El fallo llegó al caer la noche, en medio de un operativo policial con armas largas. Los chats extraídos del celular del consultor político, que lo vinculan directamente con el ataque, fueron claves en la decisión judicial, pese a los planteos de nulidad presentados por su defensa. Mientras tanto, en La Paz avanza otra investigación por enriquecimiento ilícito.
El juez Wilson Espada resolvió en las últimas horas dictar prisión preventiva por 180 días para Fernando Cerimedo, quien permanecerá recluido en el penal de Palmasola, la principal cárcel del departamento de Santa Cruz. La medida fue ejecutada en un operativo nocturno que movilizó a efectivos policiales pertrechados con armas de largo alcance, en un despliegue que selló el destino procesal del consultor argentino, acusado de ser el presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio contra Nadia Beller.
La resolución judicial se conoció tras una jornada signada por la exposición de nuevos elementos probatorios. Durante el transcurso del día, la fiscalía dio a conocer fragmentos adicionales de las conversaciones rescatadas del dispositivo móvil de Cerimedo, cuyo contenido resultó determinante para fortalecer la hipótesis acusatoria. Según confirmaron fuentes del Ministerio Público a este diario, entre los intercambios más reveladores figura un diálogo mantenido con un usuario identificado como ECG, en el que se lee: “¿les digo que la busquen ahí?” y, minutos más tarde, “hermano, en este momento le dispararon, está herida”. Ambas comunicaciones coinciden cronológicamente con la hora del ataque sufrido por Beller.
Tanto la víctima como el expresidente Evo Morales señalaron a ECG como Erik Correa González, actual jefe de Inteligencia del gobierno de Rodrigo Paz. Esta vinculación no hizo más que profundizar las sospechas sobre una posible utilización de recursos estatales para el seguimiento y ejecución del ataque. A lo largo del viernes, además, la policía boliviana concretó la detención de tres personas —dos varones y una mujer—, esta última señalada como pareja de uno de los sicarios involucrados en el hecho. Sin embargo, al cierre de esta edición, solo una de esas aprehensiones se mantenía firme.
La defensa técnica de Cerimedo, encabezada por los abogados Ernesto Giraldes y Margarita Arce, intentó frenar el avance de la causa mediante una batería de planteos de nulidad. Entre los argumentos esgrimidos, cuestionaron que la fiscalía hubiera accedido al contenido del teléfono celular sin la presencia del control defensivo, que la detención se hubiera efectuado con irregularidades, que no se hubiera puesto al imputado a disposición del juez en el plazo legalmente establecido, y que el período de prisión preventiva solicitado resultaba desproporcionado. No obstante, el magistrado desechó todos esos reclamos y convalidó la validez de los mensajes, cuyo peso incriminatorio resultó, a criterio del tribunal, contundente.
Fuentes cercanas al equipo jurídico del consultor admitieron, en privado, que las expectativas de evitar el encarcelamiento eran reducidas. “Esto se mediatizó mucho”, confesaron, en alusión a la exposición pública que adquirió el caso y que, según su óptica, condicionó el margen de maniobra procesal.
El contenido del celular de Cerimedo sigue siendo el eje central de la acusación. En el bloc de notas del dispositivo apareció una captura que reza textualmente: “nos vendió Nadia. O la eliminamos o estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer ese trabajo?”. A esa escalofriante anotación se suman los chats conocidos durante la jornada del viernes, en especial el intercambio con ECG, cuya secuencia narrativa resulta asombrosa. En esa conversación, el interlocutor informa: “Desde las 20.15 están por ahí. No reportan que ingresó. Seguirán no más por ahí”. Instantes después, agrega: “hermano, en este momento le dispararon. Está herida. Un Yango, dos tipos en motocicleta. En esa moto llegaron los maleantes”. Los mensajes estuvieron acompañados de imágenes del hotel donde ocurrió el ataque y del rodado utilizado por los agresores, así como de enlaces a notas periodísticas con títulos que buscaban orientar la investigación hacia un presunto intento de robo.
