La vástaga del fallecido mandatario de facto, respaldada por el voto exterior pero repudiada en el interior profundo, juramenta este martes bajo la sombra alargada del autoritarismo. Su administración, que promete un orden inflexible y una inédita cercanía con Washington, despierta el recuerdo de los años oscuros y la admiración por las recetas ultraliberales del vecino del sur.
La escena política peruana atraviesa este martes su jornada más polarizada de las últimas décadas, cuando Keiko Fujimori, primogénita del extinto gobernante de facto Alberto Fujimori, asume formalmente la jefatura del Estado veintiséis inviernos después del colapso del régimen que llevó el apellido de su progenitor. El acto de investidura, revestido de la pompa republicana, no logra ocultar el profundo malestar que corroe las entrañas del país, pues la nueva mandataria llega al Palacio de Pizarro no por un clamor popular mayoritario dentro del territorio nacional, sino por el inclinar de la balanza que proporcionaron los sufragios de los connacionales residentes en el extranjero. Esta paradoja electoral, donde el adversario progresista Roberto Sánchez perdió por un margen exiguo de apenas 49 mil votos, equivalente a menos de medio punto porcentual, deja al descubierto una nación escindida entre la capital y sus provincias, entre el discurso de la seguridad férrea y las heridas aún supurantes de una dictadura que muchos prefieren no recordar.
El ascenso al solio presidencial de la lideresa de Fuerza Popular no es un hecho aislado, sino la culminación de una tenaz odisea electoral que, en su cuarta tentativa, logra coronar un proyecto político que siempre se negó a desligarse del legado paterno. Contrario a los giros moderados que suelen anticipar los tránsitos democráticos, la nueva gobernante ha optado por reivindicar sin ambages la gestión de su padre, un sentenciado por crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción sistémica, defendiendo abiertamente a los agentes represores que actuaron bajo su mando. Esta postulación de la «mano dura» como eje rector de su administración resuena con inquietante fidelidad a las viejas consignas que, en la década de los noventa, disolvieron el Congreso, cercenaron las garantías constitucionales y silenciaron a voces críticas a través del terrorismo de Estado. En este sentido, el discurso de la flamante presidenta no es un eco lejano, sino un repertorio actualizado que busca normalizar la excepción como regla, prometiendo a una ciudadanía atemorizada por la inseguridad ciudadana una respuesta que muchos sectores de derechos humanos califican ya como abiertamente autoritaria.
El mapa del descontento dibuja una geografía hostil para el nuevo régimen. Mientras que la aceptación en la capital limeña y algunos distritos acomodados le otorgan un colchón de respaldo, las provincias del sur andino, históricamente postergadas y excluidas de los beneficios del desarrollo centralista, le han dado la espalda de manera contundente. En esta franja territorial, donde la pobreza y la desesperanza son moneda corriente, el rechazo a la elección de la fujimorista bordea un escalofriante ochenta por ciento, una cifra que no solo evidencia la fractura regional, sino que anticipa un escenario de gobernabilidad complejo, donde las demandas sociales podrían traducirse en oleadas de protestas que ya se vislumbran en el horizonte cercano. La nueva administración, por tanto, inicia su mandato no con un manto de unidad, sino con la espada de Damocles de una crispación social latente, donde las regiones más olvidadas se erigen como el principal foco de resistencia contra lo que perciben como la perpetuación de una élite limeña que desprecia sus necesidades y su memoria histórica.
En el plano internacional, el nuevo gobierno peruano parece inclinar decididamente su brújula hacia el norte, alineándose con la estrategia geopolítica de los Estados Unidos en un momento de redefinición de alianzas en el continente. Pero el giro más llamativo, y quizás el que más inquieta a los analistas políticos, es la explícita admiración que el círculo íntimo de la mandataria profesa por las políticas del argentino Javier Milei, un economista de corte anarcocapitalista cuyo discurso demoledor contra el Estado y su propuesta de dolarización y ajuste fiscal extremo han encontrado un eco favorable en los equipos técnicos que asesorarán la nueva gestión. Esta fascinación por el modelo del líder libertario trasandino sugiere que el fujimorismo, más que un simple revival nostálgico, aspira a convertirse en el laboratorio sudamericano de una derecha radical que combina el orden represivo con la desregulación económica salvaje, un coctel que, según los críticos, solo profundizaría la desigualdad y vulneraría aún más los frágiles equilibrios sociales de la nación.
El desafío que enfrenta Keiko Fujimori es titánico y paradójico. Debe demostrar que es capaz de gobernar para todos los peruanos mientras mantiene su promesa de campaña de no ceder un ápice en su lucha contra la «delincuencia terrorista» y la «corrupción de izquierda», un lenguaje que rememora los tiempos del «sinchis» y las ejecuciones sumarias. La sombra de su padre, que aún pesa sobre el imaginario colectivo como un espectro que divide aguas, se proyecta ahora desde el despacho presidencial, y su administración deberá caminar sobre la cuerda floja de la legalidad internacional, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un testigo incómodo y una sociedad civil que promete no claudicar en la exigencia de justicia y memoria. En este contexto, el Perú inicia una nueva etapa, no exenta de nubarrones tormentosos, donde el rugido del autoritarismo se disfraza de mano firme y la alianza con las potencias hegemónicas se presenta como la única tabla de salvación para una economía que tambalea, pero que muchos temen que termine por ahogar las voces de los que siempre han quedado a la orilla del camino.
