Un reciente sondeo de la consultora QMonitor revela que la desaprobación hacia el mandatario libertario escaló al 64 por ciento, marcando un récord negativo desde su llegada al poder. El estudio evidencia un quiebre transversal que alcanza a los votantes de sus propios aliados, mientras que la preocupación por la falta de empleo, la indigencia y los escándalos de corrupción se instalan en el centro de la agenda ciudadana.
En un nuevo capítulo de la creciente desafección ciudadana, la gestión del presidente Javier Milei atraviesa su peor momento en términos de imagen pública desde que asumió el timón de la Casa Rosada. La firma consultora QMonitor, a través de su informe mensual de clima social, certificó una pronunciada caída en los niveles de aprobación popular, que han retrocedido hasta un magro 31 por ciento, al tiempo que la desaprobación se disparó y trepó al 64 por ciento, la cifra más elevada registrada en lo que va de su administración. Este escenario sombrío, que refleja el hartazgo de una sociedad atravesada por el rigor económico, ya no se circunscribe únicamente a las filas opositoras, sino que penetra con crudeza en el electorado que alguna vez le brindó su confianza.
El relevamiento, efectuado por QSocial Big Data sobre un universo de 1323 personas mayores de edad entre los días 6 y 25 de junio, pone de manifiesto un deterioro sostenido que, tras una aparente estabilización en mayo, retomó su tendencia descendente con un retroceso de tres puntos porcentuales adicionales. La gestión libertaria, que suele hacer gala de sus presuntos logros discursivos, ve así cómo se resquebraja el vínculo con la ciudadanía, especialmente en un contexto donde el sacrificio económico no encuentra recompensa en la mejora de las condiciones cotidianas de vida. La contracara de este fenómeno es el ascenso imparable de la desaprobación, que alcanzó el techo histórico del 64 por ciento, evidenciando que el malestar ha calado hondo en amplios estratos de la población.
Pero lo que torna este fenómeno en particularmente alarmante para el oficialismo es su carácter transversal. Lejos de limitarse a los núcleos duros de la oposición tradicional, el rechazo se ha extendido como mancha de aceite entre los propios votantes de Milei y sus socios estratégicos. El informe desglosa con precisión quirúrgica este viraje: entre aquellos que se identifican con la impronta libertaria, el respaldo incondicional que hace un año era absoluto (100 por ciento) se ha diluido hasta el 88 por ciento. Sin embargo, el batacazo más resonante se produce entre los aliados del PRO, donde el apoyo se derrumbó del 85 al 42 por ciento en el transcurso de los últimos doce meses, lo que implica que más de la mitad de ese electorado ha retirado su respaldo a las políticas de la actual administración. Tampoco se salvan de esta tendencia los votantes de la Unión Cívica Radical, que a principios del corriente año habían manifestado un pico de adhesión al mandatario del 63 por ciento, pero que en junio de 2026 vieron ese número desplomarse estrepitosamente hasta apenas un exiguo 13 por ciento.
El desencanto también campea entre los votantes autodenominados «independientes», ese segmento volátil que suele definir los contornos de las elecciones. Históricamente con un respaldo que oscilaba por debajo de la mitad, en la última medición ese apoyo se redujo a solo un 24 por ciento. En las antípodas, entre los opositores más acérrimos, como el peronismo kirchnerista y las fuerzas de izquierda, la aprobación casi se extingue y apenas roza un testimonial 1 por ciento.
La percepción sobre el rumbo del país es, cuando menos, desoladora. Casi la mitad de los encuestados, un 48 por ciento, calificó la coyuntura actual como «mala», mientras que un 35 por ciento la definió como «regular». El optimismo es un bien escaso, ya que apenas un 16 por ciento se atrevió a sostener que la situación es «buena». Pero lo que agrava el diagnóstico es la proyección a futuro: un contundente 47 por ciento de los consultados anticipa que el escenario será aún peor dentro de un año, el 21 por ciento cree que permanecerá inalterable, y solo un 26 por ciento se permite albergar expectativas de mejoría.
El factor económico emerge como el principal catalizador de este cóctel explosivo de descontento. La mirada negativa sobre el derrotero de la economía nacional alcanzó su punto más álgido, con un alarmante 68 por ciento de opiniones desfavorables, lo que representa un incremento de 25 puntos porcentuales en apenas medio año, un salto que evidencia la fragilidad de cualquier discurso triunfalista que pretenda instalar el oficialismo. En esa sintonía, el 65 por ciento de la población asegura no percibir mejora alguna en la economía del país, haciendo oídos sordos a la prédica gubernamental que insiste en la necesidad de sortear una etapa de privaciones en pos de un bienestar futuro que, para la mayoría, no termina de llegar.
Las finanzas personales de los hogares argentinos reflejan una fotografía de angustia cotidiana. El estudio revela que el 75 por ciento de los entrevistados afirmó que su nivel de endeudamiento se incrementó durante el último año, once puntos más que en la medición precedente. Paralelamente, el 69 por ciento confesó haber tenido que ingeniárselas para generar ingresos suplementarios con el fin de cubrir los gastos corrientes o sostener su estándar de vida, una evidencia palpable del esfuerzo descomunal que realizan las familias para sortear los embates de la coyuntura.
El consenso en torno a las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno también se ha resquebrajado de manera notable. Una abrumadora mayoría, cifrada en el 70 por ciento, considera que el ajuste provoca un daño social excesivo, en contraposición al 27 por ciento –un segmento casi cautivo del electorado libertario– que justifica la política oficial como un mal necesario, aunque doloroso. Este dato revela un aislamiento creciente de la estrategia económica oficial, que choca con la percepción mayoritaria de una ciudadanía que siente en carne propia el rigor del programa.
Finalmente, cuando se indagó sobre la jerarquía de los problemas nacionales, las respuestas dejaron poco margen para la duda: el desempleo y la pobreza se erigieron como las principales urgencias, cada una con el 21 por ciento de las menciones, seguidas muy de cerca por la corrupción, que con el 19 por ciento de las respuestas escaló posiciones en el podio de las inquietudes ciudadanas. Este salto en la preocupación por la integridad pública se produjo de manera exponencial a raíz del escándalo que salpicó al ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un caso que sacudió los cimientos de la administración y alimentó el escepticismo generalizado. Con porcentajes muy menores, aunque no por ello menos relevantes, se ubicaron la inflación (11 por ciento), la inseguridad (8 por ciento), el funcionamiento de la Justicia y la educación (6 por ciento cada una), la vivienda (3 por ciento), la salud (2 por ciento) y el narcotráfico (1 por ciento), completando un mapa de preocupaciones que dibuja un país en vilo, sumergido en la incertidumbre y a la expectativa de un giro que, por ahora, parece no asomarse en el horizonte.
