La ausencia del mandatario de la Casa de Gobierno alimentó rumores sobre un aislamiento en la quinta presidencial, donde se dedicaría a escribir un libro de tinte mesiánico. Su regreso al ruedo político, sin embargo, no trajo propuestas superadoras sino la reedición de un viejo y desgastado libreto antiderechos, en el que culpa a la lucha por la despenalización del aborto por la caída de la natalidad y los problemas previsionales, mientras la economía real se desmorona y el descontento social crece en las calles.
Pasaron tres semanas desde que el jefe de Estado, Javier Milei, no pisa la Casa Rosada. En los pasillos del poder y en las mesas de los estrategas políticos comenzaron a tomar fuerza especulaciones acerca de un posible aislamiento voluntario en su residencia de Olivos, una suerte de reclusión en la que, según las versiones más osadas, estaría abocado a la escritura de un nuevo libro con ribetes mesiánicos, ajeno por completo a la tormenta económica que sacude al país. Pero como si se tratara de un acto reflejo, una pulsión incontrolable que lo devuelve al centro de la escena, el primer mandatario emergió de su ostracismo para recurrir, una vez más, al ataque más primario contra los movimientos feministas y la agenda de género. Lo hizo en el escenario del hotel Alvear, durante la vigésimo tercera edición del Council of the Americas, un foro plagado de CEOs, empresarios, funcionarios y gobernadores, donde desempolvó una partitura ya corroída y desgastada de tanto repetirla.
«Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes», sentenció desde el atril, en una clara alusión a la marea verde que impulsó la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y luego, para no dejar dudas sobre la línea argumental que pretendía instalar, agregó con un tono dogmático: «Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional». El presidente se refería, sin la más mínima solidez teórica ni empírica, al descenso de la tasa de natalidad, un fenómeno que, en su relato distorsionado, encuentra su única causa en la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.
La arenga de Milei, sin embargo, patina una y otra vez cuando intenta aplicar el manual de la ultraderecha antiderechos como un escudo para desviar la atención de los fracasos estructurales de su modelo económico. Refugiado en la llamada «batalla cultural», un terreno que últimamente le resulta cada vez menos fértil y más esquivo, el presidente parece olvidar que los números de la economía no lo acompañan. En este contexto, no le resulta conveniente hablar de las deudas ni de la recesión, mientras despilfarra argumentos que no resisten el menor cotejo con los datos oficiales que maneja el Ministerio de Economía y, paralelamente, se produce una enorme movilización popular convocada por sindicatos y organizaciones sociales frente a la morosidad estatal que afecta a millones de argentinos y argentinas que esperan respuestas concretas.
Desde su participación en el Foro Mundial de Davos en enero de 2025, el mandatario no ha cesado en su empeño de confrontar con los feminismos y de intentar instalar una agenda anti derechos que, sin embargo, no termina de cuajar en el Congreso ni en el imaginario social. Hubo un intento fallido a principios de 2024, cuando se presentó un proyecto para derogar la Ley 27.610 de IVE, que llevaba las firmas de referentes de La Libertad Avanza como Rocío Bonacci, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Manuel Quintar y Lilia Lemoine. Aquella presentación resultó bochornosa y el bloque oficialista no continuó insistiendo por esa vía ante la falta de consensos. Ahora, las maniobras legislativas apuntan a otro costado: intentar tratar el proyecto de Ley de Falsas Denuncias impulsado por la senadora Carolina Losada, que logró dictamen en abril pero aún no reunió los acuerdos necesarios para llegar al recinto. La iniciativa original propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para incrementar las penas en casos de denuncias falsas, específicamente aquellas vinculadas con hechos de violencia de género.
Por donde intenta avanzar la gestión libertaria, se topa con un hecho incontrovertible: la sociedad argentina no sintoniza con la idea de tomar al aborto, a las políticas de género y a la Educación Sexual Integral como chivos expiatorios de los males nacionales. Un informe reciente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) demuestra, con evidencia contundente, que las denuncias falsas por violencia de género son un fenómeno marginal. A nivel global, menos del uno por ciento de las denuncias en esta materia resultan ser falsas, según datos de ONU Mujeres. En Argentina, del total de presentaciones judiciales a nivel general —y no únicamente por violencia de género— el porcentaje de falsas denuncias no supera el tres por ciento, y la gran mayoría de esos casos están vinculados a delitos económicos y fraudes, no a acusaciones de violencia machista, según consigna el Consejo de la Magistratura.
