En los últimos treinta meses, la administración libertaria ya ha concretado la subasta de 32 propiedades nacionales, acumulando una recaudación superior a los 351 millones de dólares. Sin embargo, el plan oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es mucho más ambicioso: proyecta desprenderse de más de 400 activos para 2028. La ofensiva alcanza a joyas inmobiliarias en Palermo, sitios de soberanía en Tierra del Fuego, extensos campos del INTA e incluso las tradicionales unidades turísticas, en un proceso que ha desatado un fuerte rechazo institucional y jurídico por presuntas inconstitucionalidades.
El afán privatizador del Gobierno nacional ha trascendido las fronteras del campo y los latifundios rurales para instalarse con ferocidad en el corazón de las ciudades y en los enclaves más sensibles para la soberanía nacional. Mientras el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso la derogación de las leyes que restringen la propiedad extranjera de tierras, el equipo de la Casa Rosada ha puesto en marcha una maquinaria de remates de bienes estatales que avanza sin pausa y con un objetivo claro: hacer caja a cualquier costo, aunque ello implique desprenderse de activos históricos que pertenecen a todos los argentinos.
De acuerdo con la información recabada por este medio, durante los últimos dos años y medio ya se han subastado 32 terrenos y edificios pertenecientes al dominio público, con una especial concentración de operaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el inventario de bienes a liquidar no se detiene en los límites porteños. El plan trazado desde la AABE, manejada por funcionarios de estrecha vinculación con el magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, apunta a deshacerse de más de 400 propiedades para el año 2028. En esa lista extensa, que se extiende desde la provincia de Jujuy hasta el archipiélago de Tierra del Fuego, se encuentran algunas de las denominadas «joyas de la abuela» del patrimonio fiscal: el estratégico predio de cuatro hectáreas que el Ejército poseía frente al Hipódromo de Palermo y la emblemática sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicada en la calle Cerviño, ambos en el exclusivo barrio porteño. No obstante, la nómina también incluye activos menos mediáticos pero de igual o mayor relevancia, como un lote de la Armada en la ciudad de Ushuaia que forma parte de la Base Naval, puerta de entrada argentina al continente blanco y al Atlántico Sur.
Las fuerzas armadas y el INTA en el centro del huracán inmobiliario
Los organismos más castigados por este vendaval de ventas son las Fuerzas Armadas, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y el propio INTA. Estas instituciones sufren la mayor presión para desafectar miles de hectáreas que tradicionalmente cumplían funciones operativas, científicas o de resguardo territorial. El apetito del mercado no se limita a los grandes predios; también acecha sobre programas sociales y turísticos como el Procrear y las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse Río Tercero, que ya han sido vaciadas de visitantes y cuya suerte parece sellada hacia la concesión o venta definitiva.
Según confiaron fuentes oficiales a este diario, la liquidación de los primeros 32 inmuebles le reportó al fisco una cifra cercana a los 351 millones de dólares. Los remates más jugosos fueron, precisamente, las dos parcelas palermitanas. El terreno del Ejército fue adquirido por Eduardo Costantini, el conocido desarrollador de Nordelta, quien desembolsó 127 millones de dólares por ese lote y sumó otra compra por 46,5 millones de dólares por un edificio de la Federal en el Bajo Belgrano. Por su parte, el edificio del INTA fue adjudicado al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6, entidad que el sector vincula a la influyente familia Brito, por un monto de 81 millones de dólares. Estos números millonarios desmienten de manera contundente el argumento oficial que califica a estos bienes como «ociosos» o generadores de «costos innecesarios». Lejos de ser lastres económicos, los valores de mercado reflejan su altísimo potencial y su carácter estratégico.
La propia lógica de la operación financiera revela grietas en el relato oficial. Mientras desde la AABE se sostiene que los dólares frescos ingresados por las subastas se utilizan para «auxiliar» económicamente a los ministerios o entidades de origen, la realidad del INTA echa por tierra esa promesa. De los 81 millones de dólares obtenidos por la sede de Cerviño, al instituto de investigación agropecuaria le fue transferido menos del diez por ciento del total, apenas 11 mil millones de pesos, mientras que el resto del producido fue absorbido directamente por las arcas del Tesoro Nacional, según reconoció el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su última presentación ante el Congreso.
