El aumento de los préstamos, impulsado como uno de los pilares para reactivar el consumo durante 2025, comienza a exhibir señales de agotamiento. La creciente incapacidad de miles de hogares para cumplir con sus compromisos financieros, el deterioro del poder adquisitivo y las elevadas tasas de interés configuran un escenario preocupante, con los jóvenes y las provincias del Norte Grande y Cuyo entre los sectores más afectados.
Durante los últimos meses, distintos informes económicos vienen advirtiendo sobre un fenómeno que se profundiza de manera sostenida: el creciente endeudamiento de las familias argentinas y el incremento de la morosidad en el sistema financiero. Lo que inicialmente fue presentado por el Gobierno como una estrategia para dinamizar el consumo interno mediante una fuerte expansión del crédito, hoy comienza a mostrar sus límites frente a una realidad marcada por ingresos insuficientes, inflación acumulada sobre bienes y servicios esenciales y un elevado costo del financiamiento.
A lo largo de 2025, la disponibilidad de préstamos personales, tarjetas de crédito y diversas alternativas de financiamiento permitió sostener parcialmente el consumo de millones de hogares. Las promociones comerciales, los planes de cuotas y el acceso cada vez más sencillo al crédito actuaron como herramientas para mantener la actividad económica en un contexto de salarios que no lograban recuperar completamente el terreno perdido. Sin embargo, esa recuperación del consumo estuvo sostenida sobre una base frágil: la capacidad de pago de las familias comenzó a deteriorarse a un ritmo más acelerado que el crecimiento del financiamiento, generando un aumento constante en los niveles de incumplimiento.
Los especialistas coinciden en que la problemática ya no se explica únicamente por un mayor número de personas endeudadas, sino por la naturaleza de esas obligaciones financieras. Uno de los aspectos más significativos del informe es que la mitad de las líneas de crédito consideradas «irrecuperables» corresponde a deudas iguales o inferiores a los 309 mil pesos, mientras que el monto promedio adeudado por esos clientes resulta 53,7 por ciento menor al registrado entre quienes mantienen sus pagos al día.
Esta información modifica el diagnóstico tradicional sobre el sobreendeudamiento. En lugar de grandes préstamos destinados a la compra de viviendas, automóviles o bienes de largo plazo, la mayor parte de las deudas impagas corresponde a pequeños créditos utilizados para afrontar gastos cotidianos. La realidad revela que numerosas familias recurrieron al financiamiento para realizar compras en supermercados, afrontar reparaciones del hogar, abonar facturas de servicios públicos o cubrir necesidades básicas que los ingresos mensuales ya no alcanzaban a solventar.
De esta manera, el crédito dejó de cumplir el papel de anticipar futuras inversiones o mejorar el nivel de vida para convertirse en un mecanismo destinado simplemente a cubrir déficits de liquidez. Cuando los vencimientos comienzan a acumularse y los salarios no alcanzan para cancelarlos, el endeudamiento deja de ser una herramienta de crecimiento y pasa a transformarse en un factor que agrava la vulnerabilidad económica de los hogares.
El informe también advierte que la evolución de los ingresos constituye uno de los principales factores detrás del incremento de la mora. Según el relevamiento, el salario real del sector privado registrado interrumpió su recuperación durante el año pasado y actualmente se ubica 5,3 por ciento por debajo de los niveles de 2023. En el sector público, el retroceso resulta todavía más profundo y alcanza aproximadamente el 21 por ciento respecto del promedio registrado ese mismo año.
La situación se vuelve aún más compleja cuando se incorporan los aumentos acumulados en tarifas de electricidad, gas, agua, transporte y otros servicios esenciales, que reducen considerablemente el ingreso disponible de las familias. En ese contexto, los analistas sostienen que la capacidad de pago difícilmente pueda mejorar mientras los salarios continúen perdiendo poder adquisitivo.
El documento además vincula este escenario con distintas decisiones de política económica implementadas durante los últimos años. Entre ellas menciona el fuerte ajuste aplicado sobre los salarios del sector público, el criterio oficial de limitar las homologaciones de acuerdos paritarios por encima de la inflación y el deterioro del salario mínimo, que continúa perdiendo capacidad como referencia para el conjunto del mercado laboral.
