La administración estadounidense justifica los gravámenes en la lucha contra el trabajo forzoso, mientras que Brasilia califica la medida de «arbitraria» y anuncia que recurrirá a la OMC.
En un movimiento que sacude nuevamente los cimientos del comercio internacional, la Casa Blanca ha desvelado este jueves un paquete de aranceles que gravará las importaciones provenientes de sesenta naciones y bloques económicos, con tasas que oscilan entre el diez y el doce coma cinco por ciento. La decisión, anunciada por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de su titular, Jamieson Greer, se apoya en una controvertida investigación que señala «esfuerzos insuficientes» por parte de esos territorios para erradicar el trabajo forzoso de sus cadenas productivas. La medida llega en un momento crítico, a escasas horas de que expire el arancel global provisional del diez por ciento que Washington había decretado con anterioridad, y representa un nuevo capítulo en la ofensiva proteccionista que el mandatario republicano ha desatado desde abril de 2025.
La nueva batería de gravámenes, que sustituirá al impuesto temporal vigente hasta el viernes por la mañana, establece un recargo adicional del diez por ciento para diecisiete economías, mientras que el resto de los países incluidos en la lista deberán afrontar un incremento del doce coma cinco por ciento. No obstante, la administración Trump ha matizado que para algunos socios comerciales concretos, las tasas podrían variar en función del producto importado, lo que añade un elemento de complejidad a un entramado arancelario que ya de por sí resulta laberíntico.
El espectro geográfico de esta nueva ofensiva comercial es amplio y diverso. En el continente americano, la medida castiga especialmente a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que quedarán sujetos al arancel adicional del diez por ciento, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana deberán hacer frente al gravamen superior del doce coma cinco por ciento. Por su parte, los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea han recibido un arancel conjunto del diez por ciento, en un movimiento que amenaza con tensar aún más las ya delicadas relaciones transatlánticas. El listado de afectados incluye asimismo a potencias asiáticas como India, Japón y Corea del Sur, así como a Taiwán, Suiza, Canadá y el Reino Unido, aunque en algunos de estos casos los aranceles aplicables dependerán del origen y la tipología de los bienes importados. Una ausencia significativa en esta relación es China, que ya soporta gravámenes específicos de mayor cuantía y no ha sido incluida en la nueva nómina.
La fundamentación legal de esta decisión descansa en las pesquisas iniciadas por la oficina de Greer el pasado mes de marzo, al amparo de la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. Dicha normativa faculta al Ejecutivo para investigar si las políticas y prácticas de otros países relacionadas con la prohibición de importar mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso ocasionan un perjuicio a los trabajadores y empresas de Estados Unidos. Tras mantener consultas con los Gobiernos implicados, el USTR ha concluido que las prácticas detectadas justifican sobradamente la adopción de estas medidas coercitivas. En su comunicado oficial, el organismo ha subrayado que el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para respaldar a los trabajadores norteamericanos y corregir los desequilibrios que, a su juicio, han caracterizado las relaciones comerciales de su país durante décadas.
El mandatario republicano no ha ocultado en ningún momento su convicción de que la política comercial estadounidense debe anteponer los intereses nacionales por encima de cualquier otra consideración, argumentando que los socios de Washington gozaban de un acceso desproporcionado al mercado estadounidense en comparación con las facilidades que ofrecían a la inversión y los productos procedentes de su país. Esta filosofía, que ha marcado su mandato desde el primer día, se ha visto envuelta en una prolongada disputa judicial acerca de los límites constitucionales de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior. De hecho, el Tribunal Supremo había anulado previamente la mayor parte de los aranceles globales impulsados por Trump, lo que obligó a su administración a buscar cobijo legal en herramientas como la mencionada Sección 301 para mantener viva su estrategia proteccionista.
La reacción no se ha hecho esperar y, como era previsible, la primera respuesta de calado ha llegado desde Brasil. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha rechazado de manera contundente la decisión estadounidense, a la que ha calificado de «completamente arbitraria e injustificada». En un comunicado oficial, el Ejecutivo brasileño ha acusado a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como una mera coartada para disfrazar su política comercial proteccionista, al tiempo que ha denunciado la falta de fundamento legal interno que respalde esta nueva ofensiva arancelaria. «Ante la ausencia de un soporte jurídico sólido, Estados Unidos ha optado por manipular un asunto de tanta trascendencia para imponer un nuevo tributo a las importaciones», reza el texto oficial.
Pero la indignación brasileña no se ha quedado en meras palabras. El Gobierno de Lula ha anunciado que iniciará de forma inmediata los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad, una normativa que permite a Brasilia responder con medidas equivalentes a los gravámenes impuestos por otros países. Paralelamente, el Ejecutivo ha confirmado que llevará el contencioso al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un movimiento que promete abrir un nuevo frente en el ya de por sí agitado escenario del comercio global.
Para Brasil, esta decisión supone el segundo golpe arancelario infligido por Estados Unidos en el transcurso de una sola semana, después de que el pasado miércoles entrara en vigor un gravamen del veinticinco por ciento por supuestas prácticas desleales. En su comunicado, la administración brasileña ha querido recordar que su país es reconocido desde hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su combate frontal al trabajo forzoso, y ha ratificado sesenta y seis convenios en vigor, un dato que contrasta con los apenas diez convenios que Estados Unidos ha suscrito en la misma materia. «Mientras que Estados Unidos se arroga el derecho de juzgarnos y de imponernos sanciones, su propio historial en esta materia es cuando menos cuestionable», subraya la misiva oficial.
El ministerio de Trabajo brasileño, según consta en el comunicado, entregó durante el proceso de investigación del USTR una abundante documentación sobre la legislación interna y la actuación de las autoridades aduaneras para impedir la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso, lo que hace aún más incomprensible, a juicio de Brasilia, la decisión adoptada por la administración Trump. El choque entre ambas naciones, dos de las economías más relevantes del continente americano, amenaza con escalar en las próximas semanas y podría sentar un precedente peligroso en las relaciones comerciales internacionales, en un momento en que el proteccionismo parece ganar terreno en la agenda de las principales potencias mundiales. La comunidad internacional aguarda ahora con expectación el desarrollo de los acontecimientos, mientras los mercados financieros observan con inquietud los posibles efectos de esta nueva escalada arancelaria sobre la economía global.
