Un minucioso informe elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA revela que el financiamiento para educación y cultura sufrió un retroceso sin precedentes, con una merma del 43,2% real durante 2024 y una caída adicional del 7,9% en 2025, en un contexto donde las universidades y las becas estudiantiles aparecen como los sectores más castigados por la motosierra fiscal, mientras el Gobierno nacional concentra sus esfuerzos en el Plan Nacional de Alfabetización y transfiere responsabilidades a las provincias.
A apenas dos años del inicio de la administración de Javier Milei, el sistema educativo argentino atraviesa una hemorragia presupuestaria de magnitudes históricas. La inversión destinada a este sector fundamental se ha reducido prácticamente a la mitad, configurando un escenario desolador que contradice abiertamente las promesas de recuperación esbozadas por el propio mandatario al presentar el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2026. Esta es la contundente conclusión que emerge del estudio titulado «El futuro del financiamiento educativo en debate», realizado por un equipo de economistas del IIEP dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, cuyos datos pintan un panorama de ajuste estructural que trasciende las meras fluctuaciones anuales.
El trabajo académico, que se publica en un momento particularmente sensible del debate público, evidencia que la contracción en materia educativa ha sido sensiblemente más profunda que el recorte general del gasto público nacional, lo que implica que la enseñanza perdió terreno tanto en su participación dentro del Producto Bruto Interno como en el total de erogaciones del Estado central. Lejos de cumplirse el incremento del 8% que el oficialismo pronosticaba para el corriente año, los cálculos más optimistas sugieren que, a menos que ocurra un milagro económico inesperado, como una deflación abrupta o una asignación extraordinaria de partidas, deberá sumarse un 13% adicional a esta ya alarmante caída, profundizando aún más la sangría financiera que padecen las instituciones educativas de todos los niveles.
Javier Curci, investigador del IIEP y director del Departamento de Economía de la facultad, sintetiza con crudeza la situación al describir la combinación más letal de motosierra y licuadora que este Gobierno ha aplicado sobre el sistema educativo, la ciencia y la tecnología. Según el especialista, el financiamiento para la función Educación y Cultura experimentó una disminución real del 43,2% durante 2024 en comparación con el año precedente, reduciendo su incidencia en el PIB en aproximadamente seis décimas de punto porcentual. Pero la tendencia no se detuvo allí, ya que en 2025 se consolidó la trayectoria iniciada, con un nuevo descenso real del 7,9% respecto del ejercicio anterior, consolidando un ciclo contractivo que no encuentra parangón en la historia reciente argentina.
El informe del IIEP pone especial énfasis en desagregar los efectos de este ajuste diferencial, revelando que la mayor concentración del recorte se dirige hacia el ámbito universitario y los programas de contención estudiantil. Las transferencias destinadas a la educación superior, canalizadas a través del programa Desarrollo de la Educación Superior, sufrieron una merma interanual del 5,4% en términos reales, mientras que las becas para alumnos experimentaron un desplome del 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas se contrajo un alarmante 49,5%. Estos números evidencian que el martillo financiero del gobierno cayó con particular ensañamiento sobre los sectores más vulnerables del sistema educativo, dejando a miles de estudiantes sin el respaldo económico que les permitía sostener su trayectoria académica.
Curiosamente, dentro de este escenario de ajuste generalizado, emerge una excepción significativa que delata la hoja de ruta del oficialismo en materia pedagógica: el Plan Nacional de Alfabetización, que no solo mantuvo su ejecución sino que incrementó sus partidas, convirtiéndose en la principal apuesta de la Secretaría de Educación. Este comportamiento selectivo del gasto sugiere una estrategia deliberada de reorientación de los recursos hacia un programa emblemático, mientras se desmantelan otras áreas que históricamente conformaron el entramado del sistema público. Sin embargo, incluso esta iniciativa bandera no escapó al efecto erosivo de la inflación acumulada, viendo licuado su poder adquisitivo real, lo que pone en duda su efectividad para alcanzar las metas declaradas por el gobierno.
Uno de los factores que explica gran parte de esta debacle financiera es la abrupta discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una de las primeras medidas drásticas adoptadas por la administración de Milei al asumir el poder. Este mecanismo, que representaba entre un 5 y un 15 por ciento del salario de los maestros en las provincias, funcionaba como un complemento esencial para equiparar los ingresos docentes en las jurisdicciones con menor capacidad recaudatoria. Su eliminación, interpretada como un gesto de transferencia de responsabilidades hacia los gobiernos locales, dejó a la mayoría de las provincias en una situación de desamparo, con apenas dos excepciones -Neuquén y Corrientes- que han logrado compensar la pérdida con fondos propios, mientras el resto del territorio nacional asume la merma de manera absoluta, con el consiguiente impacto en la calidad del servicio educativo.
El estudio de los economistas de la UBA advierte que el debate actual ya no se circunscribe exclusivamente al monto global del gasto destinado al sector, sino que se ha desplazado hacia cuestiones más estructurales relacionadas con los mecanismos de asignación de recursos, la distribución de competencias entre la Nación y las provincias, el creciente rol del sector privado en la provisión de servicios educativos y los instrumentos de evaluación del sistema. Esta transformación del paradigma de financiamiento se enmarca en la reciente presentación del Proyecto de Ley de Libertad Educativa, auspiciada por el gobierno en foros como la Fundación Faro, que viene a plasmar en términos normativos una ambición que los datos empíricos ya reflejan: transferir en la mayor medida posible las erogaciones educativas a las jurisdicciones subnacionales y a las familias.
Los investigadores subrayan que el futuro del financiamiento educativo argentino se encuentra en una encrucijada donde se están redefiniendo simultáneamente el volumen de recursos disponibles, los actores responsables de sostenerlos, las reglas de asignación y los instrumentos de coordinación federal. Este proceso de transformación no es neutral, sino que implica una opción de fondo sobre el modelo de país que se pretende construir, y sus consecuencias se proyectarán a largo plazo sobre la equidad y la calidad de la enseñanza. La pregunta central que plantea el informe, y que debería interpelar a toda la sociedad, es si se está configurando un sistema con mayor capacidad nacional de compensación, planificación y garantía de pisos comunes de calidad, u otro más descentralizado, fragmentado y dependiente de las capacidades de cada provincia, las familias, las instituciones particulares y los mecanismos de demanda individual.
Curci, enfatiza que el diagnóstico es inequívoco: de cada dos pesos que ingresaban al sistema educativo en diciembre de 2023, hoy ese mismo sistema apenas dispone de uno. Y aunque el ejercicio 2026 aún se presenta incierto porque el año y el presupuesto no han cerrado, todas las señales indican que el ajuste se profundizará, sumiendo al sector en una espiral descendente de la que resultará muy difícil recuperarse. La calidad y la equidad del sistema educativo dependerán, en última instancia, de cómo se resuelva esta tensión entre un modelo centralizado y otro descentralizado, y de la capacidad de la sociedad civil para exigir que la educación recupere el lugar prioritario que le corresponde en la agenda de Estado, más allá de las coyunturas políticas y las ideologías económicas.