A este panorama se suma otro factor determinante: el elevado costo del dinero. Si bien el Banco Central avanzó durante el año con cierta flexibilización de la política monetaria, las tasas que enfrentan los consumidores permanecen en niveles muy elevados. Los préstamos personales otorgados por entidades bancarias reguladas alcanzan tasas nominales anuales cercanas al 112 por ciento, mientras que el Costo Financiero Total supera ampliamente el ciento por ciento.
La situación resulta todavía más onerosa fuera del sistema bancario tradicional. En numerosas billeteras virtuales el costo financiero puede escalar hasta el 400 por ciento anual, mientras que en algunas entidades financieras privadas llega incluso al 600 por ciento, cifras que dificultan enormemente la posibilidad de cancelar las obligaciones asumidas.
Los especialistas remarcan que, en muchos casos, las tasas actuales incluso superan las registradas durante la gestión de Mauricio Macri. Además, advierten que la elevada morosidad termina alimentando un círculo vicioso: cuanto mayor es el incumplimiento de los deudores, mayor es el riesgo para las entidades financieras, lo que dificulta cualquier reducción significativa en el costo del crédito y termina encareciendo aún más el acceso al financiamiento.
Uno de los datos que más preocupa es el fuerte impacto que esta situación tiene sobre la población joven. El 24 por ciento de las personas de entre 15 y 29 años mantiene al menos una línea de crédito con más de un año de atraso, mientras que la cantidad de deudores considerados «irrecuperables» dentro de ese grupo aumentó 87 por ciento en apenas doce meses, el mayor incremento registrado entre todas las franjas etarias.
La explicación se encuentra, en gran medida, en las condiciones laborales de este segmento. Los trabajadores más jóvenes presentan mayores niveles de informalidad, salarios iniciales considerablemente más bajos y una mayor inestabilidad en el empleo. Al mismo tiempo, son quienes utilizan con mayor frecuencia aplicaciones digitales de préstamos inmediatos, billeteras virtuales y plataformas de financiamiento que crecieron de manera acelerada en los últimos años.
En el extremo opuesto aparecen los adultos mayores de 75 años, donde el porcentaje de deudores catalogados como irrecuperables desciende al 9,8 por ciento, muy por debajo del promedio nacional.
El informe también detecta un marcado deterioro entre quienes mantienen obligaciones exclusivamente con entidades financieras no bancarias. En ese segmento ya existen más de 1,5 millones de deudores considerados irrecuperables, luego de incorporarse más de 838 mil personas en apenas un año. Allí, cuatro de cada diez clientes presentan algún grado de mora, reflejando la creciente dependencia de mecanismos alternativos de financiamiento.
Otra señal que preocupa a los analistas es el incremento de personas que mantienen deudas simultáneamente con bancos tradicionales y entidades no bancarias. Para los especialistas, este comportamiento evidencia que numerosas familias agotaron primero las opciones de crédito convencionales y posteriormente recurrieron a nuevos canales de financiamiento para sostener sus gastos cotidianos, incrementando aún más su exposición al endeudamiento.
Las diferencias regionales también muestran un mapa de creciente preocupación. Las provincias de Cuyo y del Norte Grande concentran actualmente la mayor proporción de deudores irrecuperables del país. San Juan encabeza el ranking nacional, donde el 23,8 por ciento de los deudores presenta atrasos superiores a un año, mientras que el promedio regional ronda el 20 por ciento, claramente por encima del 17,2 por ciento registrado a nivel nacional.
No obstante, el mayor ritmo de deterioro se produjo en otras jurisdicciones. Neuquén, Chubut, Chaco y Santa Fe experimentaron durante el último año aumentos superiores a doce puntos porcentuales en la participación de deudores considerados irrecuperables, una evolución que refleja la rápida expansión de las dificultades financieras en distintas regiones del país.
Los datos reflejan que el crédito permitió sostener temporalmente parte del consumo privado, pero también dejan en evidencia que el financiamiento encuentra un límite cuando no está acompañado por una recuperación consistente de los salarios, el empleo y el poder adquisitivo. En ese escenario, la deuda deja de representar una herramienta para impulsar el consumo futuro y se transforma en un indicador cada vez más visible de las dificultades económicas que enfrentan millones de familias argentinas en el presente.
