Una carta impulsada por referentes de la comunidad científica argentina y respaldada por 24 galardonados con el Premio Nobel expresa una fuerte preocupación por el deterioro del sistema nacional de Ciencia y Tecnología. El documento denuncia recortes presupuestarios, despidos, pérdida de capacidades estratégicas y advierte sobre las consecuencias de un proceso que, según sostienen, pone en riesgo décadas de desarrollo científico.
La preocupación por el presente de la ciencia argentina volvió a ocupar un lugar central en la escena internacional. Un grupo de 24 premios Nobel, junto con reconocidos investigadores y personalidades de la comunidad científica mundial, difundió una carta pública en la que solicita al Gobierno del presidente Javier Milei que detenga el proceso de reducción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y garantice la continuidad de las instituciones que conforman uno de los principales motores del desarrollo científico del país.
El documento, que continúa incorporando adhesiones de especialistas de distintos países, plantea una severa crítica a las políticas implementadas desde el inicio de la actual administración. Los firmantes sostienen que la situación del sector alcanzó «niveles impensados» debido a la combinación de recortes presupuestarios, falta de previsibilidad y ausencia de políticas que aseguren la continuidad de las investigaciones. En ese contexto, remarcan que las consecuencias ya son visibles y recuerdan que, desde la asunción del actual Gobierno, se pierden en promedio casi ocho puestos de trabajo por día en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología, un fenómeno que consideran alarmante por el impacto que genera sobre recursos humanos altamente calificados.
Entre quienes respaldan la iniciativa figuran algunas de las máximas referencias de la ciencia mundial. La nómina incluye al Nobel de Medicina Paul Nurse, actual presidente de la Royal Society de Londres, una de las instituciones científicas más prestigiosas del planeta, además de científicos distinguidos como Phillip A. Sharp, Richard Roberts, H. Robert Horvitz, Andrew Fire, Victor Ambros, Steven Chu, Barry Marshall, Craig Mello, May-Britt Moser, Ferenc Krausz, Roger Kornberg, Michael Rosbash, Françoise Barré-Sinoussi y Aaron Ciechanover, entre otros reconocidos investigadores que decidieron respaldar el reclamo.
La carta también manifiesta una profunda inquietud por los recientes episodios registrados en organismos científicos nacionales. Los firmantes expresan su consternación ante la presencia de fuerzas de seguridad en distintos institutos de investigación y describen esas intervenciones como hechos que evocan una «nueva Noche de los Bastones Largos», en alusión al emblemático episodio de represión contra la comunidad universitaria ocurrido en 1966.
El pronunciamiento fue promovido por el biólogo molecular e investigador Alberto Kornblihtt y por la física, investigadora y diputada nacional Adriana Serquis, quienes impulsaron la iniciativa como una forma de alertar a la comunidad internacional sobre el escenario que atraviesa el sistema científico argentino. En el texto se cuestionan especialmente los despidos, las medidas de ajuste y los operativos desarrollados en dependencias de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Respecto de la CNEA, los científicos advierten que el organismo volverá a experimentar una reducción de su estructura tras la entrada en vigencia del Decreto 655/2026, publicado el pasado 24 de julio, situación que consideran perjudicial para un área estratégica vinculada al desarrollo nuclear argentino.
La preocupación expresada en la misiva se extiende además a otros organismos considerados fundamentales para la investigación y la innovación. Los firmantes manifestaron su solidaridad con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), cuya situación describen como especialmente delicada debido al congelamiento de estipendios durante más de dos años y a la interrupción de prestaciones esenciales como la cobertura de su obra social.
Asimismo, el documento pone el foco en el proceso de reducción de diversas instituciones estatales vinculadas con la salud, el ambiente, la producción y el desarrollo tecnológico. Entre ellas menciona a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Administración de Parques Nacionales, organismos cuya capacidad operativa, sostienen, resulta indispensable para el funcionamiento del Estado y para la generación de conocimiento aplicado.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación entre los investigadores es la incertidumbre que atraviesan 379 científicos seleccionados para incorporarse a la Carrera del Investigador del Conicet, cuyo ingreso permanece paralizado. La suspensión también alcanza al personal de apoyo, lo que, según advierten, compromete la renovación generacional y amenaza con profundizar la emigración de profesionales altamente capacitados hacia otros países.
La carta dedica un apartado especial a destacar el prestigio internacional alcanzado por la ciencia argentina y el aporte que sus investigadores realizaron durante décadas al conocimiento global. Los firmantes recuerdan que numerosos descubrimientos desarrollados en el país permitieron avanzar en el estudio y tratamiento de enfermedades complejas, impulsar innovaciones en biotecnología y producción agroalimentaria —como el desarrollo de trigo resistente a la sequía—, realizar contribuciones relevantes en genética, física de partículas y geología, además de generar conocimientos fundamentales sobre la formación de la cordillera de los Andes.
El documento también resalta que Argentina integra el reducido grupo de naciones con capacidad propia para desarrollar tecnología satelital y una industria nuclear de alto nivel, logros que consideran estratégicos no solo para el crecimiento económico, sino también para la soberanía tecnológica. Del mismo modo, pone en valor el trabajo realizado desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, áreas que —afirman— han contribuido históricamente al diseño de políticas públicas y al fortalecimiento institucional del país.
Hacia el cierre, la declaración formula un enérgico llamado para preservar las capacidades científicas construidas durante décadas y garantizar condiciones que permitan sostener el funcionamiento del sistema nacional de investigación. Los firmantes advierten que, de persistir el actual escenario, Argentina corre el riesgo de perder un entramado científico que demandó muchos años de inversión, formación y desarrollo, con consecuencias que no solo afectarían al país, sino también a la comunidad internacional, beneficiaria de numerosos avances generados por científicos argentinos.
Además del respaldo de los 24 premios Nobel, la iniciativa cuenta con la adhesión de destacados referentes de la ciencia nacional, entre ellos Andrea Gamarnik, Raquel Chan, Víctor Ramos, Martín Crespi, Ana Belén Elgoyhen, Diego Golombek, Juan Pablo Radicella, Nora Bär, Galo Soler Illia, Roberto Salvarezza, Ana Franchi, Mario Pecheny, Alberto Baruj y Daniel Filmus, entre otros investigadores y especialistas que respaldaron el reclamo en defensa del sistema científico argentino.
