Cinco décadas después del crimen que conmocionó a la Iglesia Católica durante la última dictadura militar, documentos desclasificados, nuevos testimonios y una investigación judicial reavivan la búsqueda de los responsables de uno de los episodios más brutales del terrorismo de Estado.
La madrugada del 4 de julio de 1976 quedó marcada como una de las páginas más oscuras de la historia argentina. En la casa parroquial de San Patricio, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, tres sacerdotes y dos seminaristas de la congregación palotina fueron asesinados con extrema violencia en un hecho que, medio siglo después, continúa impune. Considerada la mayor agresión perpetrada contra la Iglesia Católica durante la dictadura cívico-militar, la masacre sigue siendo objeto de investigación mientras familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos mantienen vivo el reclamo para que se identifique y condene a todos los responsables.
El domingo había comenzado como cualquier otro para la comunidad religiosa. La primera celebración litúrgica estaba prevista para las ocho de la mañana y, como era habitual, sería presidida por el padre Alfredo Leaden. Sin embargo, el oficio nunca comenzó.
Rolando Savino, que entonces tenía apenas 16 años y colaboraba como monaguillo en la parroquia, llegó al templo alrededor de las 7.20. Al advertir que las puertas permanecían cerradas y que nadie respondía, creyó inicialmente que los sacerdotes se habían quedado dormidos. Tras esperar varios minutos, decidió ingresar por una persiana que encontró abierta en la parte posterior del edificio.
Dentro de la vivienda observó que las luces permanecían encendidas y que la pequeña perra que convivía con los religiosos deambulaba por el lugar. Tomó las llaves para abrir la iglesia y permitir el ingreso de los fieles, que aguardaban en el exterior soportando las bajas temperaturas del invierno. Preparó todo para la ceremonia, pero la ausencia del sacerdote comenzó a inquietarlo.
Al regresar a la casa parroquial, una escena de absoluto desorden llamó su atención. Papeles, libros, documentos y hasta un colchón aparecían esparcidos por distintos ambientes. Al subir las escaleras descubrió el horror: los cuerpos sin vida de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau, junto a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, yacían en una de las habitaciones. Los dos jóvenes aún conservaban los abrigos y bufandas que habían utilizado la noche anterior al regresar de una salida al cine, un detalle que reforzó la hipótesis de que fueron sorprendidos apenas volvieron al edificio.
Mientras tanto, durante la madrugada, un vecino llamado Julio Víctor Martínez había advertido una situación sospechosa. Frente a la parroquia observó dos automóviles Peugeot estacionados en sentido contrario, con varios hombres en su interior. Alarmado por la presencia de los vehículos, se dirigió hasta la Comisaría 37ª para informar lo ocurrido.
Un patrullero acudió al lugar, aunque posteriormente trascendió un dato que con el paso de los años adquiriría enorme relevancia. Según distintos testimonios, al policía encargado de custodiar la vivienda del padre de Martínez —interventor militar en la provincia de Neuquén— le indicaron que, si escuchaba detonaciones o «cohetazos», no saliera porque esa noche iban a «reventar a unos zurdos». Aquella expresión quedó registrada como uno de los indicios que vinculaban directamente el crimen con fuerzas de seguridad.
Las sospechas adquirieron mayor sustento apenas cuatro días más tarde. El 8 de julio de 1976, la Embajada de Estados Unidos remitió un cable reservado al Departamento de Estado en el que afirmaba que existía certeza de que la matanza había sido ejecutada por integrantes de la Policía Federal Argentina y no por el Ejército.
El documento, desclasificado décadas después a pedido de organismos defensores de los derechos humanos, sostenía que la fuerza policial creía erróneamente que los seminaristas mantenían vínculos con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y que, por esa razón, habían sido convertidos en objetivos dentro de la ola de ejecuciones ilegales desatada como represalia tras el atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal ocurrido el 2 de julio de ese mismo año.
Aquel ataque, reivindicado por la organización Montoneros, provocó la muerte de 23 personas y desató una feroz reacción represiva. Según el cable diplomático, la versión que indicaba que los sacerdotes ocultaban al dirigente montonero Mario Firmenich no era más que una historia construida para justificar una ejecución que incluso fue considerada desmedida por observadores internacionales. El informe también señalaba que fuentes policiales sostenían que el operativo había sido llevado adelante por efectivos que actuaron sin autorización formal de la cúpula de la institución.
