En un contundente pronunciamiento posterior a los disturbios que marcaron el desarrollo de la tradicional competencia ciclística en las adyacencias de General Roca, los integrantes del pueblo mapuche reivindicaron su accionar como un acto de legítima defensa. Señalaron que la prueba deportiva se consumó al margen de cualquier consentimiento por parte de los pobladores originarios, quebrantando el marco normativo vigente que resguarda la posesión inmueble de las colectividades indígenas.
El eco de los neumáticos sobre la tierra árida del Alto Valle aún no se disipaba cuando la tranquilidad de la jornada deportiva se fracturó por completo. Lo que debía ser una celebración del esfuerzo físico y la camaradería sobre dos ruedas, se transformó en un escenario de confrontación en el corazón de Río Negro, cuando la comunidad mapuche Lof Leufuche decidió plantar cara ante lo que consideran una invasión silenciosa y sistemática. Los incidentes ocurridos durante la prueba Doble Apolo, que convoca a pedalistas de toda la región en torno a la ciudad de General Roca, no fueron un estallido fortuito, sino la chispa de una mecha que los pueblos originarios vienen atizando desde hace décadas en defensa de sus raíces territoriales.
En las horas subsiguientes al tumulto que obligó a detener el recorrido, la organización de la carrera intentó recomponer el orden, pero fue la voz de los habitantes ancestrales la que se impuso en el ámbito público a través de un escrito cargado de contundencia jurídica y emocional. Lejos de desmarcarse de los hechos, los integrantes del Lof Leufuche asumieron la responsabilidad por la interrupción del certamen, pero lo hicieron no como un acto vandálico, sino como una declaración de principios. Desde su perspectiva, la competencia no fue suspendida por un capricho, sino por una necesidad imperiosa de hacer valer la ley, ya que, según su relato, los organizadores omitieron un requisito fundamental: solicitar y obtener el permiso explícito de quienes habitan y custodian esas tierras desde tiempos inmemoriales.
El meollo de la disputa radica en la interpretación de la normativa que protege los derechos de las naciones preexistentes. La comunidad denunciante esgrime que la realización de la Doble Apolo sobre el suelo que consideran propio constituye una violación flagrante de las disposiciones legales que salvaguardan su posesión y su cosmovisión. No se trata únicamente de un pedazo de tierra árida y pedregosa, sino del escenario físico donde desenvuelven su existencia, donde practican sus rituales y donde garantizan la transmisión de su legado a las nuevas generaciones. Por ello, el mensaje difundido no dejó lugar a dudas sobre la postura del colectivo: “Defendemos nuestros modos de vida, vamos a defender nuestro territorio”, sentenciaron, en una frase que resume la gravedad del conflicto y la determinación inquebrantable de un pueblo que se niega a ser desplazado por el avance de la modernidad o el entretenimiento efímero.
La repercusión de estos acontecimientos trasciende el mero ámbito deportivo para instalarse en el centro del debate político y social de la provincia patagónica. Las autoridades locales y provinciales se vieron repentinamente interpeladas por un reclamo que no admite demoras, donde los mapuches exigen que se cumpla a cabalidad con la ley de tierras y el reconocimiento de sus derechos comunales. Mientras los organizadores de la carrera lamentan las pérdidas económicas y el deterioro de la imagen del evento, los dirigentes indígenas advierten que este episodio es solo un adelanto de futuras movilizaciones si el Estado no garantiza el respeto a sus dominios. La tensión flota en el ambiente de General Roca y sus alrededores, donde la convivencia entre la cultura criolla y la herencia mapuche se pone a prueba una vez más, evidenciando que las heridas del pasado aún permanecen abiertas y que la justicia territorial sigue siendo una asignatura pendiente en el sur argentino.
