La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria, quien pretendía eliminar la tobillera electrónica y flexibilizar el régimen de visitas y horarios. Con el voto mayoritario de los jueces Hornos y Barroetaveña, el tribunal acotó las vías recursivas hacia la Corte Suprema, mientras que el disidente Borinsky abrió la puerta a un debate sobre garantías constitucionales.
En un nuevo capítulo judicial que profundiza el aislamiento procesal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó por mayoría el intento de su defensa por modificar las pautas que rigen su detención domiciliaria. El rechazo al recurso de extraordinariedad, articulado por los letrados de la exjefa de Estado, no solo consolida las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2, sino que además cercena las posibilidades de que la causa llegue al Máximo Tribunal de la Nación. Los camaristas Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña coincidieron en calificar la presentación como procesalmente inviable, mientras que Mariano Hernán Borinsky se erigió como la única voz disidente al considerar que el asunto merecía ser revisado por la Corte Suprema.
La resolución judicial, que se produce en el marco de la causa conocida como «Vialidad», mantiene incólume la pena firme de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos que pesa sobre la exmandataria, tras ser declarada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El planteo que ahora fue desestimado buscaba dejar sin efecto las directrices vigentes, entre las que se destacaban la exigencia del dispositivo electrónico de monitoreo, los horarios acotados para el uso de la terraza común del edificio donde cumple la condena y un régimen de visitas que sus abogados consideraban excesivamente restrictivo. Los defensores de Fernández de Kirchner argumentaron que tales condiciones vulneraban principios constitucionales elementales, como la legalidad, la igualdad ante la ley y la proporcionalidad, al tiempo que atentaban contra el derecho a la intimidad personal y familiar.
Al desplegar los fundamentos del rechazo, el juez Hornos fue contundente al señalar que el recurso extraordinario no se dirigía contra una sentencia definitiva ni demostraba la existencia de un perjuicio de irreparable reparación ulterior, requisitos sine qua non para habilitar la instancia excepcional. El magistrado sostuvo que las pautas cuestionadas se ajustaban escrupulosamente al marco normativo que regula el beneficio de la prisión domiciliaria, y enfatizó que las restricciones horarias y de visitas no implicaban una prohibición absoluta, sino una organización metódica y sujeta a contralor periódico, perfectamente compatible con las exigencias propias de la ejecución de una condena penal. En cuanto a la tobillera electrónica, Hornos recordó que su colocación constituye la regla general prevista en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (N° 24.660), diferenciando claramente este mecanismo de supervisión técnica de la custodia policial que posee la imputada por su condición de exjefa de Estado. Subrayó que mientras el dispositivo electrónico vela por el acatamiento de los límites ambulatorios, la vigilancia personal cumple una función estrictamente protectora. Con un tono que no dejó lugar a dudas, el camarista afirmó que la sanción posee un valor expresivo y simbólico que adquiere una relevancia institucional mayúscula en casos de corrupción, al tiempo que calificó la postura de la defensa como extremadamente rígida, en contraste con la flexibilidad que sí se contempla para condenados por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el juez Barroetaveña adhirió sin reservas al voto de la mayoría, al considerar que la defensa técnica solo había manifestado una discrepancia de derecho común, sin lograr configurar una cuestión federal suficiente que justificara la apertura del recurso, ni acreditar defectos de arbitrariedad en la resolución precedente dictada en junio pasado. Ambos magistrados coincidieron en que el planteo de los abogados de la expresidenta no lograba traspasar el umbral de admisibilidad que exige la doctrina de la Corte Suprema para intervenir en asuntos que no revisten el carácter de sentencia definitiva.
En las antípodas de esta postura, el juez Mariano Hernán Borinsky votó a favor de conceder el recurso extraordinario, abriendo así la puerta a una eventual intervención del Máximo Tribunal. En su disidencia, el magistrado sostuvo que en el caso se hallaban comprometidas de lleno garantías fundamentales como la privacidad y la igualdad, y cuestionó con vehemencia las restricciones impuestas. Borinsky argumentó que las limitaciones a las visitas carecen de sustento normativo específico, que el monitoreo mediante tobillera resulta redundante frente a la custodia policial permanente que ya resguarda a la exmandataria, y que los límites horarios impuestos para el acceso a la terraza común del edificio residencial no poseían una fundamentación razonable dentro del expediente judicial. Su voto, aunque minoritario, deja planteada una grieta jurídica que podría ser retomada en instancias futuras, aunque por ahora la mayoría del tribunal ha cerrado el camino.
La decisión de la Sala IV no solo representa un revés procesal para la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, sino que además consolida un escenario de estricto cumplimiento de la pena en las condiciones fijadas por el tribunal de ejecución. Con el recurso de queja ante la Corte Suprema aún como una alternativa teórica, pero con el filtro de admisibilidad cada vez más angosto, la expresidenta enfrenta un panorama judicial donde las vías de impugnación se estrechan y las restricciones a su libertad ambulatoria y social se mantienen incólumes. El fallo, en definitiva, envía un mensaje claro sobre la rigurosidad con que el Poder Judicial aborda la ejecución de condenas por corrupción, aún cuando se trate de una figura de la talla institucional de una exjefa de Estado.
