Lo que en 1966 fue una irrupción militar contra la autonomía universitaria, hoy se replica bajo el ropaje del ajuste fiscal y el desprecio sistémico por la ciencia. A seis décadas del episodio que desencadenó una de las diásporas intelectuales más dolorosas del país, los claustros vuelven a vaciarse, los laboratorios se apagan y una generación entera de investigadores empaca sus libros rumbo al exilio, mientras el gobierno nacional desmantela silenciosamente el andamiaje de la educación superior.
El reloj de la historia parece haber detenido sus manecillas en aquel fatídico 29 de julio, aunque el calendario se empeñe en marcar seis décadas de transcurso. La memoria colectiva, sin embargo, no claudica: aquella noche en que los bastones largos de la policía se abatieron sobre los patios de la Universidad de Buenos Aires no fue un hecho aislado, sino el parteaguas que partió en dos la tradición académica argentina. Sesenta años después, con la democracia como estandarte pero con el presupuesto educativo como rehén, los ecos de aquella represión resuenan con una inquietante actualidad. El gobierno de Javier Milei, desde su llegada a la Casa Rosada, ha tejido una madeja de hostilidades hacia el conocimiento que, aunque no empuña porras ni decreta intervenciones formales, logra el mismo efecto desolador: la estampida de los mejores cerebros hacia horizontes más hospitalarios.
En aquel entonces, la dictadura autodenominada «Revolución Argentina», bajo el mando del general Juan Carlos Onganía, justificó la ocupación militar de las facultades bajo el mantra de la «lucha antisubversiva», un eufemismo que encubría el temor al pensamiento crítico y a la autonomía del saber. La doctrina de la seguridad nacional, caldo de cultivo de la Guerra Fría, encontró en las casas de altos estudios un foco peligroso que debía ser extirpado. Así, cerca de mil cuatrocientos estudiantes, catedráticos y funcionarios universitarios fueron violentamente desalojados de las cinco facultades porteñas, mientras que unos trescientos investigadores de renombre optaron por el destierro voluntario antes que por la sumisión intelectual. Aquella fuga de talento no solo vació aulas y laboratorios, sino que truncó líneas enteras de indagación científica, sumiendo al país en un rezago tecnológico del que costaría décadas recuperarse. El silencio que siguió a los golpes fue el preludio de un empobrecimiento cultural que aún pesa en el imaginario académico.
Hoy, el escenario presenta matices engañosamente distintos, pero el resultado final es idéntico. La motosierra del ajuste fiscal, esgrimida como herramienta quirúrgica contra el déficit, ha mutilado partidas presupuestarias destinadas a universidades y organismos de investigación, entre ellos el Conicet, otrora orgullo nacional. Los jóvenes becarios, que en la década del sesenta huían de la represión física, ahora emprenden la fuga motivados por la precariedad salarial y la ausencia de estímulos; sus maletas se llenan de proyectos truncados y sueños postergados. Las cifras, frías pero elocuentes, dan cuenta de un fenómeno que los especialistas ya denominan «el nuevo éxodo»: desde diciembre de 2023, aproximadamente diez mil docentes han renunciado a sus cátedras en el sistema público universitario, mientras que más de seis mil profesionales con perfiles de alta especialización han abandonado sus puestos en centros de vanguardia. Estas no son meras estadísticas; son biografías que se esfuman, descubrimientos que no se realizarán y generaciones enteras que se formarán bajo otras banderas.
La similitud entre ambas épocas no es superficial, sino estructural. En los sesenta, el pretexto era la geopolítica de bloques; en el presente, la coartada es la ortodoxia económica. Pero en ambos casos subyace una concepción utilitaria y mezquina del saber, percibido como un lujo prescindible y no como un pilar del desarrollo soberano. El gobierno actual, a través de discursos que denigran la «industria de la cultura» y promueven la desregulación del mercado educativo, ha creado un clima de hostilidad sistémica que desalienta cualquier vocación científica. Los rectores y decanos, en conferencias de prensa cargadas de angustia, denuncian que los fondos para mantenimiento edilicio son insuficientes incluso para pagar las facturas de luz, mientras que los sueldos del personal administrativo y docente apenas alcanzan para sobrevivir por encima de la línea de indigencia. Este cerco financiero, aunque no emplea la violencia física de los bastones, logra el mismo cometido: doblegar la voluntad de quienes hacen de la enseñanza y la investigación su razón de vida.
La diferencia crucial, y no menor, reside en que la intervención de Onganía fue un acto explícito de fuerza bruta, mientras que la estrategia actual se disfraza de «racionalización de recursos». Sin embargo, el resultado práctico converge en un punto común: la desintegración del sistema científico-tecnológico. Los especialistas en políticas educativas advierten que el deterioro acumulado en estos dos años de gestión libertaria podría necesitar al menos una década para revertirse, si es que alguna vez se logra. Mientras tanto, las universidades públicas, que fueron el crisol de premios Nobel y pensadores críticos, ven cómo sus claustros se empobrecen no solo en capital económico, sino en capital humano y simbólico. La fuga de talentos ya no es una anécdota histórica, sino una realidad cotidiana que se cristaliza en cada carta de renuncia que llega a las mesas de entrada de las facultades.
