Tras el traspié sufrido con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la coalición gobernante apura los tiempos y confía en obtener una media sanción clave para desactivar las exigencias del Fondo Monetario Internacional, aunque el arco opositor ya anuncia estrategias para visibilizar la crisis de los deudores.
El calendario legislativo se apresta a vivir una nueva jornada de alto voltaje político el próximo miércoles, cuando la Cámara de Diputados intente poner en marcha una sesión especial que promete reconfigurar el tablero de fuerzas en el Palacio Legislativo. La convocatoria, impulsada por los bloques adictos al Poder Ejecutivo, llega en un momento de fragilidad institucional para la administración libertaria, que aún resiente los efectos de la reciente derrota parlamentaria que sepultó el proyecto sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y evidenció la rebeldía de los mandatarios provinciales que hasta ahora habían mantenido una alianza circunstancial.
En el centro de la escena se ubica la tan postergada reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el presidente Javier Milei ha elevado a la categoría de obsesión personal y que el Fondo Monetario Internacional ha colocado como una pieza ineludible en el tablero de las negociaciones financieras. Fuentes cercanas al despacho del mandatario confían en que la modificación del estatuto de la entidad monetaria implicará un cerco funcional tan estrecho que, en la práctica, «será casi como clausurar sus operaciones», tal como el propio líder de La Libertad Avanza prometió en su cruzada electoral contra la emisión descontrolada.
Los operadores parlamentarios del oficialismo se muestran cautelosos pero optimistas respecto a la posibilidad de cosechar la media sanción que les permita avanzar con este expediente. Sin embargo, reconocen que el éxito de la empresa dependerá de la habilidad para tejer acuerdos en un recinto donde las mayorías son esquivas. «Han introducido disposiciones para cada distrito gobernado por aliados», confesó un experimentado legislador a este cronista, aludiendo a los incentivos sectoriales que se han esparcido en el articulado para garantizar el respaldo de las provincias, especialmente aquellas que han visto cómo sus representantes mudaban de identidad política.
En este contexto de geometría variable, la conformación de un nuevo espacio parlamentario promete alterar la correlación de fuerzas existente. Los diputados que responden a los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, provenientes de la extinta bancada Innovación Federal, han decidido romper sus ataduras previas para erigirse como un bloque autónomo, aún huérfano de denominación oficial, que hará su estreno formal en la mencionada sesión. La irrupción de esta fuerza intermedia podría resultar determinante a la hora de inclinar la balanza, aunque su posicionamiento frente a las reformas del Central permanece aún bajo un manto de especulación.
El temario previsto no se agota en la cuestión monetaria. Junto a la modificación de la Carta Orgánica, los legisladores deberán expedirse sobre el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca aliviar la presión tributaria sobre los contribuyentes, y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional en materia de Patentes, un instrumento que facilitaría la protección de la propiedad intelectual en el ámbito global. La inclusión de estos tópicos busca ampliar el espectro de intereses en juego y sumar voluntades dispersas.
No obstante, el camino hacia la aprobación dista de ser un lecho de rosas. La oposición, consciente de la vulnerabilidad del oficialismo tras el reciente revés, ha anunciado que recurrirá a un apartamiento del reglamento interno con el objetivo de introducir en el debate un tema que atraviesa el tejido social con crudeza: la angustia de los ciudadanos sobreendeudados. El arco progresista planea forzar el giro de esta problemática a las comisiones que el oficialismo mantiene deliberadamente bloqueadas, buscando exponer las fisuras del relato oficial y poner en evidencia el costo humano de las políticas de ajuste.
El escenario se presenta, por tanto, como una encrucijada de alta complejidad. Por un lado, la necesidad del Ejecutivo de sumar un triunfo legislativo que revitalice su iniciativa política y demuestre capacidad de gestión ante los organismos de crédito internacional. Por el otro, la determinación de los sectores críticos de no conceder tregua y utilizar todos los recursos procesales a su alcance para visibilizar las aristas más dolorosas de la realidad socioeconómica. La sesión del miércoles no solo definirá el destino de la autoridad monetaria, sino que también pondrá a prueba la resiliencia de un gobierno que busca recomponer su espina dorsal después de un golpe que sacudió los cimientos de su poder parlamentario.
