Detrás de la guerra declarada al presidente Claudio «Chiqui» Tapia y al tesorero Pablo Toviggino se esconde una batalla de intereses mayúsculos que trasciende lo comercial. Mientras el Gobierno y los sectores macristas y mileístas empujan por la implementación de las sociedades anónimas deportivas y el control de las transmisiones de fútbol, un empresario desplazado del negocio de la selección, Guillermo Tofoni, se ha convertido en el ariete perfecto para desgastar a la actual conducción del fútbol argentino, utilizando para ello los tribunales locales y, con especial énfasis, el sistema judicial de Estados Unidos.
En las últimas semanas, el clima en el mundo del fútbol y la política argentina se ha tornado irrespirable. Lo que en apariencia podría reducirse a un diferendo contractual, se ha transformado en una tormenta perfecta donde confluyen denuncias de malversación de fondos, operaciones mediáticas de alto vuelo, maniobras de inteligencia y una pulseada ideológica por el modelo de gestión de los clubes. El epicentro de este terremoto es la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, más concretamente, su máxima autoridad, Claudio «Chiqui» Tapia, junto al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quienes enfrentan un cerco cada vez más ajustado desde distintos frentes.
El negocio que desató la guerra
Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario retroceder en el tiempo y enfocarse en la figura de Guillermo Tofoni. Hasta hace unos años, este empresario ostentaba los derechos de representación de la selección nacional en el ámbito internacional, un negocio multimillonario que abarcaba desde la indumentaria oficial y los patrocinadores hasta la organización de lucrativos partidos amistosos. Bajo el acuerdo vigente, Tofoni se embolsaba la nada despreciable suma del cincuenta por ciento de los contratos que lograba concretar. Sin embargo, en 2021, la conducción de la AFA decidió dar un golpe de timón y rescindir su vínculo, otorgando la concesión a otro empresario, Javier Faroni, cuyo porcentaje de comisión se redujo al treinta por ciento.
Este movimiento, visto por Tofoni como un despojo, fue la chispa que encendió la pradera. Desde aquel momento, el hombre de negocios desplegó una estrategia de desgaste sin cuartel, acusando a Tapia y Toviggino no solo de incumplimiento de contrato, sino de delitos de mayor calibre como fraude, lavado de activos y administración fraudulenta, en lo que considera un desvío sistemático de los fondos de la AFA hacia las arcas personales de sus directivos. No obstante, el primer asalto judicial en la Argentina no le resultó favorable; el juez Julián Ercolini desestimó los cargos al considerar que la controversia era de naturaleza estrictamente comercial y no penal, un fallo que posteriormente fue ratificado por la Cámara de Apelaciones. Lejos de rendirse, Tofoni decidió llevar la contienda a otro escenario.
El escenario clave: la Justicia de Estados Unidos
Frustrado en los tribunales de Comodoro Py, el empresario buscó un nuevo campo de batalla en el sistema judicial de los Estados Unidos, donde presentó múltiples solicitudes de discovery para acceder a información bancaria sensible de la empresa TourProdTender, la firma que actualmente maneja los derechos de la selección bajo la órbita de Faroni. La información obtenida no solo fue utilizada para fines legales, sino que se convirtió en munición para una virulenta campaña mediática destinada a erosionar la imagen de los directivos de la AFA.
Sin embargo, esta jugada le generó un revés inesperado. La semana pasada, el juez Clay Land, del distrito de Georgia, emitió una resolución contundente en la que acusó a Tofoni de violar la reserva de la documentación al filtrarla a la prensa. El magistrado no solo le ordenó la destrucción inmediata de los materiales, sino que le prohibió terminantemente continuar con su difusión, dejando en claro en su fallo que el principal alimentador de los medios de comunicación en esta contienda es el propio denunciante.
La invisible mano del Gobierno y el rol de los espías
Lo que hace a esta disputa particularmente explosiva es la creciente participación del Estado nacional. Fuentes letradas que siguen de cerca el litigio en territorio estadounidense afirmaron que el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, durante su gestión, habría remitido una misiva al embajador argentino en Washington para señalar el interés de la Casa Rosada en el avance de la causa. Esta comunicación fue canalizada a los fiscales de la capital norteamericana y, de ahí, derivada a un fiscal del Distrito Sur de La Florida, donde se encuentra radicada la empresa TourProdTender.
Pero el involucramiento oficial no se detuvo allí. La evidencia más contundente de una injerencia directa la protagonizó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que, según las crónicas del expediente, habría reclutado y «comprado» el teléfono celular y otra documentación perteneciente a Juan Pablo Beacon, un exempleado de la AFA que mantenía un vínculo estrecho con Pablo Toviggino. Desvinculado de la entidad, Beacon se habría ofrecido como colaborador en la ofensiva contra sus antiguos jefes, aunque las versiones indican que su relación con el gobierno es tensa y que, finalmente, no viajaría a declarar. Este jueves se espera un momento crucial en la causa, cuando se presenten las pruebas y testimonios ante un gran jurado en La Florida, un cuerpo de ciudadanos que determinará si existen sospechas fundadas para elevar la investigación a la categoría de causa formal.
La batalla de fondo: SAD, televisaciones y un modelo en jaque
Más allá de las acusaciones de corrupción y las maniobras judiciales, el verdadero núcleo del conflicto es político y económico. El macrismo y el mileísmo han visto en esta ofensiva una oportunidad de oro para avanzar sobre dos frentes que consideran estratégicos: la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la autonomización de las transmisiones televisivas del fútbol, comenzando por las categorías del ascenso.
El argumento que esgrimen desde el oficialismo es que, al remover a Tapia y Toviggino de la cúpula de la AFA, se despejaría el camino para la entrada de capitales privados en los clubes, permitiendo que estos sean adquiridos parcial o totalmente por grandes inversores, principalmente de origen árabe y estadounidense, replicando el modelo que ya ha transformado el fútbol europeo. Sin embargo, esta visión choca de frente con una realidad institucional y social profundamente arraigada en la Argentina.
Los clubes del país no son meras entidades deportivas; son centros sociales, culturales y de contención, fundados en su mayoría por comunidades de inmigrantes, que albergan actividades que van desde el deporte infantil hasta el esparcimiento de los adultos mayores. Son organizaciones con más de un siglo de historia, regidas por el voto democrático de sus asociados, cuyo patrimonio y sentido de pertenencia no se negocian fácilmente. El reciente y fallido intento de privatización en Estudiantes de La Plata, de la mano del empresario Foster Gilett, que culminó en su desaparición y en una potencial demanda contra el club, es un ejemplo palpable del rechazo y los riesgos que conlleva este modelo.
La estrategia del lawfare mediático y el trasfondo temporal
La ofensiva contra Tapia, curiosamente, no es proporcional al tiempo que lleva en el cargo, ya que asumió en marzo de 2017. Durante muchos años, la acumulación de patrimonio y la gestión de los directivos de la AFA pasaron prácticamente inadvertidas para el arco político. El cambio de actitud se produjo hace aproximadamente dos años y medio, cuando el Gobierno y sus aliados mediáticos comenzaron a presionar para modificar el statu quo del fútbol. Las denuncias sobre la riqueza personal de Tapia y Toviggino, la existencia de una quinta suntuosa en Pilar a nombre de testaferros o el peritaje judicial en curso para determinar si ingresaron a la AFA todos los fondos provenientes de los contratos internacionales, se convirtieron entonces en el caballo de batalla para desacreditar a una dirigencia que se opone a las reformas estructurales que el poder político busca imponer.
