Detrás del escándalo mediático que salpicó a la administración libertaria, un entramado legislativo avanza sigilosamente para convertir al país en un depósito estratégico de recursos y datos, cediendo soberanía y abriendo las puertas a los tecnomillonarios globales en el corazón de la revolución informacional.
En las sombras que proyecta el vértigo cotidiano de la gestión libertaria, y más allá del ruido ensordecedor de los escándalos de turno, un hilo conductor de características inquebrantables surca con determinación la agenda parlamentaria del gobierno que capitanea Javier Milei. No se trata de episodios aislados ni de meras ocurrencias discursivas, sino de la construcción meticulosa de un armazón normativo que persigue un objetivo concreto y de vastas implicancias: insertar a la República Argentina en el último y más precario eslabón de las cadenas de valor globales vinculadas a la Inteligencia Artificial. Lejos de perseguir la generación de valor agregado o la creación de fuentes laborales genuinas, este paquete de medidas habilita el desembarco de los nuevos señores de la tecnología, quienes se expanden allende sus fronteras de origen y concentran un poder omnímodo que desafía y desborda las reglas democráticas establecidas por los Estados nación. Se trata, en definitiva, de la confección de un traje a medida para las demandas de Silicon Valley.
El denominado «Súper RIGI», que obtuvo esta semana la media sanción de la Cámara de Diputados, se erige como la pieza central de este rompecabezas jurídico. Esta versión potenciada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, sancionado en el año previo, no se limita a los sectores tradicionales, sino que focaliza sus beneficios en desarrollos tecnológicos que aún no poseen arraigo en el suelo patrio, tales como la inteligencia artificial, los centros de almacenamiento de datos (data centers) y la industria de los semiconductores. La exigencia de un umbral mínimo de inversión que supera los mil millones de dólares estadounidenses circunscribe el acceso a estos privilegios a la élite de los tecno-ricos globales. La norma les otorga un «derecho adquirido, asimilable al de propiedad», una suerte de blindaje jurídico que lo vuelve inmune a cualquier modificación legal posterior, y habilita el recurso al arbitraje internacional, particularmente ante el CIADI, lo que coloca a los tribunales foráneos por encima de la magistratura local. A esta desregulación se suma una alícuota reducida del quince por ciento en el impuesto a las ganancias, un beneficio fiscal que permite que corporaciones con facturaciones superiores al Producto Bruto Interno argentino tributen menos que una pequeña y mediana empresa nacional. Durante el debate en el recinto, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, advirtió con claridad que esta iniciativa «transforma a la Argentina en una economía de enclave donde monopolios tecnológicos extranjeros saquean nuestros recursos naturales sin generar puestos de trabajo». Las imágenes de Peter Thiel, el creador de Palantir, departiendo en el Palacio de Hacienda junto al ministro Luis Caputo en el momento de la presentación de la ley, resultan elocuentes acerca del activo lobby y la participación directa del magnate en la gestación de la política legislativa nacional.
El proyecto conocido como «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que en el Senado vio postergado su tratamiento en tercer debate a causa del affaire que salpicó al vocero presidencial, completa el cuadro de cesión soberana. La iniciativa, cuyo texto ha sufrido más de una docena de modificaciones y que lleva la firma del ideólogo Federico Sturzenegger, «marca un punto de inflexión regresivo en materia de soberanía territorial», según la percepción de los analistas del Observatorio de Tierras. La supresión de los topes a la adquisición de tierras por parte de extranjeros adquiere una relevancia mayúscula en aquellas zonas donde la legislación vigente ya impedía nuevas compras por parte de foráneos. Muchos de esos territorios se ubican en la Patagonia y la región cordillerana, espacios que, por sus bajas temperaturas y la abundancia de recursos hídricos, ofrecen condiciones óptimas para el asentamiento de los intensivos centros de datos. Pablo Volkind, director del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria y coordinador del Observatorio, explicó que «solo queda el límite para los Estados extranjeros, pero se eliminan los límites para las personas físicas y jurídicas extranjeras. Es decir, cualquier empresario extranjero, cualquier persona o empresa extranjera podrá comprar tierras sin límite alguno en la Argentina. Incluso, podría adquirir tierras en zonas estratégicas de frontera o con recursos naturales». Este proyecto, junto con los otros, constituye, en palabras del Observatorio, «un nuevo estatuto legal de coloniaje».
El andamiaje jurídico se robustece con la reforma a la Ley de Sociedades, una iniciativa que, aunque por ahora solo ha sido presentada en la Cámara alta, introduce figuras inéditas en el derecho argentino. La creación de las «Sociedades Automatizadas», entidades capaces de operar mediante inteligencia artificial y algoritmos sin intervención humana directa, y el reconocimiento de las «organizaciones autónomas descentralizadas» (DAO), administradas por código informático, delinean un esquema pensado para minimizar los controles y diluir las responsabilidades. Estas empresas tendrían la potestad de elegir la legislación bajo la cual resolver sus conflictos societarios, lo que, unido a la automatización y la descentralización, dificulta enormemente la identificación del responsable frente a eventuales daños ambientales, fraudes o vulneraciones de derechos. Los especialistas no dudan en señalar que este conjunto de normas allana el camino para convertir al país en un paraíso fiscal.
A este cuadro se suma la modificación de la Ley de Glaciares, concretada en abril del corriente año, que descentralizó el control y flexibilizó las protecciones para permitir actividades extractivas, como la megaminería, en zonas de alta montaña. La reforma transfirió a las provincias la potestad de definir qué glaciares y ambientes periglaciares cumplen una «función hídrica comprobada», debilitando el criterio unificado que regía a nivel nacional. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el órgano científico del Conicet encargado de elaborar el inventario nacional, vio reducida su función a un mero registro, sin capacidad de limitar el criterio provincial. Los gobernadores que impulsaron con mayor fuerza esta modificación fueron Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).
El panorama se vuelve aún más sombrío al confirmarse el ingreso de la Argentina a la Pax Silica, la iniciativa impulsada por Donald Trump y Peter Thiel para disputarle a China el dominio de la inteligencia artificial. En un análisis profundo difundido en la red social X, el abogado Pablo Serdán invitó a la reflexión al recordar el caso de Filipinas, el primer país donde se experimentó esta alianza con un hub físico. «Allí, Estados Unidos ofreció inversiones ocupando un territorio filipino sin pagar renta, administrado bajo su propia ley y con inmunidad diplomática, como si fuera una embajada», describió Serdán, quien sentenció: «Si a Filipinas, un socio que ya fabrica chips, le piden ceder soberanía sobre un pedazo de territorio, ¿qué le espera a un país que entra un escalón más abajo, solo como proveedor de minerales?». La pregunta resuena como un eco inquietante en el debate público, mientras el gobierno de Milei parece empeñado en consumar una oportunidad que, lejos de ser de desarrollo, se perfila como una nueva y profunda cesión de soberanía en plena era digital.
