Tras una ola de nombramientos masivos que sacudieron los cimientos del Poder Judicial, la administración libertaria fija su objetivo en el corazón de los fueros federales porteños. La estrategia oficial no solo busca asegurar una mayoría afín en la Cámara Federal, sino que estudia una controvertida reestructuración que reduciría drásticamente la cantidad de juzgados y tribunales superiores, un movimiento que, según críticos internos, concentraría un poder desmedido en un puñado de magistrados y pondría en jaque la independencia de los procesos en curso, incluidos aquellos que salpican directamente al primer mandatario.
En el silencio administrativo que impone la feria judicial de verano en la Ciudad de Buenos Aires, donde los expedientes descansan y las causas se suspenden por mandato calendario, el Poder Ejecutivo ha roto la quietud con una ofensiva política de alto voltaje. La Casa Rosada, lejos de plegarse al receso estival, ha orquestado un movimiento estratégico que promete reconfigurar el mapa de la Justicia Federal en la capital, colocando en la mira del tablero a los emblemáticos tribunales de Comodoro Py, ese epicentro de causas sensibles que, en el pasado reciente, han determinado el devenir de mandatarios y funcionarios de alto rango.
El presidente Javier Milei, impulsado por el envión anímico que le otorgaron los recientes éxitos legislativos y una creciente percepción de fortaleza política, ha decidido acelerar los tiempos de un plan que en su entorno describen como de «higiene institucional», pero que en los pasillos judiciales se interpreta como una embestida sin precedentes contra la estructura tradicional del fuero. La confirmación de esta ofensiva llegó con la inédita designación, en los últimos sesenta días, de un centenar de nuevos jueces, fiscales y defensores oficiales. Esta avalancha de pliegos aprobados, que algunos califican como un «pack» de lealtades, no ha sido un acto aislado, sino el preludio de una jugada maestra: el control definitivo de la Cámara Federal porteña y la posterior cirugía mayor en la estructura de los tribunales orales y la propia Cámara de Casación.
Fuentes gubernamentales de alto rango confirmaron a este diario que el recambio generacional y político en la Cámara Federal se ha erigido como una «prioridad absoluta». El interés no es meramente administrativo; en ese estrado descansan expedientes de alto calibre que mantienen en vilo al oficialismo, siendo el más notorio el relacionado con la causa de la criptomoneda $LIBRA, donde se investiga un entramado de estafa que tendría como figura central al propio Jefe de Estado. La urgencia por sentar jueces afines en esa sala no es un capricho, sino una necesidad táctica para garantizar que, llegado el momento de las apelaciones y los recursos, exista una mirada favorable a los intereses del Ejecutivo.
Sin embargo, el plan integral va mucho más allá de la cooptación de voluntades en la Cámara de Apelaciones. El Gobierno nacional ha puesto sobre la mesa un proyecto de reingeniería judicial que contempla la reducción drástica de la estructura de primera instancia y, en un movimiento de mayor calado, la posible disminución de las salas que componen la Cámara Nacional de Casación Penal. Este rediseño, que los ideólogos del oficialismo justifican bajo el eslogan de la eficiencia y el ahorro fiscal, es visto por los especialistas como una maniobra de concentración de poder. La reducción de juzgados implicaría que un menor número de magistrados tenga bajo su órbita una mayor cantidad de causas, lo que, en la práctica, otorgaría a esos jueces seleccionados una cuota de influencia descomunal sobre el destino de los procesos judiciales más resonantes.
La propuesta ha generado un terremoto interno en el seno de los tribunales, donde los murmullos y las críticas ya no se esconden en los pasillos alfombrados, sino que comienzan a filtrarse con crudeza. Los detractores del plan, entre los que se cuentan magistrados de larga trayectoria y empleados judiciales con décadas de servicio, argumentan que esta reestructuración no es más que un disfraz para desmantelar los contrapesos del sistema. Advierten que la concentración de expedientes en pocas manos no solo atentaría contra la celeridad procesal —paradójicamente, el argumento esgrimido por el oficialismo—, sino que allanaría el camino para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer una presión indebida sobre los fallos, torpedeando la división de poderes que consagra la Constitución Nacional.
El malestar entre los operadores judiciales es palpable. Existe un temor generalizado a que, detrás de la retórica de la modernización, se esconda un intento de «domesticar» al fuero, especialmente en aquellos juzgados que tienen en su poder las investigaciones más explosivas de la política argentina. La sensación de vulnerabilidad se ha exacerbado con la velocidad de los nombramientos recientes, que han sido percibidos como un cerco progresivo a la independencia de los jueces actuales, quienes ven cómo se reduce su margen de maniobra ante la inminente llegada de colegas alineados con el ideario libertario.
En la vereda opuesta, los voceros oficiales defienden la iniciativa con vehemencia, argumentando que el sistema judicial actual es obsoleto, costoso y está plagado de privilegios. Sostienen que la reducción de la estructura es una demanda histórica de la sociedad, que clama por una justicia más rápida y menos burocrática. No obstante, esta defensa choca contra la realidad de los números y la distribución geográfica del poder: la Ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de causas de corrupción y delitos económicos, y es precisamente allí donde el Gobierno busca poner el bisturí.
La batalla se libra en un terreno ambiguo. Mientras el Congreso se encuentra en receso y la opinión pública está distraída por las vacaciones, el Poder Ejecutivo avanza con decretos y acuerdos administrativos que podrían modificar para siempre el rostro de la Justicia Federal. La feria judicial, que debería ser un período de descanso para los funcionarios judiciales, se ha transformado en un escenario de tensión y especulación, donde el futuro de las investigaciones que comprometen al Presidente pende de un hilo.
La pregunta que sobrevuela en los despachos es si este plan logrará consolidarse sin generar un estallido institucional. Los más escépticos creen que la resistencia dentro del propio Poder Judicial, sumada a la posible reacción de la oposición política y de los organismos de derechos humanos, podría frenar o al menos dilatar la implementación de las medidas más extremas. Sin embargo, la determinación de Milei y su núcleo duro sugiere que no están dispuestos a dar marcha atrás, convencidos de que el control de la justicia penal es la llave maestra para asegurar la gobernabilidad y, fundamentalmente, para blindar su gestión de futuros embates legales.
Comodoro Py se prepara para un regreso a la actividad con un clima enrarecido. Los jueces, fiscales y defensores saben que al levantar la feria se encontrarán con un escenario remodelado, donde las reglas del juego habrán cambiado sutil pero profundamente. La mira del Ejecutivo está fija, y el pulso por el dominio de los estrados judiciales apenas comienza, prometiendo ser uno de los capítulos más álgidos y decisivos del mandato de Javier Milei.
