Luego de semanas de tironeos internos y múltiples modificaciones, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger sellaron un acuerdo que reactiva la iniciativa que elimina los topes a la compra de campos por parte de capitales foráneos. Mientras el Gobierno ensaya una interpretación laxa del artículo 20 constitucional, en la provincia de Buenos Aires el propio espacio libertario impulsa el arancelamiento de la salud y la educación para inmigrantes sin residencia, en una suerte de dualidad jurídica que enciende alarmas en la oposición y organizaciones sociales.
En las entrañas del Palacio Legislativo, casi desierto por la pausa invernal, se tejió ayer por la tarde el acuerdo que permitirá que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —una de las joyas de la corona regulatoria del Ejecutivo— vuelva a tener pulso en el recinto. El reencuentro entre la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ocurrió minutos antes de las dieciséis, con la presencia del secretario Alejandro Cacace, y tuvo como objetivo principal saldar las asperezas que la semana pasada habían conducido al frustrado levantamiento de la sesión. Aquel episodio dejó al desnudo la tensión entre el pragmatismo político de la exministra y la rigidez doctrinaria del artífice de la motosierra, quien había rechazado de plano las concesiones que Bullrich había esbozado ante los aliados para garantizar un piso de apoyos.
El desenlace de esa pulseada interna derivó en un cuarto intermedio que, lejos de significar un retroceso, se convirtió en una oportunidad para reencauzar el diálogo. En el encuentro de ayer, la senadora logró convencer a Sturzenegger de que los cambios introducidos en el decimoquinto borrador —una cifra que ya habla por sí sola de la turbulencia procesual— no eran una capitulación ante el establishment provincial, sino una lectura más federal del manejo del suelo productivo. “El ministro aceptó las modificaciones. Tenía algunas dudas, pero se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra”, declaró Bullrich al término de la reunión ante la prensa acreditada, con un tono que buscó transmitir serenidad y certeza.
Sin embargo, el camino hacia la sanción definitiva —programada para el próximo 6 de agosto en el Senado— aún presenta vericuetos espinosos. Si bien los cálculos oficiales anticipan una aprobación en términos generales sin mayores contratiempos, la votación en particular se perfila como un campo minado. El último texto que se dictaminó en mayo otorgaba a las provincias una cuota de autonomía para avalar o rechazar las operaciones de transferencia de tierras a extranjeros, una cláusula que había sido reclamada con vehemencia por la salteña Flavia Royón y un sector del radicalismo. Esa demanda, que Sturzenegger había desestimado en primera instancia, fue finalmente incorporada tras el acuerdo, aunque en los pasillos legislativos persiste el escepticismo sobre su efectividad práctica.
El mapa de fuerzas en la Cámara alta muestra fisuras que el oficialismo deberá soldar en los próximos días. El poroteo interno que circula entre los operadores libertarios advierte que los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, inmersos en una interna provincial de alto voltaje, se inclinarían por el rechazo a la normativa. La razón de fondo no es caprichosa: según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, Misiones es, junto a Salta, una de las jurisdicciones con mayor proporción de suelo en manos de propietarios foráneos. Esa circunstancia convierte a la provincia en un termómetro sensible de los riesgos que implica la desregulación absoluta del mercado de tierras.
La iniciativa que el Gobierno empuja con ahínco no es un mero ajuste administrativo. Forma parte de un entramado normativo más amplio que incluye el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación de la Ley de Sociedades. En su conjunto, ese andamiaje legal configura, a juicio de los críticos, un verdadero “llave en mano” para que los tecnomillonarios de Silicon Valley —aquellos a quienes Javier Milei ha manifestado su admiración sin ambages— puedan acceder a los recursos estratégicos del país con una libertad inusitada. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro encendió una alarma en su cuenta de X al sostener que el modelo conduce hacia una plutocracia, donde determinadas corporaciones concentran influencia, información privilegiada y capacidad de decisión sobre asuntos del Estado, derivando en una suerte de totalitarismo privado incompatible con la democracia republicana.
La defensa oficial del proyecto descansa en una interpretación particular del artículo 20 de la Constitución Nacional, que equipara los derechos civiles de los extranjeros con los de los ciudadanos nativos. Bullrich ha insistido en que la soberanía queda absolutamente resguardada, y ha argumentado que el concepto de propiedad que define la Carta Magna no admite limitaciones basadas en la nacionalidad del adquirente. “Un ciudadano que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un ciudadano nacional. Puede comprar tierras, un departamento, una fábrica. No puede tener limitaciones porque la limitación es algo que no está dentro del sentido que la Argentina plantea como concepto”, afirmó la senadora, quien además agregó que la soberanía se defiende resguardando lo estratégico de la Nación, no impidiendo la compraventa de hectáreas.
Sin embargo, esa argumentación choca de frente con la realidad de los hechos. La ley que el Gobierno quiere aprobar elimina precisamente los límites en aquellos territorios donde la tierra adquiere valor estratégico, como las zonas cordilleranas que concentran litio, petróleo, minerales críticos y pasos bioceánicos. Además, suprime el porcentaje máximo por nacionalidad que establecía la normativa vigente, un artículo que parece diseñado a la medida de los intereses estadounidenses, país que encabeza el ranking de origen de los capitales foráneos propietarios de campos en Argentina. Esa supresión abre la puerta a que una sola nación pueda acaparar extensiones inmensas sin contrapeso alguno, lo que para muchos constitucionalistas implica una cesión encubierta de soberanía territorial.
La paradoja se agiganta cuando se contrasta la postura oficial en materia de tierras con la que esgrime en el ámbito migratorio. Mientras Bullrich defiende que los extranjeros millonarios no tengan cortapisas para adquirir patrimonio inmobiliario rural, en la Legislatura bonaerense el jefe del bloque libertario, Agustín Romo, presentó un proyecto para arancelar la educación y la salud de los inmigrantes sin residencia permanente. Esa iniciativa, que busca cobrar por el uso de hospitales públicos y universidades provinciales, choca abiertamente con el mismo artículo 20 de la Constitución que la senadora invoca para justificar la extranjerización de la tierra, y también con la Ley de Migraciones sancionada en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, que desplazó al Estado del rol de gendarme para garantizar el derecho humano a migrar.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ya se encargó de recordar que a nivel nacional las casas de altos estudios están habilitadas para cobrar a los estudiantes foráneos sin residencia permanente, en virtud del DNU 366/2025 que Milei firmó en mayo pasado. Esa disposición, vigente desde el 28 de ese mes, genera un escenario de segmentación que los defensores de los derechos humanos califican como discriminatorio y contrario al espíritu integrador que inspiró la norma kirchnerista. La contradicción no pasa desapercibida para los observadores: por un lado, se abre la propiedad territorial sin restricciones a los capitales globales, y por el otro, se cierran las puertas de los servicios esenciales a los migrantes que buscan en Argentina un horizonte de oportunidades.
Mientras tanto, en las redes sociales comienza a gestarse una movilización convocada para el día en que el proyecto se trate en el Senado. El temor a que la ley siente un precedente irreversible en materia de cesión de soberanía y recursos estratégicos ha despertado a sectores que ven en esta iniciativa un punto de inflexión en el modelo de país. La discusión, que se prevé álgida, pondrá a prueba no solo la capacidad de negociación del oficialismo, sino también la coherencia de un discurso que dice defender la propiedad privada mientras socava los mecanismos que impiden su concentración en manos extranjeras. El 6 de agosto no será solo una fecha en el calendario parlamentario, sino el escenario de una batalla conceptual sobre el destino de la tierra, los recursos naturales y el lugar que ocupan los migrantes en el contrato social argentino.