En aquellos días, la Policía Federal estaba bajo la conducción del general Arturo Corbetta, quien se había mostrado contrario a las prácticas clandestinas de la represión ilegal. Diversos testimonios indican que intentó frenar la escalada de violencia desencadenada tras el atentado contra la Superintendencia, aunque sus esfuerzos resultaron inútiles. Pocos días después sería desplazado por decisión del entonces ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy.
Otro documento, elaborado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense, aportó nuevos elementos. Allí se afirmaba que el ataque había sido ejecutado por seis oficiales de la Policía Federal que jamás recibieron sanción alguna. Entre las fuentes mencionadas figuraba Carlos Vicente Marcote, conocido como «El Lobo», quien en ese momento ocupaba un alto cargo dentro de la estructura operativa de la Superintendencia de Seguridad Federal.
La propia Iglesia también comenzó rápidamente a desconfiar de la versión oficial. El nuncio apostólico Pío Laghi mantuvo un encuentro con el embajador estadounidense Robert Hill y le transmitió que el entonces arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, consideraba que la masacre constituía una represalia directa por el atentado sufrido por la Policía Federal.
Ese mismo 4 de julio, Aramburu encomendó al sacerdote Efraín Antonio Sueldo Luque la tarea de recoger testimonios de dos jóvenes que habían observado a hombres armados abandonar la parroquia durante la madrugada. Sueldo Luque, con experiencia previa en la Justicia de Córdoba, elaboró además un detallado informe que entregó personalmente al arzobispo apenas dos días después.
El sacerdote también fue testigo de diversas irregularidades durante las primeras horas posteriores al crimen. Cuando llegó a la parroquia observó cómo eran retirados algunos cuerpos y denunció que efectivos policiales pretendían trasladarlos como personas no identificadas, a pesar de que él podía reconocer perfectamente a las víctimas. Además, descubrió que una inscripción escrita con tiza en una puerta, que hacía referencia a los «camaradas muertos en Seguridad Federal», había sido borrada antes de preservarse adecuadamente la escena del crimen.
Durante una visita posterior a la Comisaría 37ª, Sueldo Luque mantuvo un intercambio con autoridades policiales acerca de otras inscripciones encontradas en el lugar. Los investigadores intentaban instalar la hipótesis de que el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo estaba vinculado con los asesinatos. El religioso rechazó de plano esa posibilidad y dejó asentadas sus objeciones en un informe donde denunció que existía un claro intento de desviar la investigación hacia una falsa pista.
Pese a la magnitud del caso, la masacre de San Patricio nunca tuvo condenados. Paradójicamente, quien sí terminó enfrentando una sentencia judicial fue el periodista Eduardo Kimel, autor de una profunda investigación sobre el hecho, luego de cuestionar el desempeño del juez Guillermo Rivarola durante la pesquisa. Años después, esa condena sería considerada una grave afectación a la libertad de expresión.
Durante décadas predominó la hipótesis de que el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada había sido responsable del ataque. Sin embargo, la investigación tomó un nuevo rumbo cuando comenzó a analizarse la posible participación de integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal. El juez federal Daniel Rafecas incorporó nuevos testimonios, entre ellos el del ex policía Armando Luchina, quien aseguró que represores de esa dependencia se atribuían internamente la autoría de la matanza.
En ese contexto, y a pedido de la querella integrada por Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuatro ex policías fueron convocados a prestar declaración indagatoria, acusados de haber facilitado el operativo mediante la liberación de la zona para que el grupo ejecutor actuara sin obstáculos. Luego de múltiples postergaciones impulsadas por las defensas, las audiencias judiciales quedaron finalmente programadas para los próximos días, lo que representa uno de los avances más significativos registrados en las últimas décadas.
Al cumplirse cincuenta años del crimen, la comunidad religiosa y organismos de derechos humanos renovarán el homenaje a las víctimas con una misa en la parroquia San Patricio, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Allí, en el mismo lugar donde vivieron y fueron asesinados los cinco palotinos, volverá a escucharse un reclamo que atraviesa medio siglo de historia: que la verdad completa salga definitivamente a la luz y que los responsables de uno de los crímenes más emblemáticos del terrorismo de Estado respondan finalmente ante la Justicia.
