El dirigente gremial Fernando Fernández advirtió que la crisis educativa trasciende la cuestión remunerativa. En una extensa entrevista, señaló el avanzado estado de abandono de las escuelas, la falta de insumos en los talleres técnicos y rechazó el paro indefinido, al tiempo que cuestionó los proyectos de ley que buscan crear nuevos impuestos o declarar la educación como servicio esencial.
En el marco de un prolongado conflicto salarial que mantiene en vilo a la comunidad educativa provincial, el referente gremial Fernando Fernández trazó un panorama complejo que va más allá de la mera discusión por los haberes de los trabajadores. Si bien reconoció que la recomposición del poder adquisitivo constituye una demanda impostergable para todos los agentes del sistema, el sindicalista subrayó con énfasis que el estado crítico de los establecimientos escolares se ha convertido en una preocupación de igual magnitud. “Lo que perseguimos, por encima del incremento salarial que obviamente todos necesitan, es la rehabilitación integral de cada uno de los edificios públicos destinados a la educación común, técnica y de gestión estatal en toda la provincia”, aseveró.
El dirigente denunció un deterioro progresivo y sostenido de las infraestructuras escolares, un fenómeno que, según sus palabras, se ha acentuado en los últimos tres años con consecuencias alarmantes. Mencionó fallas recurrentes en los sistemas de calefacción, instalaciones de gas en mal estado y un mobiliario que no da abasto para cubrir la demanda real de alumnos. Como botón de muestra, citó el caso del CPET, donde recientemente se constató la ausencia de decenas de sillas para atender a la totalidad de los estudiantes inscriptos. “Si los elementos se rompen y no se renuevan, es lógico que el déficit se perpetúe y se agrande”, reflexionó con crudeza.
Pero el diagnóstico no se detuvo allí. Fernández añadió un dato que enciende las alarmas en materia de seguridad: en varias escuelas se han detectado extintores vencidos, lo que pone en riesgo la integridad de alumnos y docentes. “Las familias deben tener la certeza de que envían a sus hijos a un lugar seguro; si los matafuegos no están operativos, esa garantía se desvanece”, sentenció. En ese sentido, reclamó que el Estado provincial asuma con urgencia las reparaciones necesarias y provea los recursos para que los establecimientos cumplan con las normas mínimas de habitabilidad y protección.
En otro tramo de la entrevista, el gremialista se explayó sobre el crítico presente de la educación técnica, un sector que, a su juicio, arrastra un desfinanciamiento estructural desde la década de 1990. A pesar de esta realidad adversa, destacó que la matrícula en estas escuelas no deja de crecer, signo del interés sostenido que despiertan entre las juventudes y sus familias. Sin embargo, el entusiasmo choca contra la dura pared de la carencia de recursos para mantener talleres, adquirir equipamiento y reponer insumos básicos para la práctica. “¿De qué modo puedo enseñar a un adolescente el oficio de soldador si no cuento con electrodos?”, se preguntó retóricamente, para graficar la dimensión del problema. En esa línea, adelantó que se evalúa la implementación de nuevas tecnicaturas con costos operativos menores, denominadas por él como “tecnicaturas blandas”, que requieren una inversión inicial significativa pero demandan menos gastos permanentes de reposición.
El conflicto salarial y las medidas de fuerza impulsadas por el SUTEF ocuparon otro capítulo central de sus declaraciones. Fernández fue categórico al expresar que AMET no respalda la estrategia del paro por tiempo indeterminado, al considerarla una acción extrema que perjudica tanto a los propios trabajadores como a la comunidad en su conjunto. “El reclamo por mejoras remunerativas es absolutamente legítimo, pero no podemos afectar el derecho a la educación de los estudiantes”, argumentó. Para el dirigente, la suspensión indefinida de actividades es una herramienta desproporcionada que termina vulnerando al sujeto pedagógico, y afirmó que su organización continuará reclamando con otros instrumentos de negociación que no impliquen la interrupción total del servicio.
En materia de financiamiento educativo, el entrevistado sostuvo que la solución de fondo pasa por una ley específica que asigne partidas suficientes tanto para salarios como para inversión en infraestructura. Sin embargo, se mostró crítico con aquellos proyectos que proponen la creación de nuevos tributos para costear el sistema, en particular los que gravarían a monotributistas y a otros actores privados. Frente a esa iniciativa, AMET presentó una contrapropuesta basada en la reasignación de recursos ya existentes dentro del presupuesto provincial, sin necesidad de recurrir a una presión fiscal adicional.
Otro punto de fuerte controversia fue el proyecto impulsado por el espacio La Libertad Avanza que busca declarar a la educación como servicio esencial. Fernández calificó la iniciativa como inviable y anacrónica, y cuestionó que se pretenda exigir guardias mínimas o porcentajes de cobertura cuando las propias condiciones edilicias no están garantizadas. “Si en un colegio los matafuegos están vencidos o faltan bancos, ¿cómo puedo asegurar una guardia del 75%?”, se interrogó con ironía. A su entender, esa medida apunta más a cercenar la capacidad de acción gremial que a solucionar los problemas de raíz que aquejan al sistema educativo.
Finalmente, al ser consultado sobre el impacto de los descuentos salariales aplicados a los docentes que adhieren a los paros, Fernández no dudó en señalar que esa práctica podría estar incidiendo en una menor participación en las medidas de fuerza. “Es muy probable”, respondió, y agregó: “Si estás reclamando un sueldo digno y al mismo tiempo te descuentan por ese reclamo, el perjuicio puede terminar siendo mayor que el beneficio buscado”. Con estas palabras, el dirigente dejó planteada una paradoja que atraviesa el corazón del conflicto, mientras el sistema educativo espera respuestas que aún no llegan.
