020 y 2021. El fiscal también ha demandado información adicional sobre los pagos de alquileres en el country Indio Cuá previos a la compra del inmueble en 2024, y busca esclarecer qué vínculo une a Adorni y su esposa con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.
El análisis encomendado a la DAFI, en su faz técnica, se despliega a través de siete directrices fundamentales. La primera de ellas ordena que, para cada ejercicio bajo investigación, se detalle la composición y evolución de todos los bienes, disponibilidades, inversiones y deudas existentes tanto al inicio como al cierre del período. En segundo término, se deberán identificar con precisión los ingresos y fuentes de fondos que posean causa y respaldo documental, discriminándolos de los meros movimientos internos entre cuentas propias o del grupo familiar, y separando aquellas acreditaciones que carezcan de sustento probatorio; en caso de que estas últimas se atribuyan a un origen laboral, profesional o comercial, se deberá contrastar con las constancias obrantes en el expediente.
Un tercer punto exige la reconstrucción cronológica de todas las entradas y salidas de fondos, integrando en una secuencia económica homogénea las adquisiciones de bienes, los gastos de todo tipo, los consumos con tarjetas, los pagos en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos, poniendo especial énfasis en la evolución de las disponibilidades en efectivo. La cuarta instrucción se centra en la comparación de las múltiples declaraciones juradas y sus rectificaciones, individualizando cada cambio en la valuación de activos y pasivos, y el origen atribuido a cada variación, para verificar su correlato con la evidencia material. El quinto y quizás más crucial de los puntos está diseñado para reconstruir el origen de los famosos 500.000 dólares: se pide integrar al análisis la operatoria reportada por las plataformas virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas y permutas, con el fin de reconstruir los saldos y circuitos entre cuentas y billeteras digitales, comparándolos con las declaraciones juradas y los antecedentes bancarios.
A ello se suma la necesidad de determinar el costo, la fecha y la forma de pago de cada bien incorporado y cada erogación relevante, confrontando con la documentación y los testimonios recabados. Finalmente, la séptima y más abarcadora directriz solicita la elaboración de una ecuación patrimonial anual y acumulada, que compare los ingresos lícitos acreditados con las incorporaciones de bienes y todos los gastos, para individualizar y calcular aquellas partidas que no guarden correspondencia con los ingresos justificados, que presenten un respaldo incompleto o que hayan cambiado de explicación entre distintas declaraciones, un ejercicio que, de concretarse, podría poner a Adorni al borde de una imputación formal.
