El exlegislador nacional deberá dar explicaciones este martes ante el magistrado Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez por el presunto blanqueo de capitales provenientes de un acuerdo ficticio de asesoramiento. La pesquisa revela la adquisición de vehículos de lujo y la constitución de un fideicomiso en la costa atlántica como destinos de los fondos, en una causa que salpica el círculo íntimo del actual oficialismo.
El cronómetro judicial marca las diez y media de la mañana de este martes como el instante crucial en el que el economista y exdiputado José Luis Espert deberá cruzar el umbral de los tribunales federales de San Isidro para enfrentar su declaración indagatoria en el marco de una investigación que sacude los cimientos de su imagen pública. La citación, que originalmente estaba pautada para la semana precedente, fue objeto de un aplazamiento estratégico solicitado por su representación legal, quienes arguyeron la necesidad de un análisis más pormenorizado del abultado expediente que pesa sobre su cliente. Este martes, sin embargo, no habrá más prórrogas y el otrora candidato presidencial deberá responder ante el juez Lino Mirabelli y el fiscal federal Fernando Domínguez por el presunto delito de lavado de activos vinculado al empresario Freddy Machado, apodado «Fred Machado», cuya sombra se extiende desde el sur argentino hasta los estrados judiciales de Texas.
La imputación que gravita sobre Espert sostiene que el exdiputado habría recibido un desembolso cercano a los doscientos mil dólares, originado en un contrato de consultoría simulado con la firma guatemalteca «Minas del Pueblo», propiedad del propio Machado. Este flujo de efectivo, lejos de ser declarado ante los organismos fiscales, habría sido canalizado hacia la compra de automóviles de alto poder adquisitivo, como un BMW y un Lexus RX valuado en ciento treinta mil dólares, además de ser inyectado en la constitución de un fideicomiso en la exclusiva localidad balnearia de Costa Esmeralda. Para la fiscalía, la operación no reviste otra naturaleza que la de una coartada perfecta para justificar el ingreso de divisas provenientes de actividades ilícitas, tejiendo una red de operaciones financieras que buscan otorgar un barniz de legalidad a los capitales oscuros.
El vínculo entre Espert y Machado no es un descubrimiento reciente para los círculos políticos y periodísticos. La relación se remonta al año 2019, cuando el primero, bajo el apelativo de «El Profe» que le endilga el actual mandatario Javier Milei, desplegó su campaña presidencial con el apoyo logístico y financiero del empresario. No obstante, el asunto irrumpió en la opinión pública con virulencia en abril de 2021, cuando Machado fue aprehendido en la ciudad de Viedma por orden de la justicia estadounidense, permaneciendo bajo arresto domiciliario hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió su extradición a los Estados Unidos en noviembre del año pasado. Fue en aquel contexto cuando el periodista Rodis Recalt difundió una fotografía que capturó a Espert posando frente a una de las aeronaves del empresario, acompañado por Nazareno Etchepare, su entonces jefe de campaña, una imagen que se convertiría en el primer destello público de una relación que ahora es examinada con lupa por la justicia.
El entramado probatorio recabado por la fiscalía de San Isidro revela el estado de inquietud que embargó a Espert a partir de la detención de su socio comercial. Las conversaciones intervenidas, en las que el economista consulta a un grupo de contadores sobre cómo manejar su declaración jurada correspondiente al período 2020, resultan elocuentes. En esos diálogos, el exdiputado muestra su preocupación por la declaración de esos fondos, que mantenía en el más absoluto hermetismo. La decisión final fue la de no consignar ese ingreso en sus presentaciones fiscales, una omisión que ahora constituye el núcleo de la acusación. El rastro documental de la transferencia, desde el Bank of America a través de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. hacia la cuenta del Morgan Stanley del exlegislador, fue un hallazgo que salió a la luz en plena efervescencia electoral del año pasado, acorralando al economista y forzándolo a un reconocimiento público de los hechos, aunque matizado por sus justificaciones.
Uno de los capítulos más controvertidos de esta pesquisa es la presentación de un supuesto contrato de asesoramiento con «Minas del Pueblo», un documento encontrado en el domicilio de Machado en Viedma. El texto estipulaba una retribución de un millón de dólares por servicios de reestructuración de deuda, lo que sugiere que el monto investigado podría ser solo una fracción de un flujo mayor de dinero. Sin embargo, los peritajes y análisis de la causa indican que la firma guatemalteca carecía de actividad operativa en la fecha consignada en el acuerdo —el 7 de junio de 2019—, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un artificio contractual destinado a enmascarar el origen espurio de los capitales. La maniobra se complementa con la adquisición de los rodados de lujo y la participación de la cónyuge de Espert en un fideicomiso para una residencia estival en Costa Esmeralda, donde se volcaron cincuenta y cinco mil quinientos dólares y una suma cercana a los cincuenta y un millones de pesos, operación que fue desarmada parcialmente con un retiro de ochenta mil dólares de la entidad bancaria cuando la pesquisa comenzó a tomar impulso.
La indagatoria no solo tiene a Espert como protagonista, sino que también alcanza a su entorno financiero y societario. El contador Mariano Cosentino, quien aparece como el artífice de las declaraciones juradas y los «arreglos hacia adelante» mencionados por el propio imputado en sus comunicaciones, también fue convocado a prestar declaración. Junto a él, la empresa Varianza SA, constituida aparentemente para instrumentalizar la maniobra, deberá responder ante la justicia en calidad de persona jurídica. Los mensajes de texto recuperados por los pesquisas son particularmente reveladores, como aquel en el que Espert le confiesa a la contadora Mercedes Almenares que Cosentino está estructurando su declaración jurada no solo para 2020, sino también para el futuro inmediato, con la expectativa de que su ingreso a la Cámara de Diputados le brinde una fuente de ingresos legítima que justifique su situación patrimonial.
Más allá de los aspectos estrictamente financieros, la causa pone de relieve el entramado de favores y apoyos que Machado brindó a la carrera política de Espert. El financiamiento de la campaña presidencial de 2019, el préstamo de su avión privado para más de treinta vuelos proselitistas y la cesión de un automóvil blindado son hechos que ya han derivado en otra investigación judicial paralela y que contextualizan la profundidad del vínculo. Este martes, con la mirada del país y el sistema judicial puesta en el juzgado de San Isidro, José Luis Espert se dispone a dar su versión ante los magistrados, en una declaración que se anuncia como un punto de inflexión en una causa que expone las grietas del poder político y su relación con el capital del narcotráfico.