Este material admite, al menos, dos líneas interpretativas. Una de ellas sostiene que Cerimedo habría recurrido a los servicios de inteligencia para monitorear la operación criminal. La otra, que ordenó vigilar a Beller porque ella tenía previsto reunirse con una adolescente de trece años y su familia, quienes planeaban presentar una denuncia por abuso sexual contra Evo Morales. Lo cierto es que, más allá de las fotografías y vídeos incluidos en los chats, llama poderosamente la atención que hayan sido borrados 34 registros entre mensajes y llamadas, lo que añade un manto de sospecha sobre la voluntad de ocultar información sensible.
Para el Ministerio Público, sin embargo, el núcleo duro de la prueba no reside únicamente en la evidencia digital, sino en el contexto de violencia de género que atraviesa la causa. Existen antecedentes documentados de agresiones físicas perpetradas por Cerimedo contra Beller en los meses de junio y julio, así como mensajes en los que el consultor le ruega que desista de hacer pública la denuncia: “me pego un corchazo. Nos arruinás la vida a todos. A tu hija, a nuestro hijo”, escribió, en clara referencia al embarazo que actualmente cursa la víctima.
A esta serie de elementos se suma un testimonio conocido en Buenos Aires, el del periodista Rodrigo Lussich, cuya familia fue estafada por Cerimedo en 2012. Lussich reveló que, por aquella época, el consultor estaba casado con una mujer que reside actualmente en Italia y que también lo había denunciado por violencia de género. De este modo, se configura un patrón de conducta que trasciende el hecho puntual investigado en Bolivia.
Paralelamente, Cerimedo intentó desligarse de su estrecho vínculo con el gobierno de Rodrigo Paz mediante un manuscrito dirigido a sus letrados, en el que calificó como falso haber participado en reuniones de gabinete o haber hecho llegar sobresueldos a ministros. Sin embargo, las evidencias fotográficas lo ubican en todas las instancias del poder, y son unánimes las versiones que lo describen como un poder paralelo dentro del oficialismo. El propio Evo Morales llegó a afirmar que Cerimedo “le daba instrucciones al presidente”. Pero más allá de las influencias políticas, lo que agrava su situación es la presunta comisión de negocios ilícitos, especialmente vinculados con el combustible y transacciones de oro, lo que derivó en una acusación por enriquecimiento ilícito que se tramita en La Paz.
En ese marco, los allanamientos realizados en la sede de gobierno han estado signados por cifras contradictorias. El primero de ellos, en el domicilio particular de Cerimedo, arrojó inicialmente la existencia de un millón de dólares, pero luego se estableció que el monto real era de apenas 4.000 dólares. Un segundo operativo en un exclusivo country paceño también fue sobredimensionado: se habló de medio millón de dólares, pero finalmente se confirmó que se trataba de 500.000 pesos bolivianos, equivalentes a unos 50.000 dólares. Los siguientes allanamientos apuntaron a dos casas de cambio; en una de ellas se mencionó la fuga de un exmilitar con una bolsa que contendría 700.000 dólares, cifra que no pudo ser verificada, mientras que en la otra se aludió a una transferencia al exterior por 400.000 dólares, también de comprobación dificultosa.
Este viernes se sumó un quinto allanamiento, esta vez en una oficina alquilada por el consultor para brindar asesoramiento al gobierno boliviano, aunque fuentes oficiales indicaron que el espacio se encontraba vacío y sin uso desde hacía meses. Ahora, el fiscal Luis Torrez, de La Paz, deberá reunir todas estas piezas y enfrentar una audiencia similar a la ya celebrada en Santa Cruz, donde otro juez resolverá si dicta prisión preventiva, pero esta vez por el delito de enriquecimiento ilícito, que corre en paralelo a la causa por feminicidio en grado de tentativa.