Un plan con sello de decreto y un manto de dudas constitucionales
Esta política de desprendimiento masivo no es novedosa en su esencia, sino que representa una continuidad y profundización del proceso iniciado durante el tramo final de la gestión de Mauricio Macri. Al igual que aquella experiencia, el plan actual se implementa por la vía de la excepción, a través de decretos de necesidad y urgencia. En este caso, la herramienta utilizada es el DNU 950/2024, que no solo reactivó la venta de 157 terrenos que habían quedado en la nebulosa durante la administración anterior, sino que sumó otros 300 nuevos inmuebles a la lista de ejecución. A este compendio normativo se añadió recientemente el DNU 322/2026, que agrega 21 propiedades más al tintero de la liquidación.
Sin embargo, este andamiaje jurídico ha despertado serias alarmas entre constitucionalistas y organizaciones sociales. Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, calificó ambos decretos como inconstitucionales. En una disertación con este diario, el letrado explicó que la enajenación de tierras nacionales no es una potestad discrecional del Presidente. El artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional, establece de manera explícita que corresponde al Congreso de la Nación «disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional». En consecuencia, el Poder Ejecutivo está usurpando por decreto una competencia que la Carta Magna reservó al órgano legislativo. El abogado añadió que el discurso de la «ociosidad» se desmorona por su propio peso al contrastarlo con las cifras reales, ya que un terreno por el que el mercado paga 127 millones de dólares difícilmente pueda ser definido como un bien inactivo. «La ociosidad no es una condición inherente al inmueble; es el resultado de una decisión política previa de desafectarlo para luego invocar esa misma inacción como excusa para el remate», sentenció Baldiviezo, advirtiendo que se está financiando un ejercicio fiscal con una pérdida patrimonial que ninguna administración futura podrá revertir.
Un informe elaborado por la organización Argentina Humana aporta un panorama desolador sobre las características de las tierras enajenadas. El documento revela que el primer decreto de 2024 se concentra principalmente en predios de origen ferroviario, que representan el 29,8 por ciento de los casos, y militar, que ocupan el 24,6 por ciento, aunque estos últimos constituyen la casi totalidad de la superficie afectada, con un aplastante 98,7 por ciento. Si bien la mayoría de los inmuebles se encuentran en entornos urbanos, el 97,2 por ciento de la superficie total está compuesta por tierras rurales. Un dato que agrava la situación es que el grueso de estos terrenos no se encuentra inactivo: apenas el 29,9 por ciento está sin uso. La gran mayoría posee algún tipo de utilización concreta, ya sea para acopio de granos, actividad agropecuaria, espacios verdes, generación eléctrica, logística portuaria, operación ferroviaria, comercios, oficinas o viviendas. Además, casi el 20 por ciento de los predios ya está concesionado a privados, lo que añade un velo de opacidad a la transferencia de activos públicos a manos particulares.
La sangría en las Fuerzas Armadas y el riesgo para la soberanía en el Atlántico Sur
Quizás el capítulo más escandaloso de esta ofensiva privatizadora sea el que afecta al Ministerio de Defensa. En una nueva contradicción, el Gobierno justifica el DNU 314/2026 bajo el pretexto de «modernizar» a las fuerzas armadas, habilitando la enajenación de sus terrenos para obtener recursos. Sin embargo, la misma administración que mantiene los sueldos de los oficiales congelados, reduce los horarios de las unidades para ahorrar en gastos de comida y recurre a trueques para conseguir insumos básicos como inodoros, ahora pretende hacer creer que la venta de tierras militares servirá para equipar a la defensa nacional. La normativa establece que el 70 por ciento de lo recaudado por estas ventas pasará a la cartera de Defensa, pero la falta de transparencia y control sobre estos fondos es absoluta.
Para dimensionar la magnitud de la pérdida, basta con señalar que solo en los primeros seis meses del año en curso se desafectaron más de 12.000 hectáreas del Ejército y la Armada en provincias clave como Neuquén, Buenos Aires, Corrientes y Tierra del Fuego. El caso paradigmático es el de un terreno de la Armada en Ushuaia, una franja de casi 3000 metros cuadrados ubicada en el corazón de la Base Naval, que el Gobierno avanza en entregar al mercado. En un contexto de creciente tensión geopolítica, donde los recursos naturales y las rutas marítimas se han vuelto moneda de cambio en el tablero internacional, la administración de Milei pretende desprenderse de un área vital para el acceso al Atlántico Sur, la Antártida y el estratégico pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico.