El combo de políticas y proyectos de ley antifeministas se ha convertido en el manual de estilo que los libertarios deben tener siempre a mano para que la batalla cultural no se les escurra entre los dedos, en medio de los profundos problemas económicos que atraviesa el país. Por eso, este mensaje presidencial viene acoplado a la noticia —que por supuesto celebró con entusiasmo el ideólogo Agustín Laje— de la adhesión de Argentina a la Declaración de Ginebra. «Mientras seguimos dando la batalla interna para recuperar la protección jurídica de la vida, Argentina deja de utilizar su política exterior para promover el aborto y pasa a integrar una coalición internacional que defiende la vida, la familia y la soberanía de las naciones», expresó Milei en la red X, en un intento por dotar de épica a su cruzada moral.
El mensaje político de sumar al país a esa declaración responde a la clara intención del gobierno de ratificar el posicionamiento de Argentina como una suerte de «vanguardia moral» y faro doctrinario en la lucha contra la supuesta agenda globalista y la intervención del Estado. Al alinearse en foros internacionales con un bloque de naciones ultraconservadoras, el oficialismo busca disputar el sentido común no solo en el plano local, sino proyectar hacia el exterior una cruzada ideológica que coloca la restricción de los derechos sexuales y reproductivos en el centro de su plataforma doctrinaria. Pero la pregunta que muchos se hacen, incluso dentro de sus propias filas, es si esta estrategia está dando los resultados esperados o si, por el contrario, está acelerando el desgaste de una gestión que no logra resolver los problemas concretos de la ciudadanía.
Mientras los alfiles de la batalla cultural lo dan todo por enmascarar que el Gobierno no logra recuperar la agenda política —perdida tras la extensa agonía mediática del vocero Manuel Adorni, que continuó con la épica del ‘partido contra los ingleses’ y la defensa de la soberanía tras el paso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que salió del Senado deshuesada—, la escena se completó en el hotel Alvear con un anuncio que rayó en lo pintoresco: Milei prometió dar un nuevo recital musical para celebrar que la inflación mayorista de julio fue del 0,8%. La pregunta que flotó en el ambiente fue si las feministas también serán las culpables de que el Presidente no pueda disimular sus ansias de llenar un estadio como River Plate, a la manera de un artista pop como Lali Espósito, en lugar de ocuparse de la gestión.
El argumento demográfico esgrimido por el mandatario, sin embargo, se desmorona ante la más mínima revisión de los datos. «Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional», reiteró Milei. No obstante, las estadísticas oficiales indican que la tendencia a la baja de la tasa de natalidad en Argentina se registra desde el año 2014, según la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), es decir, seis años antes de la sanción de la Ley IVE en diciembre de 2020. La trampa argumentativa que pretende vincular la norma con el déficit del sistema previsional omite por completo la precarización laboral a la que están sometidos los trabajadores y trabajadoras tras las reformas impulsadas por el propio gobierno. La tasa de informalidad alcanza el 44,2% de la población ocupada, marcando el nivel más alto de trabajo no registrado en los últimos años, según datos del INDEC. Quienes pierden el empleo en blanco dejan de financiar el sistema previsional, y es allí, y no en la decisión de interrumpir un embarazo, donde radica la verdadera amenaza a la sostenibilidad de las jubilaciones.
Milei viene testeando desde hace tiempo cómo colar en el debate público la idea de que el problema de la natalidad sería una consecuencia directa de las políticas de género. En mayo del año pasado ya había ensayado un discurso similar en la Cámara de Comercio de Estados Unidos: «Se les pasó la mano en atacar a la familia, atacar a las dos vidas y lo estamos pagando con caídas en la natalidad». Sin embargo, según la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), el mayor impacto en el descenso de la natalidad general proviene del desplome en las tasas de embarazo adolescente, un fenómeno impulsado por políticas públicas de acceso a anticoncepción y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). Entre 2017 y 2023, la tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada mil mujeres de entre 10 y 19 años) cayó un 58%, pasando de 27,4 a 11,5. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), lanzado en 2017 y actualmente desfinanciado, fue uno de los motores esenciales de este descenso, lo que demuestra que la baja en los nacimientos responde a políticas de planificación familiar y no a una supuesta «cultura de la muerte».
Llegados a este punto, queda en evidencia que tirar contra el feminismo como chivo expiatorio para tapar los desaciertos macroeconómicos es una estrategia que empieza a mostrar signos evidentes de agotamiento. Después de casi tres años de gestión, la receta de culpar a las conquistas del movimiento feminista por las fallas estructurales del modelo económico perdió envión y no sirve para enmascarar la pérdida de la agenda política ni para anestesiar el malestar social que se acumula en las calles. La «locura de los pañuelitos verdes», que el presidente evoca con desprecio, dice mucho más sobre las urgencias de un gobierno acorralado que sobre el discurso de la moral que alguna vez los libertarios supieron acumular. La partitura reaccionaria suena cada vez más desafinada, y pretender que la sociedad acepte ese libreto antifeminista como explicación de la baja de natalidad o del colapso del sistema previsional es la demostración más palpable de que hay una gestión que se está quedando sin chivos expiatorios y, lo que es peor, sin respuestas concretas para la gente.