La memoria de aquella noche de julio de 1966 no debe ser un ejercicio nostálgico, sino una brújula ética para el presente. Los bastones largos de entonces han sido reemplazados por la letra pequeña de los decretos de necesidad y urgencia, y las porras policiales por los gráficos de ajuste fiscal. Pero el objetivo persiste: vaciar de contenido crítico a las instituciones educativas, transformarlas en apéndices dóciles del poder o, en el peor de los casos, dejarlas morir por inanición presupuestaria. Los rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional, han alzado la voz en repetidas ocasiones, pero sus reclamos parecen estrellarse contra un muro de indiferencia oficial. La sociedad, por su parte, asiste con perplejidad a un desmantelamiento que muchos consideran irreversible, aunque aún persisten focos de resistencia en asambleas estudiantiles y gremios docentes que se niegan a aceptar la claudicación.
A sesenta años del golpe de Onganía, la historia no se repite como farsa, sino como tragedia camuflada. La diferencia generacional entre aquellos que vivieron la represión con sus cuerpos y los que hoy sufren el acoso financiero es solo aparente; ambos comparten la angustia de ver desmoronarse un proyecto de país cimentado en el conocimiento. Los nombres de los científicos exiliados en los años sesenta —Federico Leloir, César Milstein, entre otros— resuenan hoy en las voces de jóvenes investigadores que preparan sus valijas hacia Alemania, Estados Unidos o España, donde sus capacidades son valoradas y remuneradas dignamente. Este continuo goteo de talento no es solo una pérdida técnica, sino una hemorragia de soberanía, porque un país que no invierte en sus propios pensadores está condenado a repetir los errores del pasado, ya sea bajo el mando de un general o de un economista liberal.
El paralelismo entre ambas épocas se vuelve más nítido cuando se observa el discurso oficial. En los sesenta, la propaganda militar tildaba a los universitarios de «subversivos»; hoy, desde los balcones del poder, se los acusa de «privilegiados» o de formar parte de una «casta» parasitaria. El estigma cambia de nombre, pero cumple la misma función desmovilizadora: deslegitimar al intelectual como actor social y reducir su labor a una mercancía más en el libre mercado de ideas. Esta ofensiva semántica, acompañada de recortes tangibles, configura un escenario donde la vocación científica se vuelve un lujo que pocos pueden darse el gusto de ejercer en el país natal. Los premios y reconocimientos internacionales que alguna vez engrosaron el orgullo patrio ahora son solo recuerdos de una edad dorada que parece desvanecerse en el horizonte.
En este contexto, la efeméride del 29 de julio adquiere una densidad particular. No se trata de conmemorar por conmemorar, sino de establecer un puente crítico entre dos momentos históricos que, aunque separados por seis décadas, dialogan en un mismo idioma de hostilidad hacia lo público y lo colectivo. Los sobrevivientes de aquella noche, hoy nonagenarios, observan con estupor cómo sus nietos intelectuales padecen un destierro silencioso pero igual de devastador. Algunos de ellos han alzado su voz en entrevistas y documentos, advirtiendo que el país está cavando su propia tumba académica. Pero sus advertencias, como las de Casandra, parecen no encontrar eco en los pasillos del poder, donde prima la lógica cortoplacista del ajuste por encima de la visión estratégica de la inversión en capital humano.
La universidad pública argentina, que fue faro en América Latina por su gratuidad, su excelencia y su compromiso social, se encuentra hoy en un estado de asfixia programada. Los fondos para becas de posgrado, esenciales para formar nuevas generaciones de científicos, han sufrido una merma drástica, mientras que los convenios internacionales de cooperación se cancelan uno tras otro por falta de contrapartidas locales. Este aislamiento científico, sumado al éxodo masivo, configura una tormenta perfecta que amenaza con dejar al país fuera de la frontera del conocimiento en las próximas décadas. Mientras tanto, las potencias regionales como Brasil o México avanzan en sus sistemas de innovación, atrayendo a los talentos que aquí se expulsan con una mezcla de indiferencia y desprecio.
A seis décadas de los bastones largos, la historia no se repite en sus formas pero sí en su esencia. La intervención de antaño y el ajuste de hoy son dos caras de la misma moneda de la subordinación del saber al poder. La diferencia, quizás la más trágica, es que la democracia debería ser el escudo natural contra estos embates, pero el gobierno actual ha demostrado que se puede erosionar el sistema educativo sin necesidad de decretar un estado de excepción. La ciudadanía, distraída por otras urgencias, asiste a este desmantelamiento con una pasividad que preocupa a los historiadores y sociólogos, quienes temen que, cuando la alarma suene con suficiente fuerza, ya sea demasiado tarde para revertir el daño.
En las calles, sin embargo, aún se escuchan murmullos de resistencia. Estudiantes y docentes se organizan en asambleas, diseñan estrategias de visibilización y recurren a la justicia para frenar lo que consideran un plan sistemático de destrucción. Pero estos actos de rebeldía, aunque valiosos, chocan contra la inercia de un Estado que parece haber declarado la guerra al pensamiento. La pregunta que flota en el ambiente, cargada de angustia y esperanza a la vez, es si la sociedad argentina aprenderá la lección que la historia le ha dictado en tres ciclos de autoritarismo y democracia frágil. El 29 de julio de 1966 fue una advertencia; el 29 de julio de 2026, si las tendencias persisten, podría convertirse en un epitafio. Pero aún hay tiempo, aunque los relojes no se detengan, para reorientar el rumbo y demostrar que la memoria no es un lujo, sino un deber ineludible para quienes creen que otro país es posible, uno donde los bastones sean reemplazados por pizarras y los ajustes por inversiones en el futuro.