El exministro de Defensa y actual diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, calificó esta decisión como un atentado contra la soberanía nacional. Rossi subrayó que esas tierras, por su ubicación privilegiada en las cercanías del Estrecho de Magallanes, no son meros inmuebles, sino activos estratégicos que garantizan la presencia argentina en una zona reclamada por potencias extranjeras. Además, el legislador advirtió que muchos de los campos militares que hoy se venden o se pretende vender cumplen funciones operativas esenciales, como lugares de adiestramiento y entrenamiento, por lo que la mirada sobre la defensa debe ser mucho más amplia que la mera cuestión fiscal. Desde el Estado Mayor Conjunto, incluso, se desconoce el listado total de los inmuebles desafectados y el destino final de los fondos recaudados, lo que evidencia un hermetismo peligroso en el manejo de la cosa pública.
Otras operaciones resonantes incluyen la venta del estacionamiento del Barrio Militar Malvinas Argentinas, también en Palermo, por 15,3 millones de dólares a Eduardo Costantini, y el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero, subastado por 34 millones de dólares. Esta última operación ya se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) debido a una denuncia por presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisión de deberes de funcionario público.
Ante este escenario, la oposición en el Congreso ha reaccionado con dureza. Los diputados y diputadas de Unión por la Patria presentaron un proyecto para prohibir la venta o cesión de inmuebles de las Fuerzas Armadas sin autorización legislativa y exigieron explicaciones al ministro Carlos Presti. También aluden a un memorándum del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) que revela que más de 40 inmuebles en todo el país, incluyendo hoteles, centros recreativos, farmacias y delegaciones en provincias turísticas como Mar del Plata, Cosquín y Villa General Belgrano, serán desafectados, eliminando beneficios sociales históricos para el personal militar y sus familias.
La liquidación del INTA y la amenaza a la soberanía alimentaria
El INTA es otro de los gigantes que el Gobierno busca reducir a su mínima expresión. Con alrededor de 100 mil hectáreas distribuidas en todo el territorio nacional, la entidad se ha convertido en un blanco predilecto de la AABE. La venta del emblemático edificio de Cerviño fue solo el primer movimiento. Actualmente, hay 11.400 hectáreas del INTA que ya han sido entregadas a la agencia de bienes del Estado en provincias como Chaco, Formosa, Río Negro y Santiago del Estero. En Salta, la Rosada incluso cedió un terreno al gobernador aliado Gustavo Sáenz para la construcción de viviendas sociales. El propio presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, confirmó la intención de poner en venta 50 mil hectáreas, argumentando que solo la mitad de las tierras del instituto tienen un «real uso científico o tecnológico». Esta declaración fue recibida con estupor por la comunidad científica y los gremios del sector, que alertan sobre la paralización de la investigación y el desarrollo de tecnologías que agregan valor a la producción regional. Desde Apinta y ATE advierten que la entrega incesante de tierras patrimonio del INTA atenta contra la soberanía tecnológica y alimentaria del país, ya que implica perder décadas de experimentación y mejoramiento genético en campos que son insustituibles.
El desguace de programas sociales y el futuro de las unidades turísticas
El Procrear, que ya había sido desfinanciado, también vio cómo sus tierras pasaron a engrosar la lista de remates, aunque hasta el momento las subastas de los predios «Estación Buenos Aires», «Parque Federal» y «Paraná» han sido declaradas fracasadas por falta de oferentes que alcanzaran los precios mínimos. Esto, según los especialistas, podría ser una estrategia para rebajar los valores y facilitar la venta posterior. Paralelamente, las tradicionales unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse Río Tercero enfrentan un destino incierto. Mientras la provincia de Buenos Aires reclama el traspaso de Chapadmalal, el predio de Embalse, de tres hectáreas en un entorno de bosques y ríos, ya está anunciado para subasta en mayo con un precio base de 40 millones de dólares. El paso previo a esta venta fue el vaciamiento total de su capacidad turística: de recibir a 84 mil visitantes en 2023, este año no se registró ni un solo huésped en sus instalaciones, confirmando la estrategia de la administración libertaria de erosionar la función social de los activos públicos antes de desprenderse de ellos.
