El Juzgado de Esquel ordenó la restitución de un predio reclamado por la empresa Compañía de Tierras del Sur, del grupo italiano, a la comunidad Lof Kurrache. La organización indígena anunció que apelará la decisión y convocó a la solidaridad para evitar un eventual desalojo.
En el corazón de la Patagonia argentina, un conflicto ancestral y actual vuelve a tensar las fibras de la justicia, la tierra y la identidad. Durante la Navidad de 2019, la comunidad mapuche de Kurrache, asentada en la zona de Cushamen, provincia de Chubut, había dado un paso histórico al recuperar un territorio que consideraba suyo por derecho propio. Sin embargo, pocos días después de aquella ocupación simbólica, los representantes legales del magnate italiano Luciano Benetton presentaron una denuncia penal por “usurpación ilegal”. Ahora, la respuesta judicial llegó en forma de un fallo adverso para los reclamos indígenas.
El dictamen, emitido por el Juzgado único en lo civil, comercial, laboral, rural y de minería N°2 de Esquel, hizo lugar a la demanda entablada por Jorge Horacio Williams, apoderado de la Compañía de Tierras del Sur —firma perteneciente al holding de United Colors— y determinó que el inmueble conocido como Puesto Platero, situado a unos 30 kilómetros de la localidad de El Maitén, debe ser evacuado en un plazo perentorio de diez días. La resolución judicial ordena, además, el retiro de todas las construcciones y pertenencias levantadas en el predio.
Mirta Curuhuinca, referente principal de la Lof Kurrache, fue citada a los estrados judiciales y, tras la notificación, adelantó que junto al equipo de la defensa pública evaluarán los pasos a seguir, aunque dejó en claro que la comunidad no acatará la sentencia sin antes agotar todas las instancias recursivas. “Pido acompañamiento, visibilización, que tratemos de acompañarnos”, manifestó la dirigente, en un llamado a la solidaridad de organizaciones sociales y ciudadanía en general.
En los fundamentos del escrito, al cual tuvo acceso el diario Página/12, se detalla que en 2022 Curuhuinca y otras tres personas fueron declaradas en rebeldía procesal. No obstante, con la asistencia letrada del abogado Fernando Radziwilowski, la vocera compareció ante el tribunal y sostuvo que la comunidad ejerce una ocupación tradicional que responde a una posesión comunitaria de carácter indígena, y que la demanda de restitución fue planteada de manera equivocada al dirigirse a individuos particulares y no al colectivo organizado. Asimismo, rechazó categóricamente la versión del denunciante, quien había afirmado que la incursión en el terreno se produjo de forma “violenta e intimidatoria”.
Sin embargo, el magistrado Guillermo Gregorio entendió que no se logró acreditar el vínculo ancestral con el sitio, ni se demostró la preexistencia de una relación especial entre la comunidad y esas tierras. El juez sostuvo, además, que la conformación formal de la Lof se produjo con posterioridad a la interposición de la demanda, lo cual debilitaría, según su criterio, la legitimidad del reclamo colectivo.
Desde la organización indígena, en cambio, remarcaron que permanecerán firmes en el lugar, reafirmando la recuperación del espacio conocido como “El Platero”, una zona cercana al paraje donde en 2017 tuvo lugar la desaparición forzada seguida de muerte del joven Santiago Maldonado, hecho que conmocionó al país y puso en relieve la conflictividad en la región. En un comunicado difundido en las últimas horas, la Lof advirtió que “se estima que la decisión judicial podría derivar en un desalojo”, por lo que convocaron a la ciudadanía a mantenerse alerta y a brindar respaldo material y simbólico ante lo que consideran un nuevo embate contra sus derechos territoriales.
El llamado de Kurrache incluye la solicitud de agua, alimentos, abrigo y herramientas, así como la presencia de quienes puedan acercarse al lugar para sumar fuerzas en la resistencia. Esta situación recuerda los episodios vividos a fines de diciembre de 2019, cuando la Fiscalía ordenó un rápido despliegue policial que derivó en rondas de identificación sobre los ocupantes, mientras las familias mapuche ya comenzaban a pedir auxilio a organizaciones afines.
En aquel entonces, el 25 de diciembre, los miembros de la Lof explicaron que la decisión de recuperar el cuadro El Platero respondía a “la necesidad primaria de seguir existiendo como mapuche en nuestro territorio, en tierras aptas para nuestro desarrollo espiritual, cultural, económico, social y político negado por más de 140 años”. Ese predio se ubica a escasos kilómetros de otro sector que ya había sido recuperado en 2015 por la Lof en Resistencia de Cushamen, cuyo lonko es Facundo Jones Huala. A su vez, Lautaro Curuhuinca, hijo de Mirta, fue uno de los jóvenes que auxilió a Rafael Nahuel, el joven abatido por la Prefectura Naval en noviembre de 2017 en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.
El colectivo Kurrache también criticó en aquel momento la ausencia de políticas públicas efectivas para la entrega de tierras productivas, a pesar de los numerosos conflictos que atraviesan los hermanos y hermanas mapuche en distintas provincias. A su juicio, en Chubut se privilegia la inversión en minería e hidrocarburos por encima de la creación de instancias gubernamentales destinadas a la expropiación y devolución de los campos usurpados por grandes estancieros, o incluso la implementación de escuelas interculturales en zonas rurales que frenen el éxodo hacia las ciudades. De este modo, advierten, los litigios territoriales terminan derivados al Poder Judicial o a mediaciones estériles, sin soluciones de fondo.
El fallo del juez Gregorio no solo representa un revés para las aspiraciones de la comunidad, sino que abre un escenario de incertidumbre en un punto caliente de la geografía patagónica, donde la tensión entre el derecho positivo y los reclamos históricos de los pueblos originarios vuelve a poner en jaque los mecanismos de conciliación y reparación estatal. Mientras el reloj corre y se acerca el vencimiento del plazo fijado para el desalojo, los ojos de organizaciones defensoras de derechos humanos, referentes políticos y la opinión pública se posan sobre El Platero, a la espera de los próximos movimientos de una pulseada que parece lejos de resolverse en los estrados judiciales.
